Colombia: El grito de la juventud ante la brutalidad policial

Entre el 9 y el 10 de septiembre la Policía Nacional Colombiana asesinó a 17 jóvenes en manifestaciones. Mientras el gobierno de Iván Duque pide información de los manifestantes a cambio de dinero, los activistas de derechos humanos advierten: “cualquier persona puede ser víctima de violencia homicida por parte de la fuerza pública, nos están matando”. El lunes 21 de septiembre se espera un paro nacional total. 

El 9 de septiembre, en Colombia se considera el día de los Derechos Humanos en honor a San Pedro Claver, un cura defensor de esclavos de la Cartagena de Indias del siglo XVII. Cuatro siglos después, el 9 de septiembre del 2020, 17 personas de entre 17 y 45 años fueron asesinadas por la policía en el marco de protestas contra la violencia policial. Esta brutalidad no responde a manzanas podridas o intolerancia social, como pretende instalar el gobierno de Iván Duque. Según el registro de la ONG Temblores, entre el 2017 y el 2019 hubo al menos 639 homicidios, 40.481 hechos de violencia física y 241 casos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública en Colombia. “Nos están matando”, advierten mientras se preparan para grandes movilizaciones el 21 de septiembre.

Pese al Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con el cual “las FARC se comprometieron a entregar todas sus armas a las Naciones Unidas, a no incurrir en delitos como el secuestro, la extorsión o el reclutamiento de menores, a romper sus vínculos con el narcotráfico y a cesar los ataques a la Fuerza Pública y a la población civil”, la violencia en el país cafetalero se mantiene. Tanto los ex miembros del Secretariado de las FARC como las organizaciones sociales colombianas denuncian que el Acuerdo no se cumple y que, por el contrario, sólo produjo el aumento de bandas paramilitares, el narcotráfico y la represión. “Como hemos vivido en guerra, el método de lucha de la beligerancia y de la violencia ha sido muy mal visto. A raíz del Acuerdo de Paz, y la desmovilización de las guerrillas, al gobierno se le acabó la excusa de la guerrilla que le permitía justificar su accionar bélico”, dicen off the récord y sostienen que en las ciudades se ha instalado un miedo generalizado.

A su vez, este mecanismo de desarme ha permitido una vuelta a la calle de parte del pueblo colombiano, que tuvo al paro del 21 de Noviembre (21N) del año pasado como una de sus expresiones más recientes. Esa masividad espontánea parece ser un indicador de que hay un movimiento que empieza a estructurarse por abajo, en un país que lleva 50 años de gobiernos abiertamente de derecha y tiene la tasa de desempleo más alta en países de la OCDE.

Brutalidad policial y paraestatal, un fantasma que recorre latinoamérica

En Chile, Argentina, Ecuador o Colombia, los registros de abuso policial vienen creciendo al ritmo de la crisis económica y del florecimiento de tendencias de ultraderecha, que se caracterizan por ser profundamente racistas y anti-feministas. A diferencia de los países del sur, Colombia estuvo en guerra durante los últimos 30 años: la presencia de las FARC y del ELN como guerrillas activas mantuvo un timing de violencia alto y la excusa de combatirlas permitió la militarización de las ciudades y las comunidades rurales, con una fuerte injerencia de los Estados Unidos en la tarea. La creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) es un ejemplo de ello. De hecho, es el país del Sur más famoso en el mundo por capacitar policías para el Caribe o para África.

Jaider Fonseca tenía 17 años y es uno de los asesinados por balas de plomo la noche del 9 de septiembre. Su caso se suma a la larga lista de víctimas en manos de la Policía, que acumula ocho denuncias diarias por abuso tan sólo durante el 2020, la cifra más alta en los últimos 15 años. “Desde que tuvo un hijo comenzó a trabajar como domiciliario y a rebuscar sustento con trabajos que pudieran realizar siendo menor de edad”, dicen los amigos de Jaider en la crónica colectiva Tres monólogos acerca de cómo murió un joven en plena protesta. “Precisamente por eso estaba manifestándose esa noche, porque estaba cansado de que la Policía nos robara, nos golpeara, de que quisieran hacer todo al antojo de ellos y no como en realidad lo dicta la ley”, sentencian.

La crisis económica que sumió al país en un exponencial aumento de la pobreza, la brutalidad policial y las excusaciones del gobierno encendieron la mecha. Luego de acusar a las organizaciones sociales de montar una supuesta campaña de difamación a la policía, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tuvo que pedir perdón “por cualquier violación a la ley en que haya incurrido cualquiera de los miembros”.

Por su parte, el presidente uribista Iván Duque visitó a los policías heridos en las manifestaciones en una clara muestra de apoyo al aparato policial frente a las reciente manifestaciones. Esto tampoco es nuevo. El saldo represivo de la gestión de Luque es estremecedor: en sólo dos años, 229 defensores de derechos humanos han sido asesinados. El Instituto para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ confirmó que entre las víctimas hay 66 indígenas, cinco afrodescendientes, 106 campesinos ambientalistas y 33 excombatientes de las FARC-EP. La ola de violencia se completa con las 230 personas asesinadas en las 57 masacres perpetradas por grupos paramilitares en el 2020.

Desde la ONG Temblores vienen documentando la violencia policial durante los últimos 3 años. En su informe “Bolillos, Dios y Patria” identificaron que entre los años 2017 y 2019 hubo al menos 639 homicidios, 40.481 hechos de violencia física y 241 casos de violencia sexual cometidos por la fuerza pública. Alejandro Lanz, en diálogo con La Purga Podcasts, explicó que a través de la base de datos GRITA (Grabar, Registrar, Investigar, Triangular y Asesorar legalmente todos los casos de violencia policial) han documentado al menos 170 agresiones represivas y 17 personas asesinadas por la fuerza pública en las jornadas del 9 y 10.

El panorama de lo que sucede en las calles y el espacio público es alarmante porque la policía utiliza herramientas ilegales: uso indistinto de armas de fuego, uso de dotaciones no convencionales (garrotes y palos), intercambio y entrega de armas de fuego con civiles, presencia de agentes no identificados en las calles y ocultamiento de placas”, alertó.

En este marco, surge la pregunta sobre qué hacer con la policía. ¿Reestructurar, desfinanciar o disolver? Grandes capas de la juventud colombiana, que en el marco de las últimas protestas incendiaron 58 Centros de Asistencia Inmediata (CAI) y convirtieron sus cenizas en bibliotecas populares, levantan las banderas de la disolución. “La policía ha abusado siempre”, dicen. Las feministas se suman con el lema “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Rumbo al paro

La crisis desatada por la COVID-19 movilizó a la gente a la calle a pedir por hambre. Frente a las respuestas negativas, Esa ola de protestas tuvo un punto de algidez en las jornadas del 9 y 10 de septiembre, pero el Comité Nacional del Paro, las organizaciones de estudiantes colombianos y las centrales obreras y de pensionados llamaron a movilizarse el próximo 21 de septiembre contra la brutalidad policial y la derogación del decreto 1174 del denominado Piso de Protección Social, que se propone recortar el gasto público y concretar una reforma laboral.

Según reportes activistas en la parte urbana de Colombia, la situación de movilización actual se enmarca en las jornadas del 21 de Noviembre-21N, convocadas en rechazo al “paquetazo” de medidas de ajuste impulsado por el gobierno de Iván Duque y en las que el ESMAD asesinó al joven Dylan Cruz. La pandemia por COVID-19 bajó la espuma, pero sólo eso: el paro se siente en todos los rincones del país. Hoy, una semana después de las jornadas del 9 y 10 de septiembre, como en las protestas del Black Lives Matter de EEUU, comunidades indígenas tiraron abajo la estatua del colonizador español Sebastián de Belalcazar, cuya imagen simboliza el genocidio indígena.

Como contraparte, organizaciones defensoras de Derechos Humanos se han declarado en alerta ante la aparición de amenazas contra líderes sociales por parte de las Águilas Negras, la organización paramilitar de derecha, que advierte que “llegó la hora de frenar a la extrema izquierda”.

Fuente: AnRed

Tomado de Resumen Latinoamericano

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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