Colombia. Crisis y salud pública durante la pandemia

¿Cómo se podría analizar el papel del Gobierno Nacional de Colombia frente a la crisis actual que afronta el país? Existen al menos tres perspectivas fundamentales desde las cuales se puede revisar con lupa la labor del gobierno de Iván Duque durante la pandemia.

Intervención de la crisis desde la asistencia social: La crisis de la salud pública en un país en el que la realidad de millones de colombianos es la pobreza estructural, ha implicado para el Gobierno Nacional la obligatoriedad de generar estrategias de intervención asistencialista, focalizando estas ayudas económicas en las poblaciones «más vulnerables», no solo por la endémica pobreza en la que transcurre su cotidianidad, sino porque también eso los hace más vulnerables a esta epidemia global que ha puesto el mundo a sus pies.

A todas luces como medidas paliativas y de mitigación, este plan de contingencia basado en el asistencialismo ha sido y seguirá siendo insuficiente por las profundas condiciones de injusticia social y desigualdad económica en la que está enraizada nuestra sociedad colombiana. No deja de ser preocupante, entre otros asuntos, que se administre y gestione la crisis a través de recortes presupuestales a los territorios, que no se sancionen decretos y leyes que prohíban a los empleadores y empresas el despido de sus trabajadores, que se presente a la opinión pública la oferta del endeudamiento a través de créditos como una opción para la satisfacción de las Necesidades Básicas Insatisfechas en tiempos de aislamiento y cuarentena.

La figura del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Nacional debe ser objeto de seguimiento por parte del sistema de justicia en Colombia y por parte del Senado y Cámara de Representantes, pues esta declaratoria de Estado de excepción debe estar blindado por un profundo enfoque de derechos para toda la población colombiana, y no de estrategias de inversión del gasto social y público en el sistema financiero o en beneficio de gremios económicos y otros sectores privilegiados y adinerados de la sociedad colombiana.

Voluntarismo altruista: Ausencia del Estado que es mediada por los Gobiernos Locales y el Gobierno Nacional para que a través de «voluntariados y caridad» se pueda contribuir a solucionar la crisis de manera colectiva. Este hecho se traduce en la transferencia o delegación de la responsabilidad del Estado a la sociedad civil.

Paradigma punitivo: Fundamentado en impartir castigo a quienes no cumplan con el aislamiento preventivo o la cuarentena. Este castigo pretende ser primordial y esta asociado a medidas sancionatorias de carácter económico y penas privativas de la libertad. Frente a este punto es importante mencionar que el Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales se han limitado a adoptar leyes, normas, decretos y resoluciones con medidas de excepción, pero estas medidas son paliativos, máxime si tenemos en cuenta que no basta con limitar o restringir el derecho a la movilidad humana, cuando de lo que se trata es de que están en GRAVE riesgo todos los derechos fundamentales, especialmente el de la vida, la alimentación, la salud, el trabajo, la vivienda. De todos estos derechos, el más importante de reconocer, promover y proteger es el derecho de millones de colombianos y colombianas a la alimentación, que es por tanto el derecho a no tener hambre, que en esencia es indispensable para garantizar el derecho fundamental a la vida.

Si no se adoptan medidas correctivas en varios sentidos de la intervención del Gobierno Nacional o los Gobiernos Departamentales y Municipales, podríamos asistir a una crisis humanitaria y social de enormes dimensiones, que aunada a la ya esperada crisis económica, podría implicar gravísimas consecuencias contra la población colombiana -tal vez los de siempre, los violentados, marginalizados y excluidos.

Por Carolina López Giraldo

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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