Persecución a mujeres políticas en América Latina

Por Lídice Valenzuela

Las mujeres que en América Latina defienden los derechos de sus pueblos,  desde distintos niveles de dirección, sufren la persecución política de las oligarquías locales, y los dos últimos años constituyen pruebas irrefutables del feminicidio político en Centro y Suramérica.

Es muy posible que jamás se conozca la cifra exacta de las féminas asesinadas en estas regiones, pero solo en Honduras, en el 2015 y lo que va de este año, cayeron más de cuatro mil luchadoras en medio de la absoluta impunidad oficial.

¿Cuántas de ellas defendían el derecho a la tierra y/o al medio ambiente? Es difícil de conocer, puesto que muchas de esas acciones violentas ocurrieron en lugares alejados de las grandes ciudades. Ellas aparecen en basureros, al lado de las carreteras, internadas en las montañas. Los números conocidos se refieren a aquellas cuyos familiares reclaman los cuerpos y por miedo a la represión evitan denunciar las circunstancias del fallecimiento.

Pero hay situaciones imposibles de esconder, por tratarse de mujeres conocidas, tanto en sus naciones como internacionalmente, al ser conductoras de procesos revolucionarios en Suramérica, o dirigir organizaciones sociales de distinta índole.

Este año, dos presidentas —Cristina Fernández, de Argentina, y Dilma Rousseff, de Brasil— fueron atacadas a fondo por las fuerzas reaccionarias que tratan de recolonizar el subcontinente por distintos medios, y sobretodo evitar que esas féminas puedan retornar a los gobiernos en futuras elecciones.

Fernández, que gobernó ocho años consecutivos hasta el 2015, precediendo a su esposo Néstor Kirchner, es víctima de la persecución política del gobierno del derechista Mauricio Macri, quien en su primer año en la Casa Rosada desató una vuelta al neoliberalismo sin cumplir alguna de sus proyecciones electorales en el área económica.

Para esta mujer, de probada valentía política, los agentes represores de Macri intensificaron este año una campaña de persecución y difamación, que incluye acusaciones por supuestos delitos económicos cometidos por ella en su gestión, e incluso contra negocios familiares.

“Se trata de que el presidente lidera un partido judicial”, escribió la exmandataria en su cuenta Twiter, en la que también denunció que la Justicia ordenó una docena de allanamientos en sus propiedades de la provincia sureña de Santa Cruz y colocó cámaras para vigilarla en su residencia bonaerense.

Para Fernández, quien fue llamada a declarar arropada por centenares de ciudadanos que la apoyaron, “el objetivo de la Justicia, del gobierno de Macri y los medios de comunicación es “instalar en la opinión pública que el anterior Gobierno durante los 12 años y medio de gestión tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada”.

Pero la exmandataria cuenta con millones de seguidores peronistas y denunció las marañas judiciales del clan Macri, encabezadas por el juez federal Claudio Bonadio, que la envolvió en dos causas: supuesto delito de enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos, así como la venta de dólares a futuro a instancias del Banco Central del país.

Cerca de Argentina, en Brasil, ocurrió hace menos de un mes una de las acciones más vergonzosas de la política de esa gigantesca nación, cuando después de iniciarse un proceso parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, la derecha logró que fuera destituida de manera definitiva, sin que hubiese una sola prueba comprobada en su contra.

Nunca antes el Congreso Nacional de Brasil vivió jornadas de tamaña desvergüenza al continuar el juicio político contra viento y marea, a pesar de que jamás se verificó alguna de las acusaciones contra Rousseff, uno de los pilares del Partido de los Trabajadores (PT) contra el cual hay también una campaña de desprestigio por parte de la media conservadora.

En Brasil, como en Argentina, los políticos de derecha están atemorizados por la posibilidad de que estas expresidentas puedan retornar, o los partidos que lideran, a conducir las voluntades nacionales mediante el voto en las urnas, experiencia incapaz de ser vencida por los actuales gobernantes.

“Esa mujer es una desquiciada”, contestó de manera airada Macri ante una pregunta televisiva sobre Hebe de Bonafini, la heroica lideresa de las Madres de la Plaza de Mayo, acusada a sus 87 años de supuesto fraude al Estado. Bonafini fue mandada a detener, pero el apoyo de millares de bonaerenses hizo reflexionar al juez y derogó la orden.

Bonafini, quien preside la organización que cada jueves sale a la Plaza de Mayo hace más de 29 años —frente a la sede gubernamental Casa Rosada— en reclamo de los restos de sus hijos desaparecidos durante el régimen militar, se negó a declarar en una audiencia convocada por el juez federal Marcelo Martínez. Ante la decidida postura de la anciana, el letrado tuvo que ir al local de la organización, donde estaba rodeada de sus seguidores.

“No tengo miedo a ir presa”, aseguró la combatiente, quien se negó a brindar explicaciones sobre la acusación, pues todo el dinero fue gastado en la construcción de viviendas populares. “Los jueces, indicó, no son la justica. Ellos responden al poder de turno”.

El exdirector del club de fútbol Boca Juniors y exgobernador de Buenos Aires tiene también el triste doblón de que la primera presa política de su régimen es la luchadora social Milagro Sala, a la que trata de desprestigiar por un supuesto manejo de fondos a su favor de la organización barrial Tupac Amaru, señalada —pero no acusada formalmente— por presuntos desvíos de fondos entregados por la administración de Fernández para mejorar la situación de los pobres.

Sala residente en la provincia de Jujuy es integrante de la Central de Trabajadores Argentinos y diputada al Parlamento Suramericano (Parlasur), está presa en el penal de Alto Comedero por un presunto acto de venganza de la administración derechista del gobernador local Gerardo Rubén Morales, quien, paradójicamente, fue denunciado por blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito por dirigentes indigenistas jujeños.

Dirigente de una cooperativa promotora de viviendas, la prisionera, cuyo esposo también fue detenido, cometió el crimen de construir dos escuelas rurales y un grupo de viviendas. Ahora, según Morales, se apropió de una parte de los fondos, mientras la prensa de Jujuy y del país silencia el caso.

Peor suerte tuvo la activista por la defensa del medio ambiente Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras y líder de la comunidad indígena lenca, quien fue asesinada mientras dormía el pasado 3 de marzo en su casa, dos semanas después de enfrentarse a las autoridades locales para evitar la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca, en el río Gualcarque.

Ganadora en el 2015 del premio Goldman, conocido como el Nobel del Medio Ambiente, la luchadora forma parte de las 4018 féminas asesinadas entre 2014 y 2015 en su país. El 96 % de estos crímenes continúa en absoluta impunidad.

Días antes del ataque, Cáceres había denunciado los asesinatos de los dirigentes lencas Moisés Durón Sánchez, William Jacobo Rodríguez, Maycol Rodríguez y Tomás García, miembros de las comunidades opuestos a la presa Agua Zarca.

Igual suerte corrió su compañera Lesbia Urquiza pocos meses después, en uno de los asesinatos más brutales conocidos por la población hondureña.

Urquiza, tirada en un basurero con el cuerpo destruido por numerosos machetazos, era una firme opositora de la concesión y privatización de los ríos en el departamento de La Paz y estaba directamente vinculada al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuya coordinadora fue Cáceres.

Otra mártir del feminicidio político que recorre América Latina fue el de la guatemalteca Brenda Marleni Estrada Tambito, subcoordinadora de la Comisión de Asesoría Jurídica de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (Unsitragua Histórica) e hija del reconocido sindicalista Jorge Estrada.

Brenda estaba asesorando, junto con su padre, la negociación de pactos colectivos en fincas bananeras del Departamento de Izabal. La mujer conducía por la Zona 1 de la capital guatemalteca cuando un vehículo se le acercó y los ocupantes abrieron fuego. La letrada recibió cinco impactos de bala.

Estos son un ejemplo de algunos de los miles de asesinatos que se cometen con absoluta impunidad en tierras de América. Son mujeres hostigadas, perseguidas, acosadas, asesinadas. No hay dudas de que les tienen miedo.

 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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