Las cárceles de América y el peligro de que se conviertan en bastiones del coronavirus

Por Santi Carneri.

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia de COVID-19 (y a fecha de la redacción de este artículo, primera semana de mayo), más de un millar de personas han escapado de cárceles del estado brasileño de Sao Paulo (Brasil), al menos 25 han muerto y 87 han sido heridas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Otras cinco personas murieron en motines en varias cárceles de Argentina. Y 47 habrían perdido la vida el 1° de mayo en el centro penitenciario venezolano Los Llanos, según diversas fuentes oficiales, entre ellas el Alto Comisionado de Derechos Humanos de NNUU. En Perú se contabilizaron nueve fallecidos en altercados similares y en Colombia, una protesta masiva recorrió todos los presidios del país.

En este periodo, decenas de internos han escapado y se han amotinado en Estados Unidos. Hasta la fecha, 380 hombres y mujeres encarcelados han muerto (por coronavirus), una cifra que supera a todos los fallecidos por pena capital en el país en la última década. Además, las estimaciones de fallecimientos asociados a las prisiones son sombrías (hasta 100.000, según un informe de la ACLU). En Centroamérica, en países como Honduras y El Salvador son las bandas criminales las que gobiernan las prisiones y no el Estado, que solo ha restringido el acceso a las mismas. Los internos creen que, en esta crisis sanitaria, solo les queda cuidarse a sí mismos.

Amanecer cada día pensando en cómo enfrentar la enfermedad si me contagio, sabiendo que la población penitenciaria no es primordial, cuando la sociedad entera vive desesperada… Si en tiempos normales es un infierno, ¿se imaginan en tiempo de catástrofe pandémica?”, cuenta a través de mensajes de teléfono a Equal Times un interno de Tacumbú, la mayor prisión de Paraguay.

En todos los países del continente los temores de las personas encarceladas son los mismos. No hay lugar para mantener distancias de seguridad. La higiene reina por su ausencia, conseguir agua y jabón es más difícil que nunca y la prohibición de visitas familiares —única medida común en casi todos los países— deja hambre. Mucha hambre. Porque hasta para comer la mayoría depende de las ayudas materiales y económicas que les traen sus parientes.

Un brote de COVID-19 en las prisiones de Latinoamérica sería catastrófico”, nos explica el investigador de Human Rigths Watch para Brasil Cesar Muñoz. “En general en América Latina con la situación actual de hacinamiento es imposible aplicar las medidas de distanciamiento social para responder al virus. Simplemente no hay espacio”, agrega.

Aproximadamente 1,6 millones de personas están recluidas en prisiones en América Latina, según datos del World Prison Brief, una plataforma del Instituto para la Investigación de Políticas de Criminalidad y Justicia (ICPR, sigla en inglés), que hace parte de la facultad de derecho de Birkbeck (Universidad de Londres).

En el caso de Brasil, de sus 210 millones de habitantes, unos 773.000 viven entre rejas, en un sistema diseñado para la mitad de este número (aproximadamente). Una cifra que representa las dos terceras partes de la población reclusa de toda Latinoamérica; este país está seguido de cerca en número solo por México, con 198.000 personas encarceladas. Haití, por su parte, es el país con más hacinamiento en sus penales: con una ocupación que ronda el 454%.

El hacinamiento se traduce en personas durmiendo por los suelos, sin acceso directo a agua corriente, un baño decente o alimentos en buen estado. Significa también menos o nulo acceso a tratamientos de salud, a educación y trabajo. “Hasta las celdas de aislamiento están llenas ya. ¿Qué pasa si un detenido tiene síntomas de coronavirus? ¿Dónde lo meten?”, se pregunta Muñoz.

La reacción inmediata y común de las autoridades de todos los países ha sido “cerrar” las cárceles. No permitir visitas de familiares, abogados ni jueces a menos que sean imprescindibles, pero según Muñoz esta idea es “ilusoria, un mito”. Porque a las prisiones siguen yendo cada día los funcionarios, la policía, proveedores de comida y otros servicios que generan igual un flujo de contacto.

“La falta de filtros en las prisiones brasileñas a diferencia de las estadounidenses o europeas ofrecen las condiciones perfectas para el contagio del virus y lo sabemos por el alto nivel de contagio de tuberculosis, que se transmite de la misma forma que la COVID-19”, recuerda el investigador de la organización de derechos humanos HRW.

Las prisiones, una realidad ignorada

Sin embargo, las cárceles son un tabú del que pocos hablan y que solo las familias de los internos y los trabajadores (abogados, guardias, médicos, educadores, etc.) conocen. Los demás apenas nos enteramos cuando algo extraordinario como un motín, una fuga o un asesinato salta de un presidio de algún rincón del mundo a un medio de comunicación.

También cuando algún personaje público o ‘celebridad’ es recluido en algún penal. Como pasó recientemente con el futbolista brasileño Ronaldinho Gáucho, enviado a prisión por entrar en Paraguay junto a su hermano con pasaportes falsificados. Imputados por ese delito, la fiscalía los mantuvo en prisión preventiva mientras investigaba su relación con una red de lavado de dinero.

Pero ellos no son, ni mucho menos, los únicos en probar la prisión preventiva en América: alrededor del 50% de las personas privadas de libertad en el continente están a la espera de ser juzgadas. Es decir, que no sabemos si son culpables, pero están encerradas igualmente, en condiciones “infrahumanas”, “medievales” y otros apelativos parecidos que dan los expertos de derechos humanos a las prisiones que hoy son el caldo de cultivo perfecto para la propagación del virus que hace estragos en China, Europa y Estados Unidos y atemoriza al mundo entero.

Las demoras del Poder Judicial en muchos países del continente pueden superar los tres años y la mayoría de las personas en América pasa seis meses de media esperando a ser llevada ante un tribunal, quizá cumpliendo una pena mayor de la que le habría impuesto una sentencia. En Bolivia y Paraguay, la tasa de personas encarceladas sin condena supera el 70%, según datos oficiales.

Paraguay es el país de América Latina con el porcentaje más alto, un 77%, aproximadamente, según su Gobierno. El quinto a nivel mundial. Por eso, en una celda donde deberían dormir dos personas duermen seis o más. Como en Tacumbú, la cárcel más grande del país y que alberga a más de 4.000 personas en vez de a las 1.300 para la que fue prevista.

Aquí, los internos se ven obligados a construir, comprar o alquilar espacios, camas, colchones, habitaciones y cualquier electrodoméstico que quieran usar. Para colmo por precios más altos que fuera de la prisión. Los que están en pabellones (edificios originarios) cuentan con dos baños a compartir entre 60 y 80 personas.

El uso de la prisión preventiva debería ser la excepción, pero en muchos lugares es la norma, especialmente para la gente pobre acusada de tráfico de drogas, pero si estás acusado de corrupción y tienes buenos abogados no vas a pasar la espera de tu juicio en prisión”, matiza Muñoz.

En Tacumbú la falta de espacio obliga a unos doscientos hombres a dormir en los patios y pasillos, con suerte en un colchón, pero lo más habitual, sobre una manta roída. Son tantos y llevan tanto tiempo en la misma situación que los llaman “pasilleros”. Son los más pobres de entre los pobres. Y aunque hasta la fecha no se ha confirmado ningún caso de coronavirus en las cárceles de Paraguay, ya hubo dos casos sospechosos.

La situación es bastante tensa. Hay audios con advertencias, comunicados y vídeos alertando de la posibilidad de una medida de fuerza porque están sin visita pero los guardias siguen entrando y saliendo y no les protegen”, relata a Equal Times Dante Leguizamon, abogado paraguayo que preside el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNNP), organismo estatal independiente encargado de denunciar y prevenir las violaciones de derechos humanos contra las personas bajo custodia del Estado paraguayo. “Teóricamente el Gobierno ha hecho un esfuerzo en mejorar el acceso a la higiene y limpieza pero el problema es tan profundo… No hay luz, falta circulación de aire, no hay ni colchones…”, detalla el experto.

“Estamos sufriendo mucho la ausencia de visita. Es lo más vital para nosotros y nos permite estar comunicados con nuestros familiares. Esta falta de comunicación nos genera una preocupación permanente. Día y noche”, nos cuenta otro interno de Tacumbú, que pidió no revelar su nombre para no sufrir castigos, ya que la comunicación a través de telefonía o Internet está restringida.

Las cárceles centroamericanas enfrentan la pandemia entre el caos (adentro) y el desinterés (afuera)

En El Salvador, Guatemala y Honduras, aunque con matices, las pandillas han tenido el control de los penales donde están recluidas. De hecho, y después de terroríficas masacres en las últimas dos décadas, las diferentes pandillas consiguieron ser recluidas en penales diferentes y exclusivos para miembros de su organización. Esto ilustra la lógica bajo la que operan los sistemas penitenciarios del norte centroamericano.

En El Salvador, desde 2004 hasta 2018 los miembros de las estructuras Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18 estuvieron recluidos en penales diferentes. Si bien es cierto que en este país las autoridades han ido tomando cada vez más control sobre los internos, estos recintos continúan siendo lugares donde la pandilla decide quién vive y quién muere.

En estos países la autoridad es un espacio negociado entre el poder estatal y el poder criminal, y cada parte parece comprender el espacio que le toca administrar. El Estado básicamente se ha encargado de que los reclusos no se escapen, o no de forma masiva, y los reclusos se encargan de lo que sucede adentro.

Internos de prisiones de Honduras, Guatemala y El Salvador explicaron a este medio que esta especie de autogestión los protege, sobre todo, del Estado mismo, de su burocracia, su corrupción y su violencia. En las dos décadas anteriores, en Honduras se quemaron dos penales y un centro de reclusión de menores, se desataron al menos 15 motines en los tres sistemas penitenciarios y murieron al menos 200 personas en estos incidentes. De modo que, los penales del Norte centroamericano se gestionan así ahora: hacia fuera el Estado, hacia dentro las pandillas.

Pero este sistema se torna eminentemente negativo en el capítulo de salud. En estos años han ocurrido epidemias de enfermedades como la tuberculosis, el rotavirus, el VIH y la escabiosis. Un exmiembro salvadoreño de la pandilla Barrio 18, organización nacida en Estados Unidos y presente en México y Centroamérica, cuenta así su experiencia después de haber contraído tuberculosis dentro del centro penal de Izalco:

Casi no había tratamiento, solo acetaminofén para la fiebre y aspirinas. Los homeboys (compañeros) creían que me iba a morir. Estaba tirado en una celda ya sin poder moverme y lo único que me dieron fue una mascarilla. Así estábamos varios. Lo único que nos quedaba era encomendarnos a Dios”.

El caos administrativo, que permite a los capos y los pandilleros gobernar puertas adentro, sumado al desprecio histórico de los Gobiernos del norte centroamericano hacia su población penitenciaria, crean un panorama poco alentador para hacerle frente a la pandemia de COVID-19. El virus aún no entra del todo a esta región. Al 9 de mayo los tres países del norte centroamericano suman 3.455 contagios y 147 fallecidos, pero ya se pueden intuir prioridades de los Gobiernos. Algo está claro. Los sistemas penitenciarios no serán una.

En palabras del vocero nacional de la pandilla Mara Salvatrucha 13, en El Salvador: “en ningún hospital le van a quitar un respirador a un rico para ponérselo a un pandillero o a alguien que venga de nuestras comunidades”.

Estados Unidos, el país más afectado

Estados Unidos es el país con más personas encarceladas per cápita en el mundo con 2,3 millones de prisioneros (698 personas presas por cada 100.000 habitantes) y se ha convertido en poco tiempo en el país con más contagios. La ciudad de Nueva York se convirtió a finales de marzo en el epicentro de la pandemia y ahora los internos y trabajadores de sus cárceles están en serio riesgo. Mientras las autoridades han prometido excarcelaciones de las que se han producido pocas, el virus se extiende rápidamente.

El estado de Nueva York tiene el triste honor de tener uno de los mayores porcentajes del total de infectados de Estados Unidos, con al menos 332.931 casos y según las autoridades ya hay más de 10.000 infectados de coronavirus en su sistema de prisiones.

La COVID-19 se abrió paso en el sistema penitenciario estadounidense a finales de marzo, entonces las autoridades penitenciarias neoyorquinas confirmaron que dos internos de la Wende Correctional Facility dieron positivo al virus —uno de los contagiados, según múltiples reportes de prensa estadounidense fue el exproductor de cine Harvey Weinstein, condenado por violación recientemente—.

El coronavirus también llegó a la cárcel de la isla de Rikers de Nueva York, convirtiéndose en un nuevo foco. Tanto los internos, como los trabajadores del centro penitenciario describen un lugar insalubre, prácticamente sin equipos de protección personal y con espacios reducidos, que impiden mantener distancias de seguridad. Al menos 180 internos, 114 guardias y 23 trabajadores de la salud han dado positivo por el nuevo virus en el penal, según informes citados por Democracy Now!. “Emocionalmente, estoy hecho un desastre. Tengo asma crónica y temo por mi salud. Temo por mi seguridad. Estoy tremendamente deprimido”, cuenta un interno de Rikers, que relata la difícil situación que están viviendo allí y que da una idea de lo que ocurre en otros centros penitenciarios.

Según reportaron las autoridades carcelarias estadounidenses, en otras prisiones como en la estatal de Ohio, Marion Correctional, ya había al menos 2.026 casos confirmados entre los reclusos a finales de abril, lo que supone casi tres cuartas partes del total de su población. También 162 miembros del personal habían dado positivo. En Marion fallecieron con coronavirus cuatro internos y al menos suman 19 en todos los penales de Ohio.

Aparte de las prisiones, en Estados Unidos están los centros de detención de inmigrantes donde hay retenidas más de 39.000 personas. Más de 3.000 profesionales médicos y numerosos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes pidieron la libertad de los detenidos, al igual que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rigths Watch.

Recomendaciones: Reducir el hacinamiento es el único camino

HRW urgió a los Gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a reducir el número de personas hacinadas en sus cárceles y centros de detención juveniles para prevenir posibles brotes de la COVID-19 y así evitar “las consecuencias negativas muy graves para la salud del resto de la población”.

Algunos Gobiernos, como los de Chile, Argentina y Brasil ya han adoptado “medidas para permitir el arresto domiciliario u otras alternativas al encarcelamiento para ciertas categorías de reclusos”, apunta HRW, que pide al resto de países que “consideren alternativas”.

“La única forma es reducir el hacinamiento y se puede hacer de forma realista, responsable y legal, sin poner en riesgo la seguridad pública. La solución no es una liberación masiva de presos, pero a mucha gente se le puede hacer una liberación condicional”, resume Muñoz.

Esta organización y muchas otras piden a los órganos de Justicia que usen las medidas alternativas a la prisión, refuercen los filtros de control, capaciten al personal y a las personas privadas de libertad y den equipamiento adecuado para cuidarse la salud y no extender los contagios.

“Pueden liberar a las personas que hayan cumplido porcentajes muy altos de su pena, o que estén en régimen semiabierto. Pueden imponer arrestos domiciliarios, controles electrónicos, pero no estamos viendo suficiente consciencia de parte de los Gobiernos de la gravedad del problema y el impacto catastrófico que tiene en las prisiones de la región”, alertó Muñoz.

Por ejemplo, en Nueva York fue ordenada hace semanas la liberación de 1.100 personas y en California se ha decretado la libertad anticipada para 3.500 personas que estaban a punto de cumplir sus condenas por crímenes no violentos. En El Salvador unos cientos y también en Chile o Argentina. Pero son porcentajes mínimos.

Muñoz concluye con esta advertencia: “Un brote de COVID-19 en prisiones es una amenaza también para la población en general, si hay un foco en las prisiones ese virus va a salir. Es un foco de incubación y contagio del brote tremendamente peligroso para poblaciones aledañas y toda la población [en general]”.

Tomado de Equal Times/ Foto de portada: Ivan Valencia/ AP Bogotá. 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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