Violaciones contra Venezuela en informe de la ONU

Por Orlando Oramas León (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La Organización de las Naciones Unidas acaba de reconocer que el recrudecimiento de las medidas coercitivas y unilaterales de Estados Unidos contra Venezuela atentan contra la capacidad de ese país para ejecutar proyectos sociales e incluso atender la pandemia por la Covid-19.

Se trata del dictamen de la relatora especial del organismo mundial, Alena Douhan, quien lo dio a conocer en Caracas al término de una visita de trabajo.

La experta independiente de la ONU instó al Gobierno estadounidense a levantar todas las acciones punitivas contra Venezuela, al considerarlas violatorias del derecho internacional.

El informe sobre el impacto de las denominadas sanciones, indica que el estado de emergencia nacional decretado por el Gobierno estadounidense en marzo de 2015, no se corresponde con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de que también afecta a sus relaciones regionales, reseña el documento.

Asimismo, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela viola los derechos soberanos del país e impide que el gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

En tal sentido, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia de la Covid-19.

Subraya además que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros países por la cooperación con Venezuela no tiene justificación en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones.

El dictamen reconoce que desde 2000 el Estado venezolano puso en marcha programas de atención social en los ámbitos de vivienda, educación, alimentación, entre otros, sin costo para el pueblo o sustancialmente subvencionados.

Sin embargo, las denominadas sanciones implementadas durante los últimos años acentuaron la crisis económica iniciada en 2014 por la abrupta caída de los precios del petróleo, indica.

Apunta la relatora que por causa del bloqueo económico, Venezuela vio reducir sus ingresos en divisas en un 99 por ciento, lo cual acentuó el déficit de maquinarias y repuestos necesarios para el desarrollo productivo, además de impactar los sectores de la salud, la alimentación y los servicios.

Refiere que los impedimentos a la importación de alimentos provocaron el crecimiento de la malnutrición en los últimos seis años, y con ello el aumento de la inseguridad alimentaria.

En el ámbito asistencial, Douhan citó en particular la situación del Hospital Cardiológico Infantil de Caracas, que enfrenta una disminución en el número de cirugías de un promedio de mil intervenciones anuales en el período 2010-2014, a 162 en 2020.

Asimismo, el desvío de activos de la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela, Citgo (secuestrada por Estados Unidos), impidió la realización de trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos en centros especializados de Italia y Argentina.

Reconoció que la aplicación de tales acciones afectó el acceso del país a medicamentos y alimentos, lo cual generó un efecto devastador en la salud de la población venezolana, además de acentuar el escenario de crisis y las tensiones internas, con repercusiones en el flujo migratorio y la separación de las familias.

Aunque el informe no toca el tema, de trasfondo está también la corrupción de recursos estatales que la oposición extrema encabezada por Juan Guaidó dilapidó a contrapelo de las carencias y necesidades de la población.

La elección de un nuevo Parlamento el 5 de enero, y la salida de Guaidó del legislativo, ahora en manos de las fuerzas del chavismo, pone en jaque a la política impuesta desde Estados Unidos que pretende desbancar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

De hecho en varios países se discute el liderazgo del opositor y la Unión Europea dejó de considerarlo como «presidente encargado».

La candidata presidencial peruana Veronika Mendoza declaró que si fuera elegida presidenta sería ridículo que reconociera al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, cómplice y ejecutor de la política criminal de Washington contra sus propios compatriotas, cuyos efectos reconoce el informe de la relatora Douhan.

(*)  Periodista cubano, autor de los libros “Raúl Roa, periodismo y Revolución”, “Pohanohara, cubanos en Paraguay” y “Cuentos del Arañero”.

Foto de portada: Andrés Martínez Cáceres/ Reuters. 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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