Argentina: Justicia para Úrsula Bahillo

Por Patricia Guerra Soriano (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

A Úrsula Bahillo la encontraron muerta en la noche del lunes 8 de febrero en unos pastizales de la localidad de Rojas, al norte de la provincia argentina de Buenos Aires. Tenía 18 años y 15 puñaladas. Junto al cuerpo inerte estaba el asesino, su ex novio, el ex policía Matías Ezequiel Martínez, con un abultado historial de acusaciones por amenazas y violación.

No bastaron las numerosas denuncias que hizo, acompañada por su madre Patricia Nassutti o por algunas amigas, frente a la Comisaría de la Mujer, en el Juzgado de Paz local o ante la Unidad Fiscal de Investigación.

Úrsula está muerta y junto a ella cayeron, nuevamente, las oportunidades del Gobierno y las instituciones judiciales argentinas para salvar la vida de otra mujer.

“No elimines nada de lo que te mando. Me tiene amenazada de muerte”, escribió a su amiga Milagros Almirón. “Siete meses me pegó. Me callé siempre, hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”, aseguró en otros mensajes.

A Belén Miranda, expareja del victimario, le dijo: “Si me matan ya sabés quién fue. Mostra todo”. Úrsula advirtió del peligro que la amenazaba en sus historias en Instagram, en sus tuits, en los audios en Whatsapp. Pero de nada sirvió.

“Basta de matarnos”

Este miércoles 17 de febrero, la agrupación feminista “Ni una menos” convocó a manifestaciones frente a los tribunales de todas las ciudades argentinas. En Rojas, los llamados por hacer justicia salían desde la Plaza San Martín.

“Por Úrsula, por todes”, fue el nombre que guió las voces de la protesta para pedir justicia y exigir reformas en las políticas públicas de la Nación con el propósito de evitar otros femicidios.

El crimen de Úrsula Bahillo hizo que muchos salieran a las calles a protestar. Foto: Getty Images.

En la plaza Lavalle también hubo indignación, tristeza y duelo. Impactó la dureza simbólica de un performance que destilaba dolor mediante la exposición de cuerpos femeninos desnudos y envueltos en bolsas de plástico, inmóviles. Eran cuerpos vivos de mujeres representando a otras que terminan de la misma manera.

La calle también fue lienzo para dibujar las siluetas que rememoraban a otras mujeres desaparecidas y asesinadas. El performance y los dibujos, más allá, al centro, la batucada de mujeres que hizo repicar tambores, o las pancartas visibles desde todos los puntos cardinales del parque, intentan sacudir al país con los mismos mensajes: “Basta de matarnos”, “La Policía no me cuida; me cuidan mis amigas”, “Quiero ser libre, no valiente”, “No más muertes por femicidios”.

Junto a ellas, una cartel denunciaba cifras dolorosas: “298 femicidios del 1 de enero al 30 de diciembre de 2020, 54 hicieron denuncias previas, 19 tenían medidas judiciales y 15 femicidas pertenecen a las fuerzas armadas o de seguridad. Basta de justicia patriarcal, el Estado es responsable”.

Ada Rico, presidenta de la Asociación Civil “La casa del encuentro”, pionera en la elaboración de estadísticas sobre femicidios en Argentina, aseguró que un agresor no puede estar protegido por la misma fuerza que lo debe castigar y agregó, “el caso nos interpela como sociedad. Úrsula había hecho todo lo que correspondía, había denunciado, había pedido ayuda, pero la justicia no la protegió”.

Las protestas actuales tienen varios nombres propios (Florencia Figueroa, quien murió el propio 8 de febrero luego de una agonía de diez días, Vanesa Carreño, Rosita Patagua, Mirna Palma, Silvia Rojas y Silvina Rojas). Después del 8 de febrero, los asesinatos de mujeres no se han detenido. Datos recogidos por el Registro Nacional de Femicidios de la organización MuMaLa-Mujeres de la Matria Latinoamericana precisan que, entre el 1 y el 15 de enero de 2021 se cometió un femicidio cada 29 horas, se produjeron 23 muertes violentas de mujeres, trasvestis y trans, de las cuales, 16 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios; hubo cuatro muertes violentas asociadas al género y tres muertes violentas que están en proceso de investigación.

Analía Kelly, coordinadora de MuMaLa en Buenos Aires, denunció la “falta de acceso a la justicia por parte de las víctimas de la violencia machista” y enfatizó que la aplicación efectiva de la Ley 26485 (Ley de Protección Integral a las Mujeres) es responsabilidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Todos los organismos han fallado. Si bien sabemos que los equipos que hay en los distintos distritos no son suficientes; no hay asesoramiento jurídico gratuito, no se hace seguimiento y monitoreo de las medidas cautelares que se llevan adelante, no se unifican las causas”, zanjó.

La referente de MuMaLa instó también a la aplicación de la Ley Micaela en todas las instituciones públicas y privadas. Esa norma, promulgada el 10 de enero de 2019, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género de todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, con el objetivo de que esos actores sociales sean capaces de cuestionar la desigualdad y la discriminación como una oportunidad para colocar la formación al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género.

“Para que no haya más otra Úrsula”

El presidente argentino, Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a Patricia Nassutti y a Adolfo Bahillo, madre y padre de Úrsula. “Fuimos muy bien escuchados, hicimos el pedido que como mamá y papá necesitamos para que la justicia cambie, para que no haya más otra Úrsula”, dijo Nasutti.

Minutos antes del encuentro, el mandatario convocó a través de una carta a los gobernadores, a trabajar para construir una “Argentina unida contra las violencias de género”. En ella, le comunicó a los funcionarios que el Estado nacional se propone “la creación del Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios” para coordinar y articular entre Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires un abordaje integral en materia de “prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de las violencias extremas por motivo de género”.

Una acción gubernamental efectiva frente a este lastre es la aspiración de la militancia feminista en el país. La violencia de género es un problema estructural que se ha empeorado en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Esa agobiante realidad hizo que más de 300 mujeres (escritoras, abogadas, periodistas) enviaran una carta a Alberto Fernández que refuerza el principio de no tolerar ni una muerte más de mujeres que pagan con sus vidas el costo de una masculinidad que cree poseerlas.

En la misiva, las firmantes exigieron que la violencia de género sea un tema prioritario del Gobierno nacional y de las administraciones provinciales y municipales, pero, sobre todo, del sistema de justicia que ha demostrado desentenderse del problema, no reconocer la verdad en la denuncia de las víctimas y desatender sus pedidos desesperados de ayuda y protección.

Úrsula Bahillo es otra huella en esa historia argentina de dolor y nombres, de justicias pedidas, de recuerdo y militancia desde el lado de las vivas. Y de las muertas.

(*) Periodista cubana, escribe en Cubaperiodistas, sitio web de la Unión de Periodistas de Cuba.

Foto de portada: Getty Images

 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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