Los tentáculos del Pentágono se expanden en América Latina (Parte II)

Por José Luis Méndez Méndez/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

En los planes de Estados Unidos, aparece un término cada vez más socorrido: “Nación Huésped”, a ella se le atribuye la posibilidad de poder obtener ayuda militar y asesoría estadounidense para enfrentar la amenaza interna a su seguridad causada por individuos sin ley, como los narcotraficantes, que en el caso de Colombia, fue el titulado “Plan Colombia”, que se ha fortalecido con la presencia de numerosas bases militares en su territorio, también en la “Iniciativa Mérida”, para México y otros proyectos en Centroamérica. Al narcotráfico se ha sumado los movimientos sociales, todo lo que disienta de los intereses estadounidenses o intenten revertir los cambios neoliberales implantados en países latinoamericanos.

Este emprendimiento intervencionista venció las limitaciones impuestas a la agencia USAID para el apoyo policial extranjero, en el contexto de la hasta entonces  vigente Enmienda 660 de la ley de asistencia exterior de 1974, que fueron  definitivamente suprimidas en el 2008, cuando se aprobó la mencionada Iniciativa de Mérida o Plan Mérida. Este nuevo programa contemplaba la entrega de 400 millones de dólares al gobierno mexicano y 65 millones a los del área centroamericana, una parte del cual sería destinada al entrenamiento de las fuerzas policiales.

Al terminar la primera década del presente siglo, la USAID fue formalmente incorporada en la Iniciativa Interagencial de Contrainsurgencia de Estados Unidos, junto al Departamento de Estado y el Pentágono. En 2007, se había publicado el documento, “La Contrainsurgencia para los políticos del gobierno de Estados Unidos: Un trabajo en progreso”, que destacaba a la USAID como un ente fundamental para asegurar el éxito de las operaciones de contrainsurgencia.

Al hacerse pública la incorporación de la USAID en cualquier iniciativa de contrainsurgencia contra movimientos y estados  soberanos considerados “adversarios” por Washington, se está evidenciando su retorno oficial a los programas de entrenamiento de las fuerzas represoras en el mundo, que otrora fueran fuentes de  acciones criminales y de la práctica de la tortura, lo que de hecho la convierte en una agencia de guerra, con los remiendos de su disfraz  humanitario.

La presencia contrainsurgente estadounidense en El Salvador, es un ejemplo de la forma sutil de intervención de moda en las primeras dos décadas del siglo XXI y que se extiende con sus múltiples tentáculos en toda la región y más allá. Así, la oficina del Departamento de Defensa de la embajada de Estados Unidos en El Salvador es un componente importante del programa de Seguridad Ciudadana en Centroamérica a través de la titulada Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica, CARSI, así como para velar y apoyar a las Fuerzas Especiales del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM).

El Gobierno de El Salvador recibe el apoyo del Buro de Investigaciones Estadounidense, FBI. Esta oficina ayuda a la investigación de la  policía nacional salvadoreña y de la unidad Anti-Banda Especializada,  con el objetivo de realizar operaciones de conjunto entre el Gobierno salvadoreño y los fiscales estadounidenses para apoyar a investigar y perseguir a los cabecillas de las bandas delictivas, sus recursos económicos, e identificar uniones transnacionales vinculadas a estas bandas en Estados Unidos y El Salvador, además tiene dominio total sobre los procedimientos, personal y los recursos, que son objetivos centrales de la intervención.  Como es evidente este aparente esfuerzo anti crimen, permite instalarse en las estructuras de seguridad y policía coparlas hasta dominarlas, hacerlas dependientes de la ayuda estadounidense, sin ellas llegaría el caos. Baste preguntarse, de dónde salieron las entrenadas y armadas bandas criminales como los temibles Maras. Sus orígenes y estructuras se ubican en Estados Unidos, de allí fueron enviadas como “deportados” a sembrar la inestabilidad en la región centroamericana. Creado el caos, hay que acudir a los estadounidenses para recuperar el control supervisado y a expensas de someterse.

Con este propósito se han firmado acuerdos para la creación de instrumentos que hagan efectivas las intenciones de control, como el Memorando de Entendimiento, que dio luz verde a la creación del Centro de Intervención de Telecomunicaciones Electrónicas (CITE).  Para equipar se destinaron más de 5 millones de dólares para hacer que el CITE cumpliera sus funciones. En teoría, este acuerdo provee un marco legal para que las escuchas telefónicas puedan ser utilizadas como evidencia en los juicios contra quienes integren estructuras del crimen organizado tanto en Estados Unidos de América como en El Salvador, basada en la iniciativa Mérida/CARSI entre ambos países, pero además se convierte en un medio para el espionaje político, ilícito tan frecuente en países de la región, donde Colombia ha marcado un record. Este mecanismo vulnera de manera sustancial los derechos civiles y humanos de los ciudadanos, al ser expuestas sus conversaciones privadas al control internacional, ya que en el acuerdo está previsto el intercambio informativo entre las agencias de seguridad regionales y sus matrices en Estados Unidos.

El posicionamiento estadounidense en el área centroamericana es un sistema. Entre los proyectos de mayor envergadura e importancia donde el apoyo por parte del Gobierno de Estados Unidos es vital, se encuentra la creación del Centro de Intervención de Telecomunicaciones, CIT, que es una variante del explicado CITE, en el año 2011 por medio de la firma de una enmienda a la Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida (CARSI) entre Estados Unidos y El Salvador. La enmienda permite agregar al acuerdo original una nueva actividad titulada “El Programa de Vigilancia Electrónica”, que complementa la escucha telefónica para todos los fines.

Estos proyectos tienen un marcado carácter militar, aumentan y refuerzan la “Iniciativa Mérida” que se ha visto expandida a  la región central. De esta manera aumenta la presencia y apoyo de militares de Estados Unidos en la zona.

Documentos secretos de la Embajada estadounidense en El Salvador, desclasificados revelaron que una de sus líneas de trabajo era ampararse en la instrumentación deficiente de los Acuerdos de Paz de 1992, que había provocado entre otros males el incremento del crimen violento, cuya cuna, fue explicada.

La mencionada Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), propuesta por el presidente de Estados Unidos como una ampliación del Plan Mérida, ha permitido insertar y mantener la presencia norteamericana en el país.

La creación de estas alianzas “innovadoras”, de dominación, como parte de la “Iniciativa Mérida”, con el supuesto pretexto inocuo de combatir el crimen en Mesoamérica y el Caribe, la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central, CARSI trabaja para conectar al Gobierno, con la sociedad civil y la empresa privada, es decir penetra el tejido político, empresarial y social de la sociedad para crear dependencia que justifique una permanencia indefinida.

Los tentáculos imperiales se han extendido hasta el Cono Sur, de forma acelerada.

Los intentos en Argentina, fueron frenados en la década pasada, recordar la llamada base “humanitaria” del Comando Sur en el Chaco, que pronto se diluyó y emergió el verdadero interés de tener una avanzada para una base militar de control y monitoreo de los Estados Unidos en territorio argentino de forma encubierta.

Al paso salió el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, quien desmintió esa intención y en su lugar adelantó que se crearía el Centro de Operaciones y Almacenamiento que funcionará en el predio del aeropuerto de Resistencia y que estaría a cargo de la Dirección de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno de Chaco.

Añadió que el controvertido Centro para Emergencias había sido “donado” por la Embajada de los Estados Unidos, pero esta afirmación fue desmentida entonces por el  coronel Edwin Passmore, representante del Comando Sur de los EE UU, quien reveló  que la construcción del Centro había sido acordada entre Capitanich y el ex embajador Earl Anthony Wayne y aseguró que el Centro estaría financiado por el Comando Sur.

Fue difícil de entender entonces cómo un programa con apariencia civil es realizado por un comando militar de los EE.UU., que no guarda relación de dependencia con la embajada de ese país, que es la que debería tener a su cargo o patrocinar programas civiles. La sospecha aumentó con los antecedentes del coronel de marras, experimentado en operaciones de inteligencia que actuó en Afganistán y fue expulsado de Venezuela por espionaje en el año 2008. También por haber cumplido “tareas humanitarias” en la invasión de Afganistán y haber actuado como asesor de Inteligencia del ministro de Defensa de Kuwait durante la invasión a Irak.

El susodicho militar, no es el único funcionario declarado persona non grata en el continente que terminó recalando en Buenos Aires. Ocurre que luego de varias expulsiones de personal militar y de la DEA de Bolivia, Venezuela y Ecuador por injerencia en los asuntos internos y actividades de espionaje, muchos de esos funcionarios fueron reasignados en la Embajada de los EE.UU. en Buenos Aires, colmada de tantos militares y agentes antidrogas.

Sobre este intruso habitual, en marzo de 2009, la entonces ministra de Defensa Nilda Garré ordenó desalojar a militares de los Estados Unidos del Edificio Libertador (Sede del Ejército Argentino). El Grupo Militar de los Estados Unidos en la Argentina ocupaba desde el año 1960, oficinas del piso 13 en el Edificio Libertador. Además contaba con otras delegaciones en el Edificio Libertad de la Armada y en el Edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, no por casualidad a cargo de esta tropa militar estaba el citado coronel Edwin W. Passmore. Sobre otras andanzas de este castrense estadounidense se puede ampliar sin mucho esfuerzo en Internet. La instalación encubierta no se logró entonces por decisión federal del soberano gobierno argentino.

Pasó una década y una vez más, en marzo de 2018 el Comando Sur hizo pública su estrategia para América Latina en los próximos diez años. Estados Unidos tiene más de 76 bases en América Latina. Entre los países donde hay más presencia se encuentran: 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia y 8 en Perú, concentrándose como explicamos la mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe. Los pretextos más manidos para su instalación son la situación en Venezuela y Cuba, la manoseada lucha contra el narcotráfico, redes ilícitas regionales y transnacionales, así como la mayor presencia de antagonistas de Estados Unidos en el área, entre otros argumentos.

La saga de esta estrategia sigue…

Foto de portada: YVKE Mundial.

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Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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