Presidente de Bolivia confía en justicia ante masacre de golpistas

Por Jorge Petinaud Martínez/RL

El flamante mandatario de Bolivia, Luis Arce, calificó hoy de masacre la represión del gobierno de facto con más de 30 muertos en Sacaba y Senkata, y aseguró que la justicia llegara para las víctimas.

«Lo ocurrido en Sacaba y Senkata fue una masacre. Torturaron, criminalizaron y violaron los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos. La CIDH investigará todos los casos. La justicia llegará para quienes sufrieron el duro golpe del gobierno de facto, hace un año», afirmó el jefe de Estado en Twitter.

Arce insistió en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes ya trabajan en la nación andino-amazónica, profundizará en todos los casos.

Los miembros del GIEI iniciaron este lunes las pesquisas acerca de la represión de noviembre de 2019 con el compromiso de indagar sobre la base de tres ejes: la evaluación de las pesquisas que hizo el Estado, la realización de indagaciones y la reparación de las víctimas.

El GIEI avanza en sus averiguaciones con el respaldo del protocolo suscrito entre el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, y los especialistas independientes nombrados por la CIDH.

Un informe preliminar de esta estructura internacional, publicado a finales de 2019, respecto a las revueltas que desembocaron en el derrocamiento del presidente constitucional Evo Morales, consideró que lo ocurrido tanto en Sacaba como en Senkata fueron masacres, incluso con indicios de ejecuciones extrajudiciales.

La CIDH aseguró entonces que tuvo noticias de al menos 36 muertos en esas operaciones represivas del gobierno de facto.

A propósito del trabajo iniciado en Bolivia por el GIEI, el líder de la Federación Yungas Chapare, David Veizaga, exigió este martes que los exministros del Ejecutivo de facto Arturo Murillo (Gobierno) y Luis Fernando López (Defensa) sean juzgados y encarcelados por los trágicos sucesos de Huayllani (Sacaba).

Según explicó Veizaga a Bolivia TV, como resultado de la violencia aplicada por los golpistas aquel 15 de noviembre, murieron 36 personas, resultaron heridos más de 120 y encarcelados unos mil, a quienes en estos momentos se les “está liberando, en base al Estado de derecho y un gobierno legítimo».

Amparados en el Decreto Supremo 4078, rubricado 24 horas antes, el cual eximía de responsabilidad a los cuerpos armados, policías y militares dispararon a matar contra los manifestantes que reclamaban en Cochabamba y en El Alto un retorno del país a la constitucionalidad.

Por otra parte, este martes el jefe interino de la Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que Murillo y su exvicetitular Javier Aguilera, ambos en lista de búsqueda y captura, se encuentran en Estados Unidos.

“Sabemos a través de las notificaciones que las exautoridades se encuentran en territorio estadounidense; no sabemos su estatus y tampoco las actividades que estuvieran desarrollando”, explicó el coronel, al tiempo que sumó a la relación de quienes buscaron refugio en la nación del Norte a Sergio Sonte, exjefe del despacho de Murillo, y también sospechoso de malversación de recursos millonarios del Estado por la compra sobrevalorada de gases lacrimógenos.

Foto de portada: EFE

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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