El pueblo chileno por una nueva Constitución

Por Hedelberto López Blanch.

Las organizaciones sociales y progresistas de Chile se encuentran enfrascadas en una fuerte lucha popular por desmontar la Constitución chilena impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet en agosto de 1980, después de haber llenado de sangre y dolor al país mediante inhumanas represiones.

El 5 de agosto de 1988, los elementos de la derecha chilena que tenían nexos con la dictadura, lograron aprobar unas tibias reformas para mantener intactas las bases principales de la Carta Magna.

Ahora, las grandes y cotidianas manifestaciones populares (reprimidas con saña por el régimen de Sebastián Piñera) lograron que se implementara un plebiscito por el “apruebo” o el “rechazo” para cambiar la Constitución, el que tendrá lugar el próximo 25 de octubre.

Mientras las fuerzas populares intentarán desmontar las leyes que se arrastran desde la dictadura con la creación también de una Asamblea Constituyente libre y soberana, los elementos burgueses y oligarcas aspirarán a crea una Carta Magna más neoliberal.   

Nuevamente en el Chile rebelde, la juventud fue la chispa que encendió la mecha de la movilización ciudadana en busca de un plebiscito para una nueva Constitución, cuando en octubre del pasado año ellos se negaron a pagar los boletos del metro de Santiago tras el alza en el sistema de transporte público.

En años anteriores, los estudiantes han sido la vanguardia para reclamar intereses colectivos como ocurrió en las protestas y manifestaciones juveniles en 2001, 2002, 2005 y 2006 (conocidas como La Revolución Pingüino) y después en 2008, 2011, 2015 y 2016 que exigían reformas en el sistema educativo.   

Todas estas protestas llevaban implícitas un enorme reclamo nacional que lucha por eliminar las grandes ataduras antidemocráticas que padece el pueblo chileno desde la implantación de la dictadura pinochetista y que fue continuada por varios regímenes neoliberales.

Datos del Banco Mundial, indican que Chile es el 12 país más desigual de América Latina según el índice de Gini​ y el segundo en esa categoría, entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La Universidad San Sebastián llevó a cabo un estudio en 2019 en el cual se revela que en Chile hay casi 4,6 millones de personas con créditos en estado de morosidad, lo que equivale al 34 % de la población mayor de 18 años. En el endeudamiento aparecen estudiantes, obreros, empleados públicos y privados.

Otros índices peyorativos, ofrecidos por IMF World Económic Outlook, son que Chile aparece como el 61 país más caro del mundo y el segundo de Latinoamérica; las pensiones están entre las más bajas y los precios de medicamentos y tratamientos de salud elevados.

Desde marzo de 1990 cuando el presidente Patricio Aylwin asumió el poder tras la dictadura, han pasado 30 años de gobiernos neoliberales que no avanzaron en realizar cambios estructurales que beneficiaran a la mayoritaria población de la nación sudamericana.

En la forma del modelo económico que ha predominado desde entonces, los excedentes que se generan por la producción y los servicios van a parar a manos de los sistemas privados de educación, salud, seguridad y asistencias básicas que en décadas anteriores a Pinochet, brindaba el Estado.

Uno de los acápites de la Carta de 1980 consagra la propiedad privada del agua, ley que se profundizó después del llamado período democrático, al desestatificarse su saneamiento en 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei.

La proliferación de las compañías transnacionales en todos los sectores productivos y de servicios, obligan a que los pobladores abonen las tarifas más altas de América Latina por el consumo del agua potable. 

Entre los principales consorcios extranjeros que controlan el imprescindible líquido para la vida se encuentran el Grupo Suez, Aguas de Barcelona, Marubeni y la administradora de fondos de pensiones de Ontario, Canadá, las que en conjuntos poseen el 90 % del suministro de agua potable.

Por eso este 25 de octubre el pueblo chileno estará frente al gran desafío de tener que resolver adecuadamente la forma de llegar a una nueva Constitución que interrelacione múltiples factores y que sobre todo, las fuerzas de derecha no vuelvan a imponer sus decisiones.

RL/ Foto de portada: AFP. 

 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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