Colombia: Lo que puso en evidencia el paro nacional

Como episodio en proceso, el paro nacional convocado por amplios sectores de la vida nacional de Colombia es evidencia de lo estructural que es la violencia, la complicidad mediática y el terrorismo de Estado en dicho país. Asimismo se evidencia la movilización que comienza a despertar a partir del rechazo a una clase política instalada en una agenda servil a los centros de poder occidentales. 

Muchas razones para una convocatoria

El paro nacional convocado por diversos sectores colombianos, como las centrales obreras, los estudiantes universitarios, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Pensionados y el Congreso de los Pueblos, es una manifestación contra el gobierno del derechista Iván Duque que ocurre desde el pasado 21 de noviembre en las principales ciudades del país andino-caribeño.

Desde allí creció y ahora suma a organizaciones de estudiantes, campesinos, mujeres, indígenas, afrodescendientes y partidos opositores al gobierno.

Las razones del descontento parten del rechazo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), que no logra un consenso nacional. También a iniciativas como la propuesta de reducir el salario para los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, planes para eliminar la parte pública del sistema de pensiones y la privatización de empresas estatales como Ecopetrol, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), el Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria (CENIT), electrificadoras regionales y todas las empresas donde la participación del Estado sea inferior al 50%.

Además de argumentar que el gobierno quiere convertir a Colpensiones en un fondo privado, rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores, se unen los casos de corrupción en Odebretch con la Ruta del Sol, el Consorcio Constructor Navelena, el llamado «carrusel de la toga», el complejo Refinería de Cartagena (Reficar), Fedegan y la Universidad Distrital.

Para los sectores convocantes la administración Duque se prepara para una embestida neoliberal en 2020, gremios afines a su gobierno han propuesto salario diferencial por regiones, contratación por horas y eliminación del salario mínimo.

Frente a las protestas, Duque reiteró su respeto al derecho constitucional pero rechazó el uso de la violencia, luego de una reunión con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en la Casa de Nariño, donde participaron la Confederación General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Colombia, como centrales obreras y los gremios de la producción, reiteró que no existe ninguna reforma pensional ni laboral presentada por su gobierno y señaló que esos aspectos deben llevarse a cabo en una discusión permanente en la mesa de concertación laboral.

Resaltó que su gobierno no está promocionando bajar el salario mínimo y que no respaldará el aumento de la edad de pensión, tampoco el aumento de la cotización de los trabajadores, así como tampoco se está promocionando ninguna afectación a Colpensiones.

Semana de «falsos positivos» y campaña de miedo

El paro de 1977 marcó un antes y un después de la protesta social en Colombia, desde entonces una protesta social no causaba tal tensión, más cuando el uribismo fue derrotado el pasado 28 de octubre en las primeras elecciones regionales tras la firma del acuerdo de paz en 2016. Algunas de las medidas previas lo indicaban:

  • El lunes 18 de noviembre  el Ejecutivo colombiano otorgó facultades extraordinarias a gobernadores y alcaldes para que pudieran prohibir el porte de armas y el consumo de bebidas alcohólicas e, incluso, aplicar un toque de queda en sus respectivas jurisdicciones.
  • Ese día se ordenó el acuartelamiento en primer grado (máxima alerta) de las fuerzas militares.
  • El martes 19, Migración Colombia anunció el cierre de todas las fronteras terrestres y fluviales desde la medianoche de ese día hasta las 05 de la mañana del viernes 22.
  • Ese día se presentaron allanamientos en varios colectivos de artistas y en un medio de comunicación alternativo, lo que generó protestas de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
  • En Bogotá, por petición de las autoridades locales, había militares en labores de «acompañamiento» junto a las patrullas de la policía.

Reviviendo la estrategia de la Seguridad Democrática utilizada por Álvaro Uribe Vélez durante su gestión entre 2002 y 2010, el gobierno de Duque se ha caracterizado por el incremento de asesinatos contra defensores y defensoras de derechos humanos, el fortalecimiento de grupos paramilitares, el regreso de los crímenes de Estado y de los falsos positivos entre los que destaca el bombardeo en Caquetá contra niños y niñas.

De acuerdo al Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 777 líderes sociales y 137 excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). Indepaz señaló que en 2019, 155 líderes han sido masacrados por grupos ilegales.

Esa semana Colombia fue testigo de la militarización de las ciudades, allanamientos sin orden judicial contra defensores de derechos humanos, actos de intimidación, una campaña de miedo generalizado y propaganda negra contra el paro convocado para el 21N. Se alineó toda la fuerza institucional (Ejército, Policía, SIJIN, Fiscalía, ESMAD y otras) en el tratamiento militar y de guerra contra la protesta social.

Una semana antes de la convocatoria, el 14 de noviembre, Christian Krüger Sarmiento, director general de Migración Colombia confirmó la expulsión de dos ciudadanos venezolanos que supuestamente tenían planes de desestabilización en el municipio de El Rosal (Cundinamarca) durante la jornada de protestas, afirmó tener «información de diferentes fuentes que nos han permitido identificar a once ciudadanos extranjeros que pretenderían afectar la seguridad ciudadana y el orden social durante las marchas del próximo 21 de noviembre».

Días antes otros siete venezolanos fueron expulsados por la autoridad migratoria colombiana bajo esta misma presunción.

En la víspera del paro nacional se produjo la expulsión de 15 venezolanos a partir de una protesta que terminó en enfrentamiento con los cuerpos de seguridad colombianos por la repartición de alimentos en un albergue. Según Noticias Caracol, al menos cinco de ellos tendrían documentación falsa, y tres de ellos serían miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que se infiltraron para causar destrozos entre los migrantes, se desconoce la existencia real de pruebas.

Siete de ellos quedaron en poder de las autoridades colombianas para ser judicializados por el intento de fuga, una situación ocurrida durante su traslado a la zona de frontera ese miércoles 20. Según la entidad, los extranjeros capturados podrían enfrentar penas entre cuatro y ocho años de prisión al comprobar su responsabilidad en estos hechos, que dejaron a un funcionario herido.

Krüger señaló que la situación fue «bastante extraña» y afirmó que existe la información de «personas que quieren sabotear». En un comunicado hizo referencia a «la posible presencia de miembros de colectivos chavistas» a la vez que pidió a los ciudadanos colombianos «no estigmatizar» a los venezolanos.

También señaló al gobierno venezolano como uno de los responsables de estos intentos de infiltrar las protestas. «Es evidente que la dictadura de Maduro tiene la intención de afectar a la región. El propio Diosdado Cabello ha manifestado que esa es la intención que tienen«, afirmó Kruger.

Una conversacón incómoda: «Me toca a mí inventarme cosas…»

Un día antes del paro el medio colombiano Publímetro divulgó el audio de una polémica conversación entre la canciller designada Claudia Blum y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco «Pacho» Santos, en un salón reservado de un hotel en la ciudad de Washington.

Santos, exvicepresidente de la gestión Uribe, arremete en contra del Departamento de Estado de ese país y ministros de la administración Duque mientras intenta explicarle a Blum, quien aún no reemplaza a Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de Defensa, sobre cómo se manejan las relaciones con el país norteamericano. Le hace un panorama sobre el mundo político de Washington y cuáles deberían ser sus prioridades al frente de esa cartera ofreciéndose a hacerle una agenda con políticos de esa ciudad.

Respecto a Estados Unidos afirma que lo que un día fue un buen Departamento de Estado, ahora está destruido.

De igual manera, el embajador le expresó a la canciller que debía arrancar su gestión diplomática con una agenda estratégica, no como Holmes quien «no tenía estrategia» al frente de la Cancillería. Revela que los ponía a «correr y sacar citas» en Estados Unidos, pero que luego las «cancelaba».

La charla evidencia grietas en la política exterior del país, también divisiones y competencias entre las fichas del uribismo por las elecciones presidenciales de 2022. Cuando conversan sobre las posibles aspiraciones presidenciales de Holmes a nombre del Centro Democrático, Santos, quien seguramente postulará su nombre, manifestó que Holmes «piensa que yo me voy a meter a la política», a lo que Blum responde: «Que vas a ser su competencia».

El saliente ministro de Defensa, Guillermo Botero, es responsabilizado políticamente por la masacre de 17 menores de edad en un bombardeo del Ejército en zona rural de San Vicente del Caguán y el asesinato de Dimar Torres, excombatiente de las FARC que estaba cumpliendo con la paz y vivía como campesino en el municipio de Convención, en Norte de Santander. Santos manifestó sobre Botero: «Tengo un problema, no tengo interlocutor en Defensa, porque Botero no trabajaba, no hablaba inglés y no venía, entonces espero que Carlos sea interlocutor, ojalá. No sabe de eso, pero…».

Venezuela es, para Santos, el segundo tema más importante de la agenda del país, que está «un poco parado, pero yo creo que eso se va a mover». Y dice que parte de su agenda es llevar congresistas norteamericanos a la frontera para que vean cuál es la situación humanitaria. Agregan que el Grupo de Lima es un «chicharrón«, que está «muy debilitado» y que «hay que reforzarlo, pero no veo qué hacer. Hoy siento a Maduro incómodo, pero más tranquilo», asegura el embajador.

Blum también cuestiona la ayuda humanitaria para Venezuela. «La gente ya no cree, esa ayuda humanitaria fue un fiasco«, y Santos dice que «Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor no se va (Nicolás Maduro), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible».

Inquieta al respecto, Blum le pide ayuda para «(…) pensar, porque la solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a hacer…». Y agrega: «Yo tengo mucha confianza en usted, porque yo sé de lo que usted es capaz». A lo que Santos responde: «Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola».

En su defensa Santos dijo que «le estaba contando (a Blum) cómo está funcionando la política en Estados Unidos, y esa es la verdad», pidió disculpas a Guillermo Botero pues sabía que «estaba ocupado con el tema de Colombia”, pero «necesitaba destacar la importancia del ministro de Defensa con Estados Unidos, pero no significa que Botero no haya hecho interlocución». Acerca de Holmes Trujillo comentó que tiene «una relación hiperrespetuosa«.

Al calor del paro: Toque de queda y terrorismo de Estado

El paro nacional fue acatado en todo el territorio colombiano y finalizó con un cacerolazo nacional. Esa tarde, en la zona céntrica de la capital se realizó una movilización pacífica de 30 mil personas que terminó en un enfrentamiento entre un grupo de encapuchados y agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía en la céntrica Plaza de Bolívar, en Bogotá, cuando los presuntos manifestantes intentaron entrar a la fuerza al edificio de la Alcaldía al final de una jornada de protestas.

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, decretó toque de queda desde las 7 pm debido a «una serie de vándalos, desadaptados y delincuentes» que «están atracando y saqueando negocios». Cali fue uno de los principales focos de violencia en el país con 23 policías heridos (de 28 en todo el país) esa noche, mientras que en Candelaria y Jamundí, municipios cercanos al sur del Valle del Cauca, también decidieron implantar esta medida. En Popayán las autoridades tomaron la misma decisión como una medida para recobrar la calma, aunque la restricción solo aplicó para el centro histórico.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, informó el viernes 22 que al menos tres personas murieron en las protestas que se realizaron el jueves y que cerca de 273 personas resultaron heridas en la jornada. «En las últimas horas las autoridades han confirmado la muerte de dos personas en Buenaventura y una más en Candelaria, ambos del departamento del Valle del Cauca», dijo.

De acuerdo con las declaraciones del funcionario las muertes ocurrieron tras supuestos intentos de saqueos en la región, sin embargo, a través de redes sociales se divulgaron videos en donde agentes del ESMAD ejercían uso de la fuerza contra los manifestantes.

El viernes 22 fue decretado toque de queda en toda Bogotá por el alcalde de esa entidad, Enrique Peñalosa, quien había anunciado que se implementaría un toque de queda en tres localidades al sur de la ciudad. Para garantizar su cumplimiento anunció que desplegaría unos 4 mil soldados y 7 mil policías. Esta medida fue tomada por «desórdenes» registrados en el departamento, sin embargo, Peñalosa había asegurado que no tomaría esta decisión porque «hay una presencia efectiva del cuerpo policial en la ciudad».

Esa noche se produjo el estallido de un coche-bomba que dejó tres policías muertos y siete más heridos en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca,

Ese día el senador colombiano Roy Barreras pidió al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, que investigara las denuncias sobre actos de vandalismo registrados en varios puntos del país inducidos para deslegitimar la protesta pacífica.

En las redes sociales se generó una campaña de miedo en la que advertían a residentes de algunas ciudades sobre supuestas oleadas de saqueos por parte de «vándalos». Habitantes de algunos sectores de clase media generaron reacciones adversas a la protesta por el temor a que fueran «invadidos por las hordas».

El sábado 23 tuvieron lugar masivas concentraciones pacíficas en varios puntos de la capital en las que los inconformes demandaron también que no se repriman las iniciativas que realizan. Sin embargo, como en ocasiones anteriores, el ESMAD utilizó gases lacrimógenos y dispersó las concentraciones mientras que el presidente Iván Duque insistía en que su gobierno respeta el derecho ciudadano a la protesta pacífica.

La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Defensoría del Pueblo denunciaron que un joven de 18 años, identificado como Dylan Cruz, fue impactado en la cabeza por uno de los artefactos de gas lacrimógeno empleados por ESMAD.

Un reflejo condicionado

A diferencia de otras jornadas de protesta en el continente, las de Colombia habían tardado en activarse y esto se debe a características particulares de la sociedad colombiana. La población es testigo de excepción de cómo se ha utilizado la crisis inducida por los mismos sectores que la dirigen en Venezuela para manipularla; así ha sido en cada proceso crucial, sea elecciones o protesta.

Esos resultados se reflejan en el desorden social, la pobreza y la miseria, el desempleo y el subempleo, la inseguridad ciudadana, el subdesarrollo económico industrial, la impunidad, inoperancia, laxitud y corrupción del aparato judicial.

Inocular el miedo a ser como Venezuela con conspiraciones y falsos positivos mientras se ataca permanentemente al vecino ya no parece suficiente para que el uribismo logre sus objetivos.

Tomado de Misión Verdad/ Foto de portada: Getty Images.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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