Del caos y las muertes en cárceles ecuatorianas es responsable el actual gobierno

Por Liset García* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Tristeza, indignación y dolor ha provocado la situación caótica en tres de las principales cárceles de Ecuador, cuyos reos se amotinaron al unísono, lo que dio paso a incendios intencionales, prisioneros ahorcados y desmembrados con motosierras, cadáveres quemados, y otros desmanes filmados en tiempo real, donde no se ve ni a un solo guardia, ni se oyen sirenas de alarma ni acciones de las autoridades para intentar poner fin a la matanza.

Como resultado se lamentan unas 80 muertes, al tiempo que el país se pregunta si la policía estaba ajena, llegó tarde o hizo como el avestruz. En medio del caos, el dedo acusador del presidente Lenín Moreno se volvió contra Rafael Correa, cuando los hechos muestran que el actual gobierno desmontó las estructuras del sistema penitenciario y de seguridad nacional con que contaba la nación.

La ineptitud, las malas decisiones, la falta de una política penitenciaria y la connivencia de bandas criminales con la Policía, son las verdaderas causas de semejante caos que aún no termina, y se esperan nuevas revueltas a partir de la permisividad de las acciones de las bandas de narcotraficantes al interior de las cárceles.

Ledy Zúñiga, exministra de Justicia durante el gobierno de Correa, denunció que el presupuesto para las penitenciarías se redujo de 38,8 millones que tenía en su mandato a solo tres millones, además de que parte del personal que atendía a los reos fue despedido. “O sea, que un modelo de gestión certificado por la Cruz Roja Internacional, ha sido desmantelado”.

Semejante recorte provocó que no haya recambio para la tecnología utilizada en la seguridad, como cámaras, escáners y otros equipos tecnológicos que permiten la detección de objetos, y solo funciona el 30 por ciento de ellos. Tampoco se pueden hacer nuevas inversiones a fin de evitar el hacinamiento carcelario que propicia situaciones de violencia.

La exministra apuntó que en celdas para seis reclusos, ahora duermen 24, y un guía que debe encargarse de nueve presos, tiene 27 a su cargo. “Donde debe haber 24 mil reclusos hay 60 mil, lo que sumado al desmantelamiento de las unidades de inteligencia que ayudaban a identificar las bandas y sus acciones dentro de los pabellones, ha favorecido el panorama desolador a los ojos de todos”.

Desde 2017, apenas asumió el poder el nuevo mandatario, comenzó el desmontaje de las estructuras carcelarias y de seguridad.

En 2018 eliminó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y al año siguiente el del Interior. “Es a partir de 2018 que aumentan los asesinatos en las penitenciarías, de 38 a 50 y ahora a 80, cuando antes eran unos 10”, dijo.

Desapareció así la política pública de seguridad ciudadana. María Paula Romo asumió en 2018 las funciones de esos ministerios como ministra de Gobierno, hasta su destitución en noviembre de 2020, y lo que más hizo fue dar bala y perseguir, según ha denunciado el asambleísta por Alianza País, José Serrano, ex ministro de interior durante el gobierno de Correa.

El legislador anotó que durante su período se bajó la tasa de 20 casos por 100 mil habitantes, a 5 por 100 mil. El narcotráfico disminuyó, pero ahora volvieron a dispararse esas cifras. Si entonces las bandas de narcos se desarticulaban y apresaban, la situación se tornó diferente tras el recorte del presupuesto. Es terrible –refirió– que “abunden los patrulleros parados porque están sin combustible, y los policías no tengan chalecos antibalas ni armas ni municiones”.

Otra denuncia que responsabiliza al presidente Lenin Moreno proviene del ex director de Rehabilitación Social, Luis Muñoz, quien recordó que el mandatario se comprometió a “ordenar la reclasificación de los detenidos para ubicarles según su peligrosidad. Pero, en lugar de fortalecer los organismos de diagnóstico de los centros, lo que hizo fue mandar a casa a psicólogos, sociólogos, abogados y trabajadores sociales encargados de esas tareas”.

Sucedió luego, informó Muñoz, que las autoridades penitenciarias se vieron en la necesidad de reclutar a nuevo personal, el cual se habilitó en cursos de formación para guías y guardias de vigilancia para las cárceles, y una vez graduados los despidieron porque no había dinero para pagarles.

Aquellos polvos trajeron estos lodos. El estallido del martes 23 de febrero pasadas las siete de la mañana en la cárcel de Guayaquil, seguido de otro en la de Cuenca, a las nueve; y más tarde en la prisión de Latacunga, supuestamente la más segura de Ecuador, no solo es un amotinamiento.

Lo que se ha visto en las imágenes es total abandono estatal, y una probable corrupción de funcionarios públicos que deben estar cobrando dinero para dejarles hacer a los presos, tolerar que introduzcan armas, celulares y disímiles objetos, y se muevan de un lado a otro sin control. Irregularidades que han dado lugar a un proceso fiscal que durará 90 días.

Mientras tanto, el país está indefenso frente a la violencia criminal de las bandas dentro y fuera de las cárceles, por lo que buena parte de los ciudadanos exigen a Lenin Moreno proteger sus vidas, un deber y una prioridad de los Gobiernos.

(*) Periodista cubana de la Revista Bohemia.

Foto de portada: Getty Images.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: