Argentina: El interés legítimo en la vida de Florencia

El Partido Comunista insistirá en ser querellante en la causa por el femicidio de María Florencia Gómez Pouillastrou, y apelará la decisión del juez Pablo Ruiz Staiger de rechazar su participación en la causa por el asesinato de la joven dirigente, ocurrido el 12 de octubre pasado en la localidad de San Jorge.

El juez tomó la decisión en base a la posición del fiscal Carlos Zoppegni, quien argumentó que «el femicidio, si bien es considerado un delito a los derechos humanos, afirmación que se sostiene y se ha arraigado, no ha adquirido el rango de delito de lesa humanidad». La abogada del PC, Verónica Juri, subrayó que apelarán todas las veces que haga falta y argumentó: «Nosotros siempre quisimos presentarnos porque fuimos parte fundamental en la vida de Florencia y Florencia fue fundamental para nosotras como dirigenta. Creemos que todos los partidos tendrían que tener la oportunidad de querellar, especialmente en un delito sistemático como el femicidio». Mientras tanto, la causa por el crimen de la militante política continúa sin sospechosos ni imputados. 

El pasado 30 de octubre, el Partido solicitó su incorporación a la causa en calidad de querellante. El pedido se funda “en la reconocida militancia social y política de víctima por los derechos de los más vulnerables”, como parte de la Federación Juvenil Comunista y en su rol de Responsable de Géneros del partido en la provincia de Santa Fe. 

Desde que se presentó la solicitud, se realizaron concentraciones en todo el país y se recogieron miles de adhesiones a la participación del Partido Comunista en el proceso. “Recuerdan las firmantes que María Florencia era madre, hermana, hija, pero también era una militante política, afiliada al Partido Comunista. La búsqueda de Verdad y Justicia por su asesinato no puede prescindir del aporte al proceso judicial de la organización donde participaba, denunciando el carácter político y sistémico de la violencia contra las mujeres. Su muerte ratifica de forma trágica lo que denunció en vida», advirtieron en una carta pública docenas de mujeres políticas, legisladoras, concejalas y secretarias de estado de la provincia de Santa Fe.

Consideramos que el fiscal, la única parte que se opuso a nuestra solicitud, no tiene argumentos procedimentales e insistimos en la caracterización de los femicidios como crímenes políticos”, señaló Verónica Juri, abogada del Partido Comunista santafesino. Para la letrada, la decisión del juez Ruiz Steiger “podría resultar una grave intromisión del Poder Judicial sobre las competencias y campo de acción de los partidos políticos, considerándolos como meros actores en ámbitos electorales y quitándoles el rol social”. 

Ayer conocieron los argumentos de Ruiz Staiger, quien retomó lo dicho por el fiscal para rechazar al Partido Comunista como querellante. «Considero que no se encuentra acreditado interés legitimo para actuar por parte de la entidad reclamante dado que la institución no es particularmente ofendida o lesionada por los delitos perpetrados que se investigan, sin perjuicio de que los hechos pudieran afectar a personas integrantes de su partido político«, expresó el juez dentro del proceso para saber cómo y quién mató a Florencia. 

Para el juez, «en cuanto al objeto procesal de la causa, al hecho que tiene curso en la investigación, en donde resulta el asesinato de una mujer, por lo que es un delito que se configura como una violación de derechos humanos, lo que determina una especial situación en donde el Estado Argentino, así como los operadores de Justicia debemos prestar más atención en cuanto a encontrar a los responsables de tales hechos de violencia». En sus mismos argumentos, recuerda la obligación de observar «todos aquellos instrumentos internacionales protectorios e incorporados por la reforma constitucional de 1994, imperativos legales que son necesarios tener como base y fundamento«, y recuerda la Convención de Belem Do Pará, que forma parte del ordenamiento jurídico interno de la Argentina. 

 

Más allá de estos mandamientos constitucionales, Ruiz Staiger consideró que «lo único que está en juego es el interés público en el delito y su resolución, estando la pretensión requerida por el Partido, al que María Florencia formaba parte, salvaguardada por el Estado a través del Ministerio Público de la Acusación y su familiares, quienes ya asumieron el rol de querellante». La querella de la familia de Florencia es representada por Carolina Walker, abogada en otros femicidios como el de Rosalía Jara, la joven desaparecida en julio de 2017 en Fortín Olmos, cuyos restos fueron hallados más de un año después, y cuyo femicida, Juan Valdez, fue condenado a perpetua este año.

Tomado de Página/12/ Foto de portada: Sebastián Granata,

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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