El murciélago Bacardí en el ADN de la Ley Helms-Burton

Por José Luis Méndez Méndez / Colaboración para Resumen Latinoamericano.

Si pudiéramos determinar el ácido desoxirribonucleico, ADN, de la Ley Helms-Burton, allí estaría, sin lugar a dudas, el murciélago Bacardí, su símbolo, que siempre mira a la derecha para predecir el futuro. Para ese emporio el porvenir siempre está a la diestra, es su filosofía, entre 2002 y 2005, se giró su cabeza más hacia la derecha como distintivo de mirar siempre al porvenir.

Según la leyenda de su origen, estos mamíferos placentarios representan hermandad, la discreción y la fidelidad. El murciélago ha llegado a encarnar las cualidades de persistencia y determinación de los miembros de la familia Bacardí, por tratar de imponer, en vano, sus garras nuevamente sobre la Isla irredenta.

Este ácido nucleico, contendría las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo, funcionamiento y su transmisión hereditaria de este engendro criminal, que durante más de dos décadas ha codificado el bloqueo más prolongado y genocida de la historia. La paternidad de Bacardí sería incuestionable, sería su génesis.

Cuando Facundo L. Bacardí Massó, en 1862 en la ciudad de Santiago de Cuba, fundó la hasta ahora conocida como entidad privada de sociedad limitada, no imaginó que además de producir ron, serviría a los planes intervencionistas de Estados Unidos ni que en su nombre se cometerían ilegalidades, tráfico de influencias, actos de corrupción y otros ilícitos. En 1930, edificó una sede en La Habana, después, además asentó su matriz en Bermudas, considerado en la actualidad como el paraíso fiscal más agresivo del mundo, en una escala de uno a quince, según el dictamen de Oxfam Intermón. Los paraísos fiscales son jurisdicciones o territorios que han adoptado intencionadamente unos marcos fiscales y legales que permiten minimizar la cantidad de impuestos que deben pagar allí donde realizan una actividad económica sustancial, que tiene entre sus características el haber adoptado normas o prácticas administrativas que les permite evitar el intercambio automático de información en materia fiscal con otros Gobiernos y marcos legislativos o administrativos que asiente mantener el secreto sobre la estructura corporativa de entidades jurídicas y sobre la propiedad de los activos.

La empresa Barcardí, extendió sus tentáculos a Puerto Rico, Miami, México, como compañía de bebidas internacional. Después del triunfo de la Revolución cubana, la empresa trasladó sus operaciones a Puerto Rico. Aunque la mayoría de las operaciones todavía se centran en ese país, las oficinas centrales y la sede social de la corporación se mantienen en Bermudas donde se registró como Bacardi Limited y en México tiene una gran planta en Tultitlán, Estado de México.

En 2004, los beneficios de la compañía fueron aproximadamente de 3 300 millones de dólares. Coincidente en ese mismo año de esplendor, se descubrieron tráficos de influencia al violar ese emporio la ley de contribuciones políticas norteamericanas, al entregar miles de dólares a la campaña proselitista del Partido Republicano en Texas. La Bacardí fue hallada culpable junto a otras seis firmas y acusada de hacer donaciones políticas las cuales están prohibidas en ese territorio norteamericano. Según la Fiscalía estadounidense, el lance fraudulento perseguía controlar el poder político en Texas.

Por coincidencia también en ese año 2004, el republicano por Texas, George W. Bush logró derrotar al senador demócrata John Kerry en las elecciones presidenciales, comicios con unos resultados de nuevo relativamente ajustados que le permitieron comenzar un segundo mandato. La Bacardí fue inculpada por realizar un aporte ilegal por valor de 20 mil dólares en las elecciones legislativas de ese Estado en favor de una organización republicana, vinculada con el líder de la mayoría en la Cámara de Representes Federal, Tom Delay. El pago se realizó en octubre de 2002 dirigido al llamado comité de acción política Texans for a Republic Majority, con sede en Washington, que venía preparando la reelección de Bush.

Esta artimaña, no fue un acto filantrópico inocuo de los directivos de Bacardí o de identificación ideológica hacia los republicanos, tenía una taimada premeditación debido a que en ese momento esa empresa estaba enfrascada en una batalla legal para apropiarse de la marca de ron cubana Havana Club, propiedad de un holding internacional integrado por una firma cubana y la francesa Pernod Ricard.

En los primeros meses del 2004, el panel de apelaciones de la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos se pronunció por la ratificación del registro de la citada denominación para Havana Club International y declaró sin lugar el reclamo de Bacardí.

Este intentó de influir no fue el primero ni el último, ha sido una mala práctica habitual el verse envuelta con frecuencia en escándalos, por hacer contribuciones ilegales de campaña a políticos norteamericanos, y así lograr la aprobación de una ley que la beneficie.

Como entre cielo y tierra no hay nada oculto, trascendió que entre los favorecidos se encontraba el mencionado Delay y el entonces congresista de origen cubano Lincoln Díaz-Balart, firmantes de una regulación presentada en el legislativo para beneficiar a la compañía.

El nexo entre la Bacardí y la contrarrevolución cubana tiene antecedentes inmediatos a 1959, financió a la llamada Representación Cubana en el Exilio, RECE, que fundara y dirigiera José Bosch, Pepín Bosch, de la casa Bacardí, en 1963.

En ese año el terrorista líder, Orlando Bosch Ávila, expresó sobre sus relaciones con esa empresa: “El 7 de septiembre pasado nos dirigimos al RECE, en la persona de su presidente, José Bosch, para pedirle ayuda no monetaria, sino en ‘implementos’ que nos permita llevar a cabo acciones fuertes contra el régimen comunista de Cuba”.

Años después organizaciones terroristas con asiento en Miami rindieron homenaje al criminal Orlando Bosch Ávila, refugiado en esa ciudad por indulto presidencial del entonces Presidente George H.W. Bush y en contra del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo consideraba una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En un acto en la Casa Bacardí en esa urbe, para reconocer al bandidismo, que asoló los campos de Cuba y asesinó a miles de cubanos hasta 1965. Uno de los oradores de fondo fue Enrique Ros Pérez, apologista de Bosch y padre de la congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, defensora ardiente del secuestro del niño Elián González.

Los vínculos de Ros-Lethinen con Bosch son públicos. El New York Times, en 1990, publicó un editorial en el que afirmaba: «a pesar de que existe una creciente repulsión por el terrorismo, incluso entre los exiliados cubanos más recalcitrantes, el senador Connie Mack, la representante Ileana Ros-Lehtinen y otros políticos han ejercido una intensa presión para obtener la excarcelación del doctor Bosch».

La FNCA, tuvo desde su origen hasta su muerte el liderazgo contrarrevolucionario de Jorge Lincoln Mas Canosa, presidente, después, de su Consejo de Directores, bastistiana, mafiosa, terrorista, elitista, creada en 1981, en medio de una ofensiva estadounidense contra Cuba y que durante la década de los 90 del siglo pasado, se destacó por sus planes terroristas contra el territorio nacional cubano, sus intereses y representantes en el exterior. La FNCA, financió parte de la campaña electoral de Jesse Helms.

Un ejemplo de cómo la FNCA, logró atesorar una gran fortuna en poco tiempo, con el pretexto de realizar actividades políticas, fue utilizar los fondos otorgados por la CIA y por el dueño de la Bacardí José –Pepín- Bosch, que presuntamente se usarían para derrocar la Revolución y que quedaron en las alcancías de los recolectores, fue el caso del citado Mas Canosa, que inició su fortuna malversando los fondos recaudados, por la mencionada Representación Cubana en el Exilio, RECE, etiquetándolos como negocios legítimos al invertirlos en operaciones bancarias y sobre todo adquirir bienes raíces en áreas no zonificadas de Miami. Después defraudando a empresas de telecomunicaciones en Argentina, España y Nicaragua, las cuales compraba quebradas y las revendía a elevados precios.

A mediados de 1964 cuando se fundó la citada Representación Cubana en el Exilio, RECE, estuvo auspiciada por Pepín Bosch, gerente de la empresa Bacardí, quien por muchos años había encabezado a un importante sector de la burguesía nacional y tiempo después a un grupo de elementos contrarrevolucionarios oriundos de Santiago de Cuba, quienes se autoproclamaban como “la mafia santiaguera” en Estados Unidos.

Al frente de la organización se nombró a individuos como Vicente Rubiera Feíto, antiguo dirigente del sector telefónico en Cuba; Erneido Oliva, segundo jefe militar de la Brigada 2506, quien llegó al grado de general en el ejército de Estados Unidos; Ernesto Freyre, abogado que formó parte del equipo que negoció con el Gobierno cubano la liberación de los derrotados invasores en Playa Girón y que regresaron a su cubil cambiados por compotas y Jorge Lincoln Mas Canosa, proveniente del Movimiento Demócrata Cristiano, quien encuentra en el RECE el vehículo para su despegue como figura política, toda vez que se le asignan las tareas de propaganda y es el editor de su boletín, hasta noviembre de 1982. Gracias al dinero que le suministró Pepín Bosch, Más Canosa acumuló el suficiente, -desviado de las actividades contrarrevolucionarias-, para ser uno de los tantos cubanos que llegaron a Estados Unidos sin un centavo y se convirtieron en “triunfadores y prósperos” hombres de negocio. Pasó de ser hijo de un oficial veterinario de la dictadura de Fulgencio Batista a repartidos de leche, la cual adulteraba, en las casas de la CIA en Miami a jefe del clan elitista de la FNCA.

La Bacardí respaldó los planes de la FNCA, para llevar a Estados Unidos a miles de emigrados cubanos radicados en varios países de la región para ello creó el llamado Programa para el Éxodo Cubano, que funcionó en los últimos años de la década de los años ochenta del siglo XX, para ello nombró en Panamá, asiento de más de 35 mil emigrados, a Clara María del Valle Rodríguez-Bacardí, una de las Directoras de la FNCA y miembro activo del clan ronero. Este negocio dejó grandes dividendos para la Bacardí y la Fundación, por medio de los patrocinadores que financiaban el paso de los migrantes hacia Estados Unidos.

En 1998, apenas dos años después de ser aprobada la ley Helms-Burton, el Center for Public Integrity (CPI), una reconocida organización no lucrativa dedicada a la investigación periodística con el fin manifiesto de “revelar abusos de poder y la corrupción de instituciones públicas y privadas” de Estados Unidos, publicó un extenso y documentado informe sobre el origen de esta ley, vigente hasta el presente.

Según el CPI, todo comenzó cuando el republicano Jesse Helms asumió la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y propuso una agenda de diez puntos, encaminada a cambiar el sentido de la política exterior del entonces presidente demócrata William J. Clinton.

En el prontuario de Helms se destacaba ser un fanático y practicante anticomunista, que había votado contra el fin de la segregación racial, el derecho de los homosexuales, las investigaciones contra el SIDA y todas las propuestas de beneficio social que tuvo ante sí, durante 30 años de permanencia en el cuerpo legislativo y ahora quería ir por más.

Para llevar a cabo esta tarea, Helms nombró a su ayudante Dan Fisk, quien se encargó de reunir a un equipo que contó con la colaboración de los congresistas republicanos de origen cubano el converso político Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, así como de los senadores demócratas Robert Bob Menéndez y Robert Torricelli, todos con larga experiencia en propuestas previas contra Cuba.

Como contraparte de Helms, en la cámara baja fue escogido el congresista republicano Dan Burton, entonces al frente del sub-comité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, conocido por sus pifias políticas y geográficas, al proponer con pasión el desplegar buques de guerra norteamericanos en las ¡costas de Bolivia!, con el fin de contener el tráfico de drogas.  Originario de Indiana, Burton era famoso por su destreza para jugar al golf, en lo que empleaba la mayor parte del tiempo, y el apoyo al régimen de apartheid en Suráfrica. Aunque probablemente tampoco sabía ubicar a Cuba en un mapa, recibía más contribuciones de los emigrados cubanos de Miami que de su estado natal. Para encargarse de la propuesta cubana, Burton nombró a Roger Noriega, entonces un oscuro funcionario de la Cámara de Representantes, que hizo carrera como promotor de las políticas más agresivas de Estados Unidos en América Latina.

En la formulación de la estructura de los cuatro pilares agresivos de la Ley, se estableció que su Título I, se basó en recopilar las propuestas que Díaz-Balart ya había hecho al Congreso contra Cuba. Que el Título II fue una obra mayormente del investigado habitual, Bob Menéndez, interesado en establecer las condiciones para el cambio de régimen y el levantamiento del bloqueo y que el capítulo IV no era nada novedoso, toda vez que se refería a las sanciones a aplicar contra los extranjeros que no cumplieran las disposiciones norteamericanas, algo bastante común en la política exterior del país.

Sin embargo, la “originalidad” se encuentra en el Título III, al intentar introducir el presupuesto de equiparar ante la ley internacional los derechos de propiedad y la extra territoriedad de sus efectos. Para Fisk, entonces estudiante de derecho en la universidad de Georgetown.

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), entonces la organización más poderosa de la contrarrevolución extremista cubana en Estados Unidos, fue garante del proceso, aunque algunas de sus propuestas fueron declinadas por estar en disonancia con las posiciones predominantes, por ejemplo la FNCA abogaba por que las propiedades “recuperadas” en Cuba fueran puestas en subasta, lo que contradecía el interés de los reclamantes. Entonces acudieron a los abogados y lobistas de grandes negocios cubanos nacionalizados en 1960.

Le llegó el momento al murciélago Bacardí de fijar sus anclas y para ello jugó un papel decisivo en el diseño y aprobación de la Ley. El prominente Manuel J. Cutillas, director ejecutivo de la empresa, el entonces lobista Otto Reich e Ignacio Sánchez, socio del bufete Kelly-Drye and Warren, una firma con base en New York que representaba los intereses de la Bacardí, desempeñaron un rol muy activo en la redacción del texto y la búsqueda de consenso para su aprobación.

Más allá de una larga tradición en actividades contra el gobierno cubano, que incluyó la promoción de grupos terroristas como se ha explicado, la empresa Bacardí tenía un interés especial en la Ley Helms-Burton, la estaba redactando acorde con sus intereses, porque no era una empresa cubana ni norteamericana, sino radicada en Bermudas, por lo que solo gracias al título III, su subsidiaria en Miami podía aparecer como reclamante y recurrir a las cortes estadounidenses.

Inicialmente el gobierno de William Clinton, se opuso a poner en curso el siniestro proyecto, pero tres factores se alinearon a favor de cambiar la opinión: el conocido éxodo de migrantes cubanos de Mariel, que provocó fuertes disturbios en campamentos habilitados para concentrar a los llegados en el Estado de Arkansas, donde entonces Clinton era Gobernador y los cuales, al final, causaron su no reelección para ese cargo; la salida masiva de migrantes cubanos en el verano de 1994, estando Clinton en la Presidencia y el legítimo derribo de las avionetas violadoras del espacio soberano de Cuba, en febrero de 1996, favorecieron a su firma como medida punitiva contra la Isla. Una razón de peso es necesario añadir, que era el interés de Clinton de no perder el apoyo en votos y financiamiento de la contrarrevolución cubana en Estados Unidos, en ese año de elecciones generales.

La posición inicial de la administración demócrata fue oficialmente transmitida a Ricardo Alarcón de Quesada, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, por Peter Tarnoff, subsecretario de Estado, en el contexto de conversaciones secretas entre los dos gobiernos, que se llevaban a cabo en Toronto, Canadá, y que concluyeron con la adopción del acuerdo migratorio de 1994 entre los dos países.

Convocado por el propio Helms, en junio de 1995, Tarnoff expuso ante el senado los argumentos de la administración. En primer lugar, decía Tarnoff, la ley violaba los derechos constitucionales del poder ejecutivo para conducir la política exterior del país, también varios tratados internacionales, las obligaciones de Estados Unidos ante el FMI y el Banco Mundial, así como las relaciones con socios extranjeros, sobre todo europeos, que en represalia podían tomar medidas similares contra empresas estadounidenses.

Refiriéndose al capítulo III, Tarnoff alertó que, si Estados Unidos se arrogaba tales facultades para sus cortes, nada impedía que otros países hiciesen lo mismo. Al decir de Tarnoff, esta ley afectaría el frágil sistema legal internacional, gracias al cual se habían resuelto decenas de miles de reclamaciones a favor de ciudadanos norteamericanos en diversas partes del mundo.

Respecto a conceder el derecho de demandar en cortes de Estados Unidos a personas que no eran norteamericanos en el momento de la nacionalización, Tarnoff decía que bajo la ley internacional de ese país, no tenía ningún derecho a intervenir en un asunto que correspondía a un Estado extranjero dentro de sus propias fronteras.

Estos argumentos, dichos por el propio gobierno que finalmente aprobó la ley, debieron haber sido suficientes para descalificarla. Pero la oposición del Comité Conjunto de Reclamaciones a Cuba, integrado por las compañías norteamericanas nacionalizadas en 1960, donde figuraban empresas de la envergadura del Chase Manhattan Bank, la Coca Cola y la ITT, más la gestora Bacardí.

Según declararon sus voceros, “el reconocimiento de otro grupo de reclamantes retrasaría y complicaría el acuerdo de las reclamaciones certificadas en las negociaciones con Cuba”. La adopción de Ley Helms-Burton también abortaría arreglos directos con el gobierno cubano que estaban siendo explorados por empresas como Amstar, heredera de la American Sugar, que poseía en Cuba grandes extensiones de tierra.

La inversión de la Bacardí en la Ley Helms-Burton en su origen, continuó en su aspiración de hacerse dueña de la marca de ron cubana Havana Club, desde 1998 había gastado varios millones de dólares.

Parte de este dinero sirvió para financiar la campaña para Gobernador de la Florida de Jeb Bush, quien comprometió sus relaciones con su hermano George, para presionar a los funcionarios de Marcas y Patentes a favor de otorgar a la Bacardí la marca del ron cubano. En un documento enviado por sus directivos a Jeb y desclasificado, se le conminaba a influir para alcanzar su objetivo, con la velada amenaza de suprimir sus dádivas.

Ahora el murciélago Barcardí, espera pescar en río revuelto y alcanzar su preciado sueño de apoderarse de la marca Habana Club, por la que ha luchado he invertido en los más siniestros proyectos anticubanos, desde dólares para el terrorismo como para someter la resistencia incólume del pueblo cubano.

Querido lector, si ha podido llegar hasta aquí sin nauseas, debo recordarle que cada vez que tome un trago de ron Bacardí, estará percibiendo el vahó etílico de la Ley Helms-Burton.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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