Nacionalizaciones en Cuba, un derecho legal y soberano

Cuba rememora las nacionalizaciones efectuadas hace 60 años, en particular de empresas de Estados Unidos que dominaban la economía de la isla, dependiente de los designios de Washington hasta enero de 1959.

El 6 de agosto de 1960, durante la clausura del Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes efectuado en La Habana, el líder de la Revolución, Fidel Castro, anunció la Ley 851 del 6 de julio de ese año, la cual dispuso la adjudicación a favor del Estado cubano de todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional.

Ese día, Fidel Castro, casi sin voz pero motivado por el clamor popular, dio lectura a los nombres de las 26 compañías nacionalizadas, entre ellas, la de electricidad y de telefonía, la Texaco, la Esso y la Sinclair, así como los 26 centrales azucareros que Estados Unidos tenía en el país caribeño.

A cada empresa mencionada como nacionalizada la multitud reunida en el Estadio del Cerro, en La Habana, exclamaba: !Se llamaba!

El líder revolucionario disertaba entonces: Las revoluciones en América estaban proscriptas, las revoluciones en América estaban prohibidas; estaban prohibidas de hecho, y hasta de derecho. El hecho de la dominación material y el derecho que había implantado el imperio en este continente.

Y añadía Fidel Castro: Las revoluciones no estaban autorizadas en América. ¡Las únicas revoluciones autorizadas en
América eran las revoluciones «made in United States«! Es decir, los golpes de estado que aquí llamaban «revoluciones», o los movimientos revolucionarios hasta donde estuviera dispuesto a permitirlo el gobierno norteamericano.

En aquella jornada histórica esbozaba conceptos sobre la necesaria transformación revolucionaria de las condiciones imperantes en Latinoamérica.

Los obreros explotados por razón social y económica fundamental son revolucionarios; el campesino hambriento y sin tierra es también, necesariamente, revolucionario; el hombre joven es, por temperamento, revolucionario; todo pueblo explotado, toda clase social explotada son, por naturaleza, revolucionarios. Pueblos explotados y clases sociales explotadas tenían que ser, necesariamente, revolucionarios. El germen de la revolución estaba en la realidad social y económica de América, subrayó.

Desde aquel trascendental momento comenzó un proceso soberano y apegado a las leyes nacionales mediante el cual se transfirieron al Estado cubano cientos de propiedades extranjeras en el país, mayormente estadounidenses.
Mientras los propietarios de Suiza, Francia, Gran Bretaña y España suscribieron, por separado, acuerdos sobre compensaciones con Cuba, Estados Unidos se opuso a negociar y mantuvo durante años sus reclamaciones, que aún persisten.

Hoy, seis décadas después, Cuba identifica la inversión extranjera sin injerencias políticas como estratégica en sus aspiraciones de desarrollo, pero la Ley Helms-Burton, firmada en 1996 por el entonces presidente estadounidense William Clinton, pone trabas al crecimiento económico del país.

En contradicción con el derecho internacional, el Título III de esa medida -activado en mayo del 2019- establece la privación de la inversión extranjera en la mayor de las Antillas a la vez que otorga autoridad a propietarios o familiares de propietarios de dichas patrimonios antes de 1959.

De esa forma, la Administración de Donald Trump abrió por primera vez la posibilidad de que se entablaran demandas en las cortes de Estados Unidos contra las empresas cubanas o de terceros países, que «trafiquen con propiedades norteamericanas» nacionalizadas en la isla.

La activación del Título III fue calificada por las autoridades cubanas como un chantaje al mundo, por codificar el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba ahora con carácter internacional y extraterritorial. Hasta la fecha, varias compañías norteamericanas y de terceros países resultaron blanco de demandas en cortes estadounidenses, entre las que destacan el gigante tecnológico Amazon, la aerolínea American Airlines y la empresa de cruceros Carnival Cruise Lines y la cadena hotelera Melía.

Al respecto el embajador de la Unión Europea en Cuba, Alberto Navarro consideró: «Es sabido que consideramos que la aplicación extraterritorial de las sanciones es ilegal y creemos que violan el derecho internacional«. «Esta ley está diseñada para crear confusión, para que los empresarios e inversionistas se rindan y digan: no voy a invertir en Cuba, mejor me voy a Jamaica o a República Dominicana. Estados Unidos está tratando de estrangular financieramente la economía cubana«, concluyó.

OL/RL/Foto de portada:Tomada de JR

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: