Legislador exige garantías para líderes sociales en Bolivia

El gobierno de facto debe respetar los derechos de los líderes sociales y promulgar la Ley de Garantías que lo haría posible, exigió hoy el presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Sergio Choque.

“Lo que sí queremos y exigimos es que de una vez por todas el Gobierno nacional apruebe y promulgue la Ley de Garantías, que ya hace más de siete meses sigue durmiendo en el despacho de la presidenta transitoria”, aseguró el legislador del mayoritario Movimiento al Socialismo.

Al descartar la necesidad de nuevas disposiciones legales y abogar por el respeto a la diversidad de opiniones y la libre expresión, Choque recordó que la normativa fue aprobada por el órgano legislativo en enero del año en curso, sin embargo, aún no es sancionada por la administración de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.

El titular reiteró la demanda a raíz de varias iniciativas de aprobar una nueva ley que proteja a los dirigentes sociales relacionados con las protestas de los últimos días convocadas por la Central Obrera Boliviana y organizaciones sociales aglutinadas en el Pacto de Unidad.

Las manifestaciones en el país amazónico-altiplánico demandaban la realización de las elecciones generales el 6 de septiembre del año en curso y no el 18 de octubre como de manera unilateral determinó el Tribunal Supremo Electoral.

Empero, tras dos semanas de protestas se aprobó una legislación que estipula esa fecha última como el plazo máximo para el proceso electoral, prorrogado en tres ocasiones anteriores.

La Ley de Garantías establece, entre otros puntos, que se tramite la liberación de personas detenidas por participar en movilizaciones desde el 21 de octubre de 2019 en medio de revueltas que desembocaron en el derrocamiento del mandatario constitucional y ganador de las elecciones del 20 de octubre, Evo Morales, así como en las protestas posteriores.

Instituye, asimismo, respetar las garantías de ciudadanos bolivianos y extranjeros que residen en el país, incluidos líderes sociales.

El Ejecutivo de facto y las fuerzas políticas afines rechazaron la ley por considerar que favorece la impunidad.

Máximo responsable de la represión contra los movimientos populares en Bolivia, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, mantiene estrechos vínculos con Washington desde su nombramiento en noviembre de 2019, cuando se reunió con el administrador adjunto para América Latina de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (fachada de los servicios de inteligencia norteamericanos), John Barsa.

Murillo afirmó recientemente en una entrevista con la televisora estadounidense CNN que “meter bala sería lo políticamente correcto” para acabar con las marchas y bloqueos provocados por el aplazamiento de los comicios presidenciales.

Igualmente, apenas asumió la cartera a cargo de la seguridad y el orden interior del país, expresó en rueda de prensa la voluntad de pedir asesoramiento a los cuerpos represivos de Colombia, en lo que representantes de medios periodísticos interpretaron como la intención de echar mano al paramilitarismo y a los crímenes extrajudiciales.

La representación de las Naciones Unidas en Bogotá, en tanto, condenó este lunes la reciente masacre de ocho jóvenes en el departamento de Nariño (suroeste) y el consecuente incremento de asesinatos de exguerrilleros, líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.

En tal sentido, la Misión de Verificación de Naciones Unidas documentó 41 asesinatos de personas en proceso de reincorporación en el primer semestre de 2020, lo que marca  un incremento del 10 por ciento en comparación con igual período de 2019.

El organismo internacional cifró en 215 los exguerrilleros asesinados en el país al que Murillo pediría asesoramiento, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, según un comunicado divulgado en Twitter.

JPM/RL/ Foto de portada: La Época/ Bolivia.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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