Metamorfosis y el Premio Bachelet

José Luis Méndez Méndez / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Así como los peores filmes y actores son reconocidos con los “Premios Frambuesa de Oro”, los más infames informes deben ser galardonados con un premio que en su forma, contenido y requisitos, compilen la falta de ética, objetividad, imparcialidad, ya bien sea por dolo intencionado para alcanzar un fin con el pretexto del texto o por impericia de sus elaboradores ajenos a toda realidad, por irresponsabilidad o falta de profesionalidad.

Hasta el impresentable laqueado Donald J. Trump y su esposa Melania, recibieron este premio en el 2019 por Peor Actor por su «actuación» en los documentales Death of a Nation (Muerte de una Nación) y Fahrenheit 11/9, siendo la primera vez que un gobernante en ejercicio y su esposa obtienen el galardón.

El reciente informe sobre la supuesta situación de los Derechos Humanos en Venezuela, facturado por la ONU y coordinado por la chilena Michelle Bachelet, podría ser un candidato fuerte para postularse a tal reconocimiento.

La nominación podría ser validada por decenas de organizaciones de Derechos Humanos de América Latina, que no tendrían objeción en confirman, con sólidos argumentos, lo tendencioso de la recopilación, su desprolijidad y carencia de la menor imparcialidad sobre un tema tan sensible, omite analizar a fondo el impacto negativo, que el conjunto de sanciones impuestas, principalmente desde Estados Unidos, ha tenido en el detrimento de las condiciones de bienestar de la ciudadanía venezolana y que son causales de la crisis impuesta que afectan los derechos humanos básicos, como la alimentación, la salud, la educación y a la vida.

Se ignoran los efectos de la retención ilegal de dinero venezolano tanto en Estados Unidos, como en Europa,  dirigida al debilitamiento progresivo del Estado venezolano, socavar la estabilidad y tranquilidad ciudadana.

Esta, ahora funcionaria de la ONU, atesora en su currículo como presidenta de Chile, saldos negativos, que no la invalidaron para escalar el cargo de Alta Comisionada de DD.HH. de Naciones Unidas, antes lo había sido para las Mujeres, en el ente diplomático.

Por solo recordar algunos guarismos destacados, su segundo mandato que expiró el 11 de marzo de 2018, se caracterizó por un crecimiento desmedido del aparato estatal, como parte de un programa de gobierno basado en diagnósticos erróneos en temas claves. Repitió pifias de su primer mandato como debutante en La Moneda. Terminó con reformas dañinas y un deficiente resultado en materia económica, política y social, pero en relaciones internacionales fue insuperable en la proyección de su imagen pública internacional, sembró y cosechó su segundo cargo ante la ONU.

A esta pésima gestión se le debe sumar, como se explica, el afecto negativo a largo plazo de las reformas educacionales proyectadas. Su estilo dejó más sombras, que las escazas luces que logró al ponderar el ordeno y mando del Estado, por encima del interés de las personas. El indicador económico en sus cuatro años de mandato, no sobrepasó el 1.8 % de crecimiento, que se trató de indilgar a la situación internacional y regional, pero las cifras y balances demostraron que el mundo siguió creciendo y Chile se estancó.

Se trató de culpar también al bajo precio del cobre, que sería el chivo expiatorio para ocultar la mala gestión gubernamental, pero si bien se registró una baja relevante en lo minero, en otros rubros la tendencia fue a la baja pasando de crecimiento anual promedio de 6% en el período 2010-2013, a sólo 2,1% durante los cuatro años de la administración Bachelet.

El Banco Central de Chile acuño el fracaso de la gestión de gobierno de la ahora relatora y censora de otras realidades. Un dato parece resumir la debacle: Mientras el PIB de Chile era de 4 puntos porcentuales al inicio del mandato, lo dejó en 1.4 al abandonar el sillón presidencial y esto solo en un indicador tan significativo como lo económico. La deuda pública creció desmedidamente, la inversión descendió para redondear el fracaso. Como colofón de su gestión durante el año 2017, se completó el peor registro para un gobierno en 27 años.

En seguridad pública los indicadores se elevaron hacia lo negativo, el delito aumentó, el número de víctimas creció, sin recibir respuesta, creció en comparación con gobiernos pasados en un 27,3%1, esto se traduce en que 228 mil hogares adicionales fueron objeto de algún delito desde el inicio del gobierno de la señora Bachelet. Varias políticas fueron experimentadas, sin éxito, debido a la falta de objetividad, es un mal que la acompaña, al no tener un diagnóstico real sobre la falta de datos unificados, la falta de especialización y deficiencias en la gestión de las instituciones policiales.

La flamante Relatora de la ONU, para los Derechos Humanos, dejó en su país incumplida la política de respeto y desarrollo de los pueblos indígenas, en La Araucanía, su gobierno transitó sin cambios sustantivos, pero incrementó la tensión y acrecentó percepción del debilitamiento de la paz social.

El tema migratorio transitó sin avances, lo cual le mereció al mandato de la señora Bachelet críticas desde su propio partido político, por ignorar lo hecho en el pasado sobre esta necesidad de alcanzar una inmigración segura, ordenada y regular.

Para sumar deslices e incumplimientos, su Gobierno promovió como uno de sus proyectados logros una nueva Constitución, durante largos meses fue trabajada por los medios de comunicación como un logro tangible, pero la realidad es otra, se envió el proyecto de ley de Nueva Constitución a menos de una semana de concluir su mandato.

Los cubanos conocemos muy de cerca, lo que entraña asumir un documento de esa magnitud para regir para todos en el futuro, la necesidad de la participación popular, para conocer el parecer de la sociedad, sin embargo en los procedimientos, el proyecto también presentaba problemas.

La propaganda local afirmaba que el texto final era resultado de los encuentros locales, los cabildos provinciales y regionales organizados por el Gobierno, pero esto no fue real, ya que según los trascendidos de los actores políticos chilenos, la discusión en tales instancias fue a nivel de ideas y con un nivel de abstracción que no se relaciona en ningún caso con un texto específico de cambio. La redacción entonces fue hecha entre cuatro paredes en La Moneda sin contar con participación de los partidos políticos y, mucho menos, de la ciudadanía. Se trató de una acción poco prudente, ya que la iniciativa proponía un cambio total a la Constitución sin la suficiente discusión y estudio por parte de toda la sociedad civil, que fue ignorada. En el tardío documento su contenido se califica de retrogrado en relación a Chile y a la región.

La doctora Bechelet en lo social tampoco adelantó al atraso acumulado, en un país que tiene la falsa imagen de contar con los estándares más elevados que sus vecinos y que exige para si los niveles del primer mundo. Veamos cómo se comportó la proyección de inversiones en el sector salud.

Una de las promesas electorales insignia fue la intención de concretar un millonario plan de inversiones de US$ 4.000 millones en 4 años. En el primer año solo se ejecutó el 64 % y esto trajo como efecto colateral la reducción para el siguiente año del presupuesto de inversiones, llegando a asignar en 2017 aproximadamente la mitad de lo planeado inicialmente, los que tampoco se ejecutó y si durante el resto del mandato se hubiese logrado ejecutar el 100% del presupuesto asignado, solo se habían invertido un poco más de la mitad de lo propuesto, lo cual afectó a millones de chilenos.

¿Cómo se mantuvo lo atrasado en distintos renglones de la salud pública? Por ejemplo las listas de espera, si bien sólo se cuenta con información pública hasta septiembre de 2017, a esa fecha los casos no resueltos alcanzaron 1.897.409 para determinadas patologías. Al desglosar esta cifra, la espera por una consulta de especialidad llega a 1.614.068 y por una intervención quirúrgica a 283.341, que ha crecido 46% desde marzo de 2014. En el caso de otras patologías, existen 9.876 garantías de oportunidad retrasadas acumuladas a septiembre de 2017, más de 3.600 casos más que los acumulados en marzo de 2014. Este es un indicador que puede exhibir el sistema chileno de salud bajo el poder de la hoy Relatora, quien en su informe de forma acrítica demeritó a lo que acontece en materia de salud en Venezuela, país bloqueado, impedido hasta de poder invertir sus recursos en salud, lo cual ha ocasionado muertes de niños venezolanos, con el silencio cómplice de esta doctora.

Por si fuera poco, añadimos la situación financiera de los servicios de salud a lo largo del mandato Bachelet. En junio de junio de 2015 la deuda hospitalaria alcanzaba los $ 208 mil millones, que prácticamente se duplicó respecto a enero de 2015, en seis meses el empeoramiento fue destacado. Superando el umbral de los $ 200 mil millones, algo impensado previamente. Aportes extraordinarios redujeron en parte en años posteriores este déficit, pero a octubre de 2017, última cifra disponible, se situaba en casi $ 350 mil millones, la más alta de su historia, un record al currículo de la representante de la ONU, para los Derechos Humanos.

En otro indicador humano, como es la educación, su gestión dejó fracasos a lo largo de los cuatro años. En apariencias una de las intervenciones más radicales llevadas a cabo por la administración Bachelet fue en el área de educación. Sus pilares fueron la declaración de la educación como un derecho social y el fortalecimiento del rol del Estado como proveedor y fiscalizador, lo que significó eliminar la libertad que tienen hoy los colegios privados con fines de lucro de proveer educación equivalente a un tercio de la matrícula.

La llamada Ley de Inclusión, de de mayo de 2015, la Ley N° 20.845 regula la admisión; elimina el financiamiento compartido; prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado; acaba gradualmente con el financiamiento compartido y con los procesos de admisión descentralizados, y quita el financiamiento público a los establecimientos educacionales que estén constituidos como persona jurídica con fines de lucro y que no posean la propiedad del inmueble en que operan.

La Ley de Inclusión no acarreará ni significará mejoras de la calidad ni de las oportunidades en educación y sus verdaderas consecuencias no serán inmediatas sino que se verán en el mediano y largo plazo, una vez que la ley vaya entrando en vigencia, de forma muy gradual; y que los sostenedores y directores se adapten a la mayor carga burocrática que los distraerá de sus labores relacionadas con el mejoramiento educativo.

Tanto la Ley de Carrera Docente, como la Ley de Desmunicipalización y la Reforma a la Educación Superior son proyectos poco estudiados, en su elaboración, alcance y efectos, fueron causales para su difícil implementación. Sus aciertos están por ver y sus críticas se acrecientan, por lo que tampoco pude ser considerado un logro. Recordamos que el primer gobierno de Bachelet sufrió un importante revés en abril de 2008, cuando el Senado destituyó a la ministra de Educación, como consecuencia de las irregularidades detectadas en el pago de determinadas subvenciones escolares.

Muestra de la inviabilidad de estas leyes, fue la marcha que se produjo en abril de 2016, en Santiago de Chile, en protesta por la lentitud con que avanzaba la reforma que buscaba instaurar la gratuidad en la educación chilena. Estudiantes y profesores chilenos criticaron al gobierno de la socialista Michelle Bachelet, por colocar esta posibilidad como un mero espejismo. También se censuró duramente la reforma educativa por su baja cobertura, que a finales de 2016 alcanzada menos de 14% de la matrícula total.

Finalmente, cómo dejó la señora Bachelet, la imagen del país a los evaluadores del Banco Mundial, entidad que evidenció que la pobreza en Chile, aumentó de 0,9% a 1,3% entre 2013 y 2015, es decir, las personas por debajo del nivel de pobreza subieron de 158.684 a 234.083 en dicho período. Este resultado, similar a lo ocurrido según la entidad internacional entre 2006 y 2009, cuando corría su primer mandato. El pueblo para ella es algo secundario, las cifras no mienten, tampoco el Banco Mundial es de tendencia de izquierda.

Con estos pobres resultados gubernamentales, que no le aportan credibilidad para ocupar cargos, que representan a la Comunidad Internacional y con la firma de informes, que son redactados de manera tendenciosa, omisa, acrítica por interesados de obtener un pretexto para acciones colaterales, es innegable que la relatora Bachelet, esta descalificada, no tiene solvencia para calificar a otros y es una nominada privilegiada para obtener el premio mundial a los peores compendios de las fake news, que bien podría llevar su nombre, que dudamos pudiera quitarle otro candidato.

(1) Para más información consultar Libertad y Desarrollo, temas públicos. www.lyd.org Nº 1341 – 1 9 de marzo de 2018 ISSN 0717-1528

Foto de portada: Martial Trezzini / EFE / Archivo.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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