Brasil: Visos de justicia en el indulto de Lula

Por Hedelberto López Blanch (*)  / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

No era un secreto para políticos, empresarios y pueblo brasileño en general que Luiz Inacio Lula da Silva es inocente de los cargos que se le imputan y que todo había sido un escenario montado por la derecha oligárquica criolla y de Estados Unidos para eliminarlo como seguro ganador de las elecciones celebradas en 2018.

La decisión del juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, de anular todas las sentencias contra el expresidente Lula por el caso Lava Jato confirma que no existían pruebas fehacientes para condenarlo y que todo fue un ensañamiento de persecución política.

Fachin significó que el 13 Tribunal Federal de Subsección Judicial de Curitiba, instancia que lo procesó no era competente para dictaminar condena y que “las acciones no pudieron haber tenido lugar en esa ciudad porque los hechos señalados no están directamente relacionados con el esquema de desvíos de Petrobrás”.

Asimismo, enfatizó que “en el contexto de la macro-corrupción política, tan importante como ser imparcial es no ser partidista”. La medida cautelar tomada por el juez se da en respuesta a un hábeas corpus que presentó la defensa de Lula.

De esta forma, se abren las puertas para que el dirigente del Partido de los Trabajadores pudiera presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales de 2022, lo que tratará de impedir nuevamente la derecha brasileña.

No obstante hay que esperar ya que el proceso continuará. Según las últimas informaciones, si la decisión del magistrado se mantiene y el exmandatario no es condenado en segunda instancia por los tribunales federales, la procuraduría General de la República (PGR), puede apelar y llevar el caso a análisis de la Segunda Sala de la Corte, integrada también por Fachin y otros cuatro magistrados.

De prevalecer el fallo de Fachin, los cargos contra Lula deberán ser escuchados por el Tribunal Federal del Distrito y el proceso volverá al punto de partida.

En este enredado proceso, el Ministerio Público Federal si considera que existen pruebas suficientes de ilegalidades, tendrá que denunciar al expresidente por posibles delitos y en caso de ser aceptadas en los tribunales, se abrirán nuevos casos penales donde Lula puede ser absuelto o condenado. Claro, con el desprestigio que Moro y otros jueces han tenido en los últimos tiempos será más difícil volver a iniciar un proceso contra Lula.

Hace dos meses y tras siete años, la operación Lava Jato fue desmontada jurídicamente en Brasil. Ese mecanismo se utilizó para perseguir acciones financieras ilegales y sobre todo acechar a políticos como ocurrió al sacar del gobierno a Dilma Rousseff en 2016, detener a Lula e inhabilitarlo como candidato a la presidencia, además de estimular una furia neofascista-ultraderechista que llevó al poder a Jair Bolsonaro en 2018.

En varias ocasiones, el expresidente ha enfatizado que la Policía Federal, el Ministerio Público y el juez Sergio Moro (quien lo persiguió con saña) eran servidores del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Esto se puso de manifiesto cuando en 2019 el portal The Intercept Brasil sacó a la luz una serie de reportajes sobre filtraciones de conversaciones entre fiscales y jueces de la Operación Lava Jato y en especial de Moro.

Las pláticas arrojaban dudas sobre la imparcialidad de las investigaciones que llevaron a Lula a la cárcel y le impidieron presentarse en las elecciones de 2018.

Además de Lula, varias pesquisas independientes aseguran que Lava Jato fue una operación dirigida por Sergio Moro, (formado en cursos de liderazgo del Departamento de Estado norteamericano).

Este juez contó con la anuencia de la Policía Federal que tiene nexos con los organismos de seguridad de Estados Unidos; un ejército de fiscales de la misma trayectoria de Moro, y una Procuraduría de la República que, en investigaciones como la de Odebrecht, trabajó codo a codo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Varios dirigentes de América latina han expresado su conformidad con la decisión. El presidente argentino Alberto Fernández celebró que “el líder del PT haya sido rehabilitado en todos sus derechos políticos…sanciones que fueron dictadas con el solo fin de perseguirlo y eliminarlo de la carrera política”.

El expresidente boliviano Evo Morales se refirió al hecho como la culminación de “una sañuda persecución y lawfare (guerra jurídica) de la derecha con fines políticos. Gran alegría para la Patria Grande”.

El exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el colombiano Ernestro Samper afirmó que “la anulación de las causas contra Lula cierra un vergonzoso capítulo de politización de la justicia (lawfare) en Brasil que se viene replicando en otros países de la región contra otros dirigentes progresistas”.

Desde Chile, el fundador del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami dijo que de esta forma “se desarmó la trama de Lava Jato, ganó la democracia y el pueblo brasileño”.

En contraposición, y como era de esperar, el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro criticó la medida pues ve en Lula al posible candidato que lo pueda desbancar del puesto en las elecciones de 2022.

Esperemos que al final la justicia brasileña abra los ojos.

 

(*)  Periodista cubano. Escribe para el diario Juventud Rebelde y el semanario Opciones. Es el autor de «La Emigración cubana en Estados Unidos”, «Historias Secretas de Médicos Cubanos en África» y «Miami, dinero sucio», entre otros.

Foto de portada: Amanda Perobelli/ Reuters.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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