Uruguay: Unir voces contra políticas que anulan derechos ganados por el pueblo

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Por Liset García / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

A las claras se ve en países de nuestra región la conocida técnica del estándar de la privatización, definida por el politólogo Noam Chomsky. Es como decir: verde con puntas: guanábana, y consiste en desfinanciar lo que alguien pretende privatizar, o sea, quitarles fondos para que dejen de funcionar apropiadamente, y acto seguido se oye: está bien, privaticen.

Contra esas intenciones se movilizan fuerzas progresistas en Uruguay. Varios reportes dieron cuenta de la movilización el pasado fin de semana en busca de alcanzar las primeras 100 mil firmas, fórmula para impulsar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada recientemente en el país.

Desde el pasado primero de marzo en que asumió la presidencia la coalición llamada multicolor, no ha hecho más que ennegrecer los avances del país en materia social, de empleo y baja tasa de desigualdad en más tres lustros (2008-2019) de gobiernos del Frente Amplio (FA). Durante ese período se logró un crecimiento económico ininterrumpido del 6,3 por ciento acumulado, legado que ahora se pretende borrar.

Senadores de esa bancada han reprobado públicamente la actuación del Ejecutivo encabezado por Luis Lacalle Pou, que a menos de un año al mando del gobierno lo timonea cada vez más hacia la derecha, con el saldo de la pérdida de derechos y de oportunidades del pueblo, sometido al impulso de la privatización.

En sus políticas concentradoras, ha incumplido hasta la promesa electoral de respetar los salarios. Por el contrario, se dispone a bajarlos, aun cuando la pandemia ha agudizado la precariedad de amplios sectores sociales. El anunciado ahorro del presupuesto será a costa de políticas sociales y reducciones de gastos en varias áreas sensibles, equivalentes a 400 millones de dólares.

Bastaría como muestra el reciente tarifazo aplicado, que implica una nueva pérdida salarial de un 5% para la totalidad de los funcionarios de la Salud y del Estado. La medida generó inconformidades, protestas y el repudio de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública y otras organizaciones.

Según señaló el presidente de esa alineación y de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Martín Pereira, “no nos merecíamos este desprecio por parte del Gobierno”, y llamó a la movilización promovida por los sindicatos desde diciembre pasado.

Organizaciones sociales, trabajadores, cooperativas y estudiantes desplegaron la campaña de recolección de las firmas necesarias para que se convoque a referéndum contra la LUC, dado su impacto en la educación, en las empresas públicas, en los servicios estatales…

La Corte Electoral debe recibir adhesiones del 25% del padrón electoral para que esa ley sea llevada a revisión, por lo que serían unas 673 mil firmas, de acuerdo con los habilitados para el voto. De ahí que el objetivo trazado sea alcanzar las 700.000.

Por lo pronto, esta primera convocatoria realizada el fin de semana contó con gran respaldo popular, pese a la pandemia, que obligó a extremar las medidas sanitarias. Buen inicio para abrir el camino del diálogo democrático a favor de las grandes mayorías que claman por sus derechos, e invita a continuar hasta conseguir las meta propuestas.

(*) Periodista cubana de la Revista Bohemia.

Foto de portada: AFP

 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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