Exministros prófugos de Bolivia provocaron pérdidas millonarias

Por Jorge Petinaud Martínez.

Daños por más de dos millones de dólares provocaron al Estado boliviano los exministros del gobierno de facto Arturo Murillo y Luis Fernando López con la compra a sobreprecio de armamento no letal antidisturbios, aseguró hoy un exdiputado.

“Ellos (Murillo y López) tienen que ser capturados y tienen que venir a rendir cuentas al Estado boliviano”, afirmó en entrevista a la red Unitel el exlegislador Remberto Calani, uno de los denunciantes de la operación ilícita que involucra a los dos rostros más visibles de la represión antipopular tras el golpe cívico-policial-castrensede noviembre de 2019.

Según Calani, el monto equivalente de pérdidas por la diferencia de precios supera los dos millones de dólares, peculado que provocó la denuncia presentada en junio del año en curso por representantes del Movimiento al Socialismo en la cámara legislativa contra Murillo, entonces titular de Gobierno (Interior) y López (Defensa).

Durante la entrevista a Unitel, Calani describió que los prófugos acusados incurrieron en uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.

Añadió que existe “incumplimiento de deberes porque no se ha observado esta diferencia de precios, no se ha observado que existía ya una compra anterior, porque en el mercado uno tiene la posibilidad de revisar los precios básicos en los cuales uno podría adquirir un bien”.

Criticó que mientras otros países sudamericanos adquirían ese material con una erogación menor, el gobierno de facto compró con una diferencia equivalente a los dos millones de la moneda estadounidense.

Subrayó el exdiputado que esa adquisición se realizó de forma directa sobre la base del Decreto especial 4116 firmado por la autoproclamada mandataria Jeanine Añez en diciembre de 2019, fecha en que ya el país había sido pacificado.

En la actualidad se desconoce el paradero exacto de los acusados, y la Fiscalía anunció que solicitará el “sello azul» a la Policía Internacional (Interpol) para su búsqueda y captura.

Por su parte, el flamante jefe interino de la Policía de Bolivia, Coronel Jhonny Aguilera, aseguró que ese cuerpo cumplirá la orden de aprehensión contra los  dos sospechosos de irregularidades en la compra de gases lacrimógenos.

«En el marco de sus competencias y ámbito de la persecución penal, la Policía cumplirá con esas resoluciones emitidas por el Ministerio Público el 5 de noviembre contra las exautoridades», afirmó Aguilera ante la prensa.

La Fiscalía publicó en esa fecha un “alerta migratoria” contra las dos cabezas más visibles de la represión golpista.

Indicó Aguilera que el órgano policial, a través de sus unidades especializadas, recabará datos sobre la migración de los dos jefes de carteras investigados.

Según el coronel posicionado interinamente el lunes último en el cargo por el presidente, Luis Arce, para la ubicación de Murillo y López existen varios canales entre los que mencionó a Interpol, que pueden contribuir al intercambio y la acumulación de datos necesarios.

De acuerdo con la denuncia, el Estado boliviano pudo erogar cinco millones 600 mil dólares por cartuchos de gas lacrimógeno adquiridos a través de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC, radicada en Estados Unidos, después de suspender una compra directa a la corporación brasileña Cóndor.

Los legisladores querellantes estimaron que la nación andino-amazónica pagó 270 bolivianos (unos 39 dólares) por cada proyectil gasificante de larga distancia y 250 bolivianos (casi 36 dólares) por municiones de triple acción, y en cada caso solicitó 50 mil unidades.

RL/ Foto de portada: Los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López/ Archivo La Razón.

 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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