Estados Unidos compra subversivos a destajo para el cambio político en Cuba

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Por Raúl Antonio Capote.

«La asignación por el Departamento de Estado de hasta un millón de dólares para la convocatoria y contratación de participantes en la subversión contra Cuba es una flagrante agresión y violación del Derecho Internacional», denunció este domingo el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

«La condenamos y la enfrentaremos con el peso de la ley. El gobierno de EE.UU. y su Consejo de Seguridad Nacional (CSN) jamás han respaldado al pueblo de Cuba. Particularmente bajo el gobierno de Donald Trump, el CSN ha sido instrumento de agresión contra Cuba y América Latina», expresó el Canciller cubano, a través de su cuenta en Twitter.

Por otra parte, el director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, manifestó que «la descomposición moral de la política exterior de EE. UU. los lleva a la práctica delincuencial de comprar subversivos a destajo. Ante la ausencia de una genuina motivación política, ideológica o ética, es con dinero que se sienten obligados a lograr su ansiado cambio de régimen en Cuba».

El sitio Cuba Money Project, del periodista estadounidense Tracey Eaton, divulgó recientemente que el Departamento de Estado de Estados Unidos está ofreciendo hasta un millón de dólares para programas que impulsarían «los derechos civiles, políticos, religiosos y laborales en Cuba».

Funcionarios estadounidenses tratan de sostener la nueva agresión contra el pueblo cubano, con la falacia de que «las autoridades cubanas se han aprovechado de la pandemia del coronavirus para aumentar la represión y el acoso de periodistas independientes y activistas de la sociedad civil».

En su retórica mentirosa, el Departamento de Estado se empeña en hacer creer una «realidad» que no existe, al publicitar, como verdad, que «grupos cívicos independientes, periodistas, artistas, empresarios y otros abogan cada vez más por instituciones económicas y políticas más inclusivas».

Con qué moral la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado declaró que está buscando propuestas que «fortalezcan la capacidad de los grupos independientes de la sociedad civil en Cuba para promover los derechos civiles y políticos en la Isla y aumentar la rendición de cuentas de funcionarios cubanos por violaciones de derechos humanos y corrupción». Llama la atención que la preocupación venga del país donde la corrupción es sistémica, donde se violan los derechos humanos, donde en medio de una pandemia que ha costado la vida a más de 200.000 personas, se reprime brutalmente la protesta y se asesina por el color de la piel. Cuba garantiza a sus ciudadanos derechos fundamentales que son un sueño para muchos de los estadounidenses.

Las propuestas, según plantean, «deben ofrecer un enfoque que vincule estos objetivos con los problemas socioeconómicos y políticos que más importan a los ciudadanos cubanos».

También deben «esbozar una visión específica para contribuir al cambio reconociendo los obstáculos que deberían superarse, incluida la actual pandemia de coronavirus», la misma que el Gobierno de Estados Unidos ha sido incapaz de enfrentar.

La oficina del Departamento de Estado puntualiza sobre la necesidad de «incluir iniciativas concretas que reflejen los desarrollos recientes en la isla y tengan el potencial de generar impactos a corto plazo que conduzcan a cambios sostenibles a largo plazo».

Hay que resaltar que la solicitud se publicó el 24 de noviembre, a medida que crecía el interés en el grupúsculo autodenominado Movimiento San Isidro.

«El momento del anuncio del Departamento de Estado puede ser una coincidencia, pero me pregunto si los funcionarios estadounidenses están buscando formas de capitalizar el furor por el Movimiento de San Isidro», escribió Eaton.

«El financiamiento no será el problema. Cada proyecto podrá contar hasta con un millón de dólares», apuntaron los funcionarios yanquis.

La danza de los millones de la «conspiración de los pícaros» contra la Isla de la Libertad continúa con absoluto desenfreno.

En reiteradas oportunidades las autoridades de la Mayor de las Antillanas han demandado a las administraciones de Estados Unidos poner fin a los programas de cambio de régimen contra Cuba, país que desde hace casi 60 años enfrenta un bloqueo impuesto por Washington.

El portal, creado por el periodista Eaton, citó también, en octubre de este año, datos obtenidos del Explorador de Ayuda Exterior de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el cual reflejaba gastos por más de 261 millones de dólares en proyectos de subversión contra Cuba, desde 1990 hasta este año, gastos que ni se acercan al total destinado contra nuestro país, pues no incluye los montos asignados, por ejemplo, a Radio y tv Martí, ni el dinero del presupuesto de la cia para la subversión en la Isla.

Cuba Money Project divulgó, además, que desde que Trump asumió la presidencia, en enero de 2017, la USAID erogó unos 50 millones de dólares en proyectos relacionados con la búsqueda de un cambio de sistema.

Por otra parte, el Departamento de Estado anunció, en junio de este año, que las personas que soliciten una visa estadounidense tendrán que, para ello, entregar sus perfiles en redes sociales, sus direcciones de correo electrónico y los números telefónicos que hayan utilizado en los últimos cinco años.

Los funcionarios del Norte, que fundamentan su estrategia contra Cuba en nombre de los supuestos derechos humanos, evalúan lo que escribes en WhatsApp, Instagram o Twitter, entre otras redes digitales, quiénes son tus amigos, qué compartes, a quién llamas por teléfono, qué conversas con tus familiares y amigos, etc., antes de otorgarte una visa de entrada a ese país. Su acoso no tiene fronteras.

Tomado de Granma/ Foto de portada: 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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