Nueva semana caliente en América Latina

Por Lídice Valenzuela

Tal parece que el cinturón volcánico de Los Andes, en el Sur de América, ha entrado en erupción, una metáfora que describe la rebelión popular iniciada en Chile, extendida a Bolivia luego del golpe de Estado presidencial y sigue hasta Colombia, donde los pueblos muestran su rebeldía en las calles contra las humillantes formas de gobierno en esos países.

Mientras, en Ecuador, por donde estallaron las protestas sociales contra medidas neoliberales del mandatario Lenín Moreno, dirigentes del partido Revolución Ciudadana alertaron de nuevo sobre la persecución política y judicial del gobierno y la violación de sus derechos humanos.

El Movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana denunció de manera pública lo que denominó como “permanentes abusos y violaciones a los derechos humanos desde entes de justicia y policiales de Ecuador”, contra dirigentes de esa organización, reporta la agencia noticia Prensa Latina desde Quito, la capital..

El régimen de Moreno, que responde a los intereses de los capitalistas ecuatorianos, ha lanzado una persecución política contra los líderes de Revolución Ciudadana, entre ellos el expresidente Rafael Correa, residente en Bruselas, miembros de su gabinete, y seguidores de su partido. Los últimos casos más sonados de persecución son los de Gabriela Rivadeneira y Paola Pabón, líderes de Revolución Ciudadana con cargos políticos en Pichincha.

Chile sigue en paro con el pueblo en las calles

Chile comenzó esta semana con una jornada de paro nacional escalonado convocado por las organizaciones sindicales de la Mesa de Unidad Social, como preámbulo de una huelga general prevista para este martes.

En una protesta continua, iniciada el pasado día 18 de octubre, millares de personas se manifiestan cada día en las principales plazas de la nación con el propósito de que el gobierno de Sebastián Piñera acceda a la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que redacte una nueva Carta Magna con propósitos alejados de la actual, redactada en la época de la dictadura de Augusto Pinochet y en plena vigencia.

Lo que comenzó por un alza de los precios del metro devino una avalancha de reclamaciones al dignatario, quien ha acelerado la proyección neoliberal en su mandato, y hoy solo posee un 12 % de popularidad debido, muy directamente, a su actitud represiva contra los manifestantes pacíficos.

El presidente, que dijo estar “en guerra” con su pueblo y desoye sus reclamos dialogando solo con políticos que nada tuvieron que ver con el estallido social, acordó hace una semana un proyecto constituyente concertado con algunas fuerzas partidistas —salvo el Partido Comunista, que no quiso participar— obviando los reclamos sociales de la población, que quiere que la ANC esté integrada por ciudadanos.

Los movilizados a diario rechazaron el llamado Pacto por la Paz por haberse suscrito por partidos de la coalición gobernante y la oposición, a espaldas del movimiento social y sin considerar sus principales reclamos.

La Central Única de Trabajadores (CUT), la Unión Portuaria, Federaciones Estudiantiles y decenas de agrupaciones sociales reconocen que el presidente desestima la gravedad de la crisis existente en el país, donde ya murieron 23 personas, 2 220 resultaron heridas con balines y perdigones —muchos han perdido la visión—, y más de 6 000 detenidos, muchos torturados y violados en las cárceles.

La víspera, millares de mujeres, grandes protagonistas de las concentraciones callejeras y víctimas del cuerpo de Carabineros, tuvieron un gran protagonismo, al conmemorarse el Día mundial contra la violencia de género. Por la noche, Santiago, la capital, sintió otro fuerte cacerolazo, forma de protestas nocturnas.

Esta jornada, las manifestaciones comenzarán a las 11:00 (hora local de Chile) en todas las ciudades de ese país rodeado por el cinturón de Fuego del Pacífico en la cordillera de los Andes, junto a Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia y Argentina.

El paro de este martes —que según fuentes sindicales podría extenderse— se realiza cuando Piñera anunció al Congreso un proyecto de ley “que permitiría la presencia del Ejército en las calles para resguardar la infraestructura” con rechazo inmediato entre quienes opinan que generará mayor represión.

Una noticia conmocionó a Chile en las últimas horas cuando se conoció que la periodista Albertina Martínez Burgos, de 38 años, fue hallada muerta, con signos de violencia, en su apartamento de la capital chilena.

Martínez Burgos falleció el pasado viernes, su documentación fotográfica fue robada. Ella registró en las calles las agresiones de carabineros contra los protestantes, en especial las féminas.

Desde que comenzó el estallido social, son centenares las personas que han sido sacadas de sus hogares, torturadas y desaparecidas por los represores chilenos, con la aprobación presidencial.

La encuestadora Cadem afirmó que Piñera fue desaprobado por el 81 % de los chilenos, quienes piden su renuncia en las manifestaciones, mientras su gabinete, según esa firma, fue desaprobado por un 80 %, y a favor de una nueva Constitución se pronunció un 85 por ciento.

Bolivia y las nuevas elecciones presidenciales

Las nuevas autoridades bolivianas, encabezadas por la exsenadora y autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, convocó a nuevas elecciones presidenciales, sin la participación del renunciante mandatario indígena Evo Morales, asilado en México desde el pasado día 12, tras ser amenazado de muerte, al igual que ocurrió con sus seguidores.

Luego de la salida de Evo y de su vice Álvaro García Linera del país, con la reinstalación del Congreso Nacional, con mayoría del Movimiento al Socialismo (Mas) liderado por Morales, y de un brutal castigo a los indígenas que protestaban en las calles por miembros de la policía y el Ejército, Añez propuso los nuevos comicios en menos de dos meses.

En solo 10 días murieron en El Alto y Cochabamba más de 30 indígenas opuestos al derrocamiento de Morales y en reclamo a su retorno.

En entrevista concedida a Prensa Latina en el Distrito Federal mexicano, Morales responsabilizó a la Organización de Estados Americanos (OEA) con las masacres en Bolivia, y reiteró el papel desestabilizador de esa institución, que él invitó equivocadamente como observadora de las elecciones y auditora de actas, sin que pusiera en práctica una política de conciliación, ya que se demostró que el Mas no cometió fraude electoral, principal acusación contra el mandatario. Se demostró que el plan golpista fue dirigido desde Washington.

Mientras, el vicepresidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, aseguró a la prensa que “Bolivia está en un momento muy difícil, pero seguirá la lucha en el nuevo escenario” e hizo referencia a la situación nacional. Morales es la máxima autoridad de la Coordinadora.

Durante un cabildo en Hauyllani, Rodríguez llamó a reflexionar tras la aprobación del proyecto para nuevos comicios presidenciales y aseguró que “Evo nos ha pedido unidad frente a esta adversidad”.

Mientras la presidenta interina de Bolivia firmó la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de nuevos comicios continúan las movilizaciones en Cochabamba y otras poblaciones,

Unos 15 días después del golpe de Estado hay una tenaz persecución contra los dirigentes del Mas, y 68 autoridades de diferentes niveles fueron obligadas a renunciar como parte del complot golpista del pasado día 10.

En una continua labor de desarme de las estructuras del Mas, la nueva ley de Añez entrega un plazo de 20 días para que la Asamblea Legislativa Plurinacional escoja a los miembros del Tribunal Supremo Electoral.

Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, indicados como principales instigadores del golpe y de la continua violencia, plantearon la posibilidad de participar en los venideros comicios como un binomio.

Otro peligro acecha a Morales. Al igual que hizo Lenín Moreno en Ecuador, Añez y otras figuras de la rancia derecha boliviana amenazan con arrestarlo por desacato de figuras judiciales, en la llamada cacería del sistema de justicia latinoamericano contra líderes progresistas de la región.

Colombia también vive una etapa de rebeldía popular, iniciada hace menos de una semana, que movilizó en Bogotá a miles de personas en una de las concentraciones más importantes de las últimas décadas. Los sectores populares urbanos —ya no es solo el de campesinos e indígenas— asumieron el liderazgo en las luchas contra el régimen derechista de Iván Duque.

El malestar generalizado en la población y una fuerza organizativa con capacidad de convocatoria y de mantener la lucha son puntos clave del estallido social ocurrido bajo la dirección del Comité Nacional del Paro y la Central Única de Trabajadores.

Las movilizaciones sociales comenzaron el pasado jueves cuando los ciudadanos coparon las calles de las principales ciudades para manifestar al Gobierno el rechazo a su intención de hacer una reforma laboral y del sistema de pensiones, que podrían perjudicar a los trabajadores.

Los colombianos han entrado en una etapa de desobediencia a la derecha en que han perdido el miedo. Han desafiado y enfrentado la represión, los allanamientos y las amenazas, el toque de queda y la militarización. Es indudable que los cacerolazos nocturnos y las movilizaciones diurnas constituyen un desafío a las autoridades.

Tres personas fueron asesinadas durante las protestas en el Valle del Cauca y hay un número indeterminado de heridos. En su defensa, el gobierno usó las redes sociales para tratar de crear temores en el pueblo pasando mensajes de que sus casas serían atacadas por vándalos, como una guerra psicológica para evitar que salgan a las calles. .

La población acusa a Duque de mantener paralizado su gobierno en cuanto a resolver los graves problemas sociales, como el desempleo, y nada indica que resolverá ese y otros asuntos en los tres años que le quedan de mandato por delante. Solo está dedicado a atacar al gobierno legítimo de Venezuela con amenazas violentas, y a destruir el Acuerdo de Paz de 2016.

El presidente, considerado un títere de la política exterior de Estados Unidos, es responsable, según expertos, de mantener un modelo económico-político orientado desde los centros de poder mundial, responsables del precario desarrollo nacional, la concentración de la riqueza y el poder político, y la creciente inequidad de las poblaciones.

El caldo de cultivo de las actuales protestas populares se fortaleció con las dinámicas de la corrupción, que colapsaron partidos políticos, desmoralizaron el poder público y las costumbres ciudadanas.

Un largo camino tienen las masas populares de Colombia, entre ellas mantener la unidad del movimiento social y el Comité Nacional del Paro, las fuerzas organizativas que sacudieron al aparente inamovible gobierno de Duque y su padrino político Álvaro Uribe.

Los volcanes están estallando. Hay que observar cuánta basura arrastran en su lava.

Tomado de Cubahora

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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