El retorno de Cuba a la lista de patrocinadores del terrorismo: ¿Cuáles son las opciones de Biden?

Por Rafael González Mora.

La injusta y arbitraria reincorporación de Cuba a la lista de estados patrocinadores del terrorismo constituye una decisión política que resulta imprescindible analizar partiendo de tres preguntas fundamentales: ¿Qué propósitos persigue? ¿Cuáles son sus implicaciones para la política hacia Cuba del próximo gobierno estadounidense? ¿Qué opciones tendría la Administración Biden para manejar esta situación?

Los objetivos de esta decisión están estrechamente vinculados a los intereses de los sectores que promovieron prácticamente desde el primer día del gobierno de Trump retornar a la Isla a esa lista. La extrema derecha cubanoamericana y funcionarios de alto nivel de esta Administración mantuvieron permanentemente bajo consideración la evaluación de este tema y realizaron varias acciones de presión. Las principales evidencias son las siguientes:

  • El 28 de febrero del 2017, el congresista Mario Díaz Balart le entregó a Rick Scott, entonces gobernador de la Florida, un memorando de dos páginas incluyendo entre las propuestas la designación de Cuba como país patrocinador del terrorismo.
  • El 3 de marzo del 2017, Scott durante una visita de Trump a Tampa sostiene un intercambio con el mandatario en el que participa también Marco Rubio y le comenta el contenido del documento. Se acordó que elaboraran una carta y la enviaran a la Casa Blanca, lo que se efectuó a mediados de ese propio mes.
  • El 29 de septiembre del 2017, el mismo día que se anunció la reducción del personal diplomático estadounidense en La Habana bajo el argumento de los supuestos incidentes acústicos, Marco Rubio abogó en un comunicado oficial por la reincorporación de Cuba a la lista.
  • El 16 de junio del 2018, la organización anticubana “Inspire America Foundation” que tiene como propósito fundamental promover la política de confrontación contra Cuba, le envió una carta a Trump solicitándole la inclusión del país en el mencionado listado. Los miembros de esa agrupación participaron junto al mandatario en la firma del «Memorando Presidencial de Seguridad Nacional sobre el Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba» en junio del 2017.
  • A principios de febrero del 2019, el entonces asesor de seguridad nacional, John Bolton, planteó en una reunión la propuesta de retornar a Cuba a la lista como un paso para continuar el incremento de presiones. El propio Bolton es quien realiza esta revelación en su libro “La habitación donde sucedió: Una memoria de la Casa Blanca”. En ese momento, uno de los más entusiastas defendiendo esta idea fue Mauricio Claver – Carone.

En esencia, el tema para este sector se consideraba como una especie de “joya de la corona” por tres razones fundamentales: 1) la decisión provocaría un deterioro sustancial del clima bilateral y cancelaba de inmediato los espacios de diálogo; 2) se impondría un régimen adicional de sanciones económicas, comerciales y financieras que afectarían a compañías estadounidenses y de terceros países 3) se crearían las condiciones ideales para el rompimiento de las relaciones diplomáticas.

Por lo tanto, retornar a Cuba a la lista era el paso necesario e imprescindible que hacía expedito el cumplimiento del objetivo mayor: volar en pedazos el legado de Obama y comenzar un espiral de acciones hostiles sin límites. Afortunadamente, sobre este tema determinadas agencias gubernamentales erigieron una línea roja que no le fue posible cruzar a estos sectores hasta el 12 mayo del 2020 cuando el Departamento de Estado divulgó su certificación de que Cuba “no cooperaba plenamente con la lucha antiterrorista”. Esta acción indicaba que la resistencia burocrática había sido quebrantada y constituía una señal de lo que estaba por venir.

Entre el 2017 y principios del 2020, es evidente que no existía consenso dentro del gobierno de Trump para adoptar esta decisión ni estaban creadas las condiciones para politizar la designación de Cuba. Representantes de instancias y estructuras profesionales vinculadas a los temas de seguridad nacional que participan en este proceso de evaluación, se convirtieron en un fuerte obstáculo para que se concretara este propósito.

Resulta obvio que su mayor preocupación era que un descarrilamiento total de las ya tensas relaciones bilaterales generara la ocurrencia de incidentes y desenlaces con serias implicaciones para la seguridad nacional de ambos países. No obstante, finalmente se impuso la irracionalidad política, el odio y la frustración del sector de línea dura aprovechando las circunstancias inéditas de un gobierno que actuaba desenfrenado y totalmente fuera de control.

La derrota de Trump en las elecciones presidenciales y las perspectivas que se abrían para el mejoramiento de los vínculos entre Cuba y Estados Unidos a partir del 20 de enero con un nuevo gobierno demócrata, constituyen los factores determinantes que explican por qué adoptar la decisión ahora. El contexto político los obligó a precipitar sus planes y no les ha quedado más remedio que emplear esta maniobra como un instrumento para obstaculizar un eventual desmontaje de su principal logro en estos cuatro años: imponer una política hostil y confrontacional.

Su objetivo estratégico es limitar al máximo la capacidad del gobierno de Biden para iniciar en una primera etapa un proceso de recomposición de las relaciones que implica eliminar el sistema de pretextos, sanciones, medidas y disposiciones ejecutivas que sustentan la política actual. Están apostando a que la nueva Administración inicie la política hacia Cuba en una posición de arrancada con las manos y pies atados cargando sobre su espalda los complejos obstáculos que tendrá en su camino desde el primer día de gobierno.

El escenario bilateral que heredará el nuevo mandatario estadounidense y su equipo no puede ser peor. En primera instancia, tendrá que lidiar y adoptar una posición con relación a cuatro temas claves que constituyen el núcleo fundamental de los pretextos que ha promovido el gobierno de Trump: la denominada situación de los derechos humanos en la Isla; el rol de Cuba en Venezuela; el papel de los militares en la economía; los incidentes acústicos y ahora la reincorporación en la lista de patrocinadores del terrorismo.

Cada uno por separado representa un obstáculo para avanzar en el mejoramiento de los vínculos y están obligados a evaluar el costo político que tendría romper definitivamente con todos ellos o reconocer algunos. La decisión que adopten sobre cómo manejar cada pretexto resultará vital para la dinámica que tomen las relaciones.

El impacto que tendría la reciente inclusión en la lista en la orientación de la política hacia Cuba de la Administración Biden hay que examinarlo necesariamente teniendo en cuenta este contexto. A partir del 20 de enero, esta decisión en principio podría producir las siguientes implicaciones:

  • Retardaría cualquier pretensión de avanzar con inmediatez en crear un clima político constructivo en un plano de igualdad entre ambos gobiernos que resulta imprescindible para una eventual recomposición de las relaciones.
  • Tomaría más tiempo reactivar los mecanismos de diálogo bilateral creados a diferentes niveles durante la etapa de Obama, los que son esenciales para abordar temas claves de la agenda entre ambos países.
  • Afectaría el ritmo y los resultados que requieren alcanzarse en el corto plazo en los temas de interés común en sus diferentes áreas incluyendo el enfrentamiento a pandemias, el cambio climático y los delitos transnacionales que constituyen amenazas compartidas a la seguridad nacional de Estados Unidos y Cuba.
  • Obstaculizaría la implementación con oportunidad y celeridad de los 22 instrumentos bilaterales adoptados y vigentes sobre los temas de interés común.
  • Incrementaría el escrutinio, vigilancia y prohibiciones a las operaciones financieras que involucren a Cuba con terceros, lo que podría implicar que determinados bancos se abstengan de participar en transacciones por temor a ser sancionados.
  • Contribuiría a promover un ambiente de desinterés por el mercado cubano en la comunidad empresarial estadounidense e incrementaría la percepción de riesgo país entre potenciales inversionistas de otras naciones.

La mayoría de las sanciones económicas, comerciales y financieras que se derivan para un país al pertenecer a este listado, ya venían siendo aplicadas a Cuba desde hace varios años como parte de la política de bloqueo y el gobierno de Trump las está implementado con máximo rigor. Por esta razón, las implicaciones de mayor significación están enfocadas en el ámbito político y, en especial, en las relaciones gobierno-gobierno.

A pesar de estas complejidades que implican serios desafíos de cara a una recomposición de los vínculos, Biden como presidente tendrá las facultades ejecutivas necesarias no solo para aflojar esos nudos que le pretenden imponer sino para romperlos definitivamente para lo que debe mostrar voluntad política y determinación. El hecho que Cuba esté en la lista, no es un impedimento para que el nuevo gobierno adopte las siguientes medidas que tendrían un impacto positivo de inmediato:

  • Restablecer los viajes a Cuba en las 12 categorías existentes mediante licencia general.
  • Restablecer las licencias para que las aerolíneas, cruceros y embarcaciones de recreo operen en condiciones normales.
  • Eliminar la lista de “alojamientos prohibidos” que limita donde pueden hospedarse los viajeros cuando visitan la Isla.
  • Restablecer la licencia general para que los proveedores de remesas desde Estados Unidos suscriban contratos con la parte cubana y eliminar el límite impuesto al envío de remesas.
  • Permitir a las instituciones estadounidenses abrir y mantener cuentas de corresponsalía en entidades financieras de Cuba para facilitar el procesamiento de las transacciones autorizadas.
  • Eliminar la lista de “entidades restringidas” del Departamento de Estado que prohíbe la realización de operaciones económicas, comerciales y financieras con determinadas personas jurídicas cubanas.
  • Suspender la aplicación del Titulo III de la Ley Helms – Burton.
  • Reactivar los mecanismos de diálogo bilateral en temas de interés común vinculados a la seguridad nacional de ambos países.

Este grupo de acciones generarían una dinámica bilateral inicial que contribuiría a limitar de manera significativa las implicaciones de la inclusión de Cuba en la lista de promotores del terrorismo y crearía un ambiente favorable para que el proceso de eliminación de ese listado se realice con mayor rapidez. Sobre este último aspecto, las leyes estadounidenses establecen un procedimiento de salida que puede tardar varios meses.

Debemos recordar que cuando la administración Obama anunció la intención de excluir a Cuba de la lista, el 17 de diciembre de 2014, hasta su exclusión, 29 de mayo de 2015, pasaron cinco meses y doce días.  Este proceso de exclusión implica dos pasos esenciales: 1. el Departamento de Estado dirige y coordina un proceso de revisión sobre la designación y 2.  posteriormente se envía un mensaje al Congreso certificando que el país en cuestión ha cumplido con los requisitos establecidos por las leyes estadounidenses.

En el caso de Cuba, el gobierno de Obama afirmó que “el gobierno cubano no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional en los últimos seis meses” y que “ha brindado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro”. Después que el Congreso recibe dicha comunicación, debe esperarse 45 días a partir de lo establecido en las leyes. Sobre este tema ya existe un camino recorrido que Biden conoce, solo le queda retomar ese mismo sendero y excluir a Cuba lo más rápido posible de un documento en el que nunca debió estar. Después de este paso y habiendo despejado los otros obstáculos, sin lugar a dudas, se podría retomar con mayor fuerza e intensidad el largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones.

Tomado de Progreso Semanal/ Foto de portada: Reuters.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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