Argentina: S.O.S. por la vida del periodista argentino Facundo Molares

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Por José Luis Méndez Méndez/

Especial para Resumen Latinoamericano

Han transcurridos más de dos meses desde que los servicios de inteligencia de los golpistas bolivianos, secuestraron por la fuerza del Hospital Japonés, en Santa Cruz de la Sierra,  al agonizante periodista gráfico argentino Facundo Molares, en contra de la voluntad expresa y por escrito de las autoridades de ese centro hospitalario,  a  donde había llegado derivado de una clínica privada, con politraumatismos consecuencia de golpes recibidos y con una aguda crisis renal y respiratoria que demandó la urgente la respiración asistida.

En la Bolivia actual, es letra muerta el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José, Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, ratificada el 19 de julio de 1979 y aceptada la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de julio de 1993, por ese país, según consta en la nota enviada a la Secretaría General de la OEA, No. OEA/MI/262/93.

El referido artículo estipula: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.

La condición de total confinamiento a la que ha estado sometido Molares, en cárceles bolivianas, constituye un inobjetable ejemplo de falso positivo,  se ha violado todo lo declarado en la mencionada Convención. La Corte, en su artículo 63, es precisa en el procedimiento a emplear  para juzgar y condenar a quienes la violen, incluso prevé, en casos de extrema gravedad y urgencia, como el del periodista argentino víctima de terribles apremios, tomar medidas  para “evitar daños irreparables a las personas”. Señala, además, que le asiste el derecho a la víctima a que se le reparen e indemnicen las consecuencias de la vulneración de sus derechos. Es perentorio que la OEA, por medio de la Corte y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, creado para este fin,  tome conocimiento y actué acorde con su mandato para poner coto a los desmanes contra Molares, quien desde entonces está en total aislamiento, como rehén del gobierno de facto, con el deterioro progresivo de su visión, según los escasos trascendidos recibidos de su depauperado estado de salud.

Aún, se priva a su familia de acompañarlo, apenas visitarlo, hacerle llegar medicamentos necesarios y ausentes en la terrible prisión donde se le confina, sin asistencia legal, limitado auxilio consular, los abogados que han intentado asumir su caso, han sido intimidados y por ende declinado representarlo, quedando en total indefensión e incertidumbre. Incoado en una causa de múltiples inculpados y de dudoso contenido judicial, sin asideros evidénciales que le den crédito a la acusación, pero manipulable con fines políticos. Urge una medida cautelar que le preserve la vida.

Por su parte, el artículo XXVI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,[1] con claridad diáfana establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales… y a que no se le  imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”. En el caso de Molares, todo esto ha sido violado.

El joven Molares está en una situación muy vulnerable, es inminente que sus captores dispongan su destino final, ante la imposibilidad de poder juzgarlo y demostrar su supuesta culpabilidad en los apócrifos ilícitos que se le inculpan, se ha conculcado su condición de inocente hasta que la justicia demuestre lo contrario en un juicio imparcial con apego el debido proceso y con las garantías previstas en derecho para un sumario objetivo.

Tal y como aconteció en los años aciagos del Plan Cóndor, cuando los militares bolivianos, capturaban, torturaban, entregaban a perseguidos políticos a sus pares represores en el continente o los desaparecían, ahora violan de manera sistemática los Derechos Humanos con la total impunidad que les ha dado el asaltó el poder y el terrorismo de Estado que han implantado.

Urge demandar a los gremios de periodistas, movimientos sociales, a las entidades defensoras de los Derechos Humanos, los medios de comunicación, las redes sociales y a los simples ciudadanos que asuman la solidaridad en defensa de la vida de este joven, para que se evite un nuevo crimen en la convulsa Bolivia.

[1] Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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