Colombia: Hay un exterminio sistemático contra los líderes

“Con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social”, dijo esta semana el ministro de Defensa Guillermo Botero en el Congreso de Confecámaras en Cartagena. Afirmación temeraria que criminaliza la legítima protesta social y justifica que sigan asesinando y persiguiendo la labor que realizan los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Por su parte, el martes 11 de septiembre, el nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González reconoció que, Hay un ataque sistemático de organizaciones al margen de la ley, que vienen desarrollando una política de exterminio contra los líderes”.

En simultáneo, el Presidente Duque anunció que al finalizar septiembre adoptará medidas de neutralización contra el genocidio de líderes y opositores de izquierda. Por su parte, la bancada de la oposición en el Congreso, quien ha liderado el rechazo y la denuncia de esta persecución y matanza, anunció que en octubre verificaría tales medidas.

Por un lado discurre la retórica gubernamental, pero en la vida diaria se recrudece la persecución política, las amenazas y agresiones contra líderes y lideresas sociales. Veamos algunos casos recientes.

El largo brazo de la criminalización

En el Magdalena Medio existe una alianza entre la Fiscalía General, el Ministerio del Trabajo, Ecopetrol y una empresa de vigilancia local, para elaborar falsos informes que soporten procesos jurídicos, contra líderes sociales de la zona del Bajo San Vicente.

Este montaje judicial lo hacen en represalia por las exigencias hechas por dichas comunidades, a través de sus líderes, a las empresas contratistas para que inviertan en el desarrollo de los territorios, contraten personal de la zona y les brinden las prestaciones laborales establecidas por la ley.

Un caso similar se presenta en el Departamento del Meta, donde la Fiscalía emitió orden captura a Sandra Patricia Ruiz Riaño presidenta de la Junta de Acción Comunal del municipio de Acacias y seis personas más del municipio Castilla la Nueva, por haber participado en manifestaciones en contra de los atropellos, falta de garantías laborales por parte Ecopetrol y el incumplimiento de la inversión social acordada para esta región. Sin pruebas, la Fiscalía los señala de los disturbios habidos en ambos municipios durante los últimos años.

El Movimiento Ríos Vivos, organización ganadora del Premio Nacional a la Defensa Nacional de los Derechos Humanos, en la categoría “Experiencia o proceso colectivo del año”, denunció el empadronamiento de sus integrantes, la persecución y estigmatización por parte del Alcalde de Ituango Hernán Álvarez Uribe y del Secretario de Gobierno Francisco Castro Gutiérrez. Ríos Vivos manifestó que el fin de semana pasado no les permitieron realizar una movilización pacífica desde el municipio de Ituango hasta Medellín, en respaldo de los damnificados por el desastre de Hidroituango. El alcalde de la localidad los acusó de ser los invasores del Coliseo Jaidukamá donde se refugiaron las 27 familias damnificadas.

Soldados que torturan a líderes

El sábado 8 septiembre de 2018, miembros del Ejército estatal pertenecientes a la Fuerza de Tarea Vulcano, adscritas al Batallón Especial #10, retuvieron a dirigentes campesinos en la vereda Guasiles, corregimiento de la Libertad del municipio de Convención, en Norte de Santander. Los líderes fueron amenazados, agredidos y torturados. A uno de ellos le pusieron una bolsa plástica en la cabeza para producirle “asfixia mecánica”, tortura que con frecuencia emplean los soldados de esta Fuerza de Tarea Vulcano.

En esta misma zona, al presidente de Asociación de Juntas Comunales del corregimiento de La Trinidad, le dijeron que los dirigentes campesinos “eran cómplices de la guerrilla”. Estos soldados realizaron torturas similares contra pobladores de la vereda La libertad parte alta, el 29 de agosto pasado.

Agresiones a lideresas sociales en el Caribe y la zona de Hidroituango

Rosalba Tata Simanca, Defensora de los derechos humanos y dirigente afrocolombiana de Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, denunció que le enviaron mensajes amenazantes donde le dicen que abandone la ciudad o de lo contrario será asesinada. Dijo que “en el panfleto me daban 48 horas para irme de Santa Marta o me matan, no sólo a mí sino a cualquier integrante de mi núcleo familiar”.

Leidy Correa Valle, de 25 años, secretaria de la Junta de Acción Comunal de Guayabal, municipio de Peque, Antioquia, había sido reportada como desaparecida el 5 de septiembre. Tres días después, la comunidad encontró su cadáver, el que presentaba golpes en la cabeza, así como en otras partes del cuerpo.

El Nodo Antioquia de la Fundación Sumapaz reveló que este año van 27 homicidios de líderes sociales en Antioquia, dos de los cuales corresponden a mujeres y 25, a hombres.

Texto: Himelda Ascanio, tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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