Caso esterilizaciones forzadas en Perú: Abogados de Fujimori y sus exministros frustraron hasta 3 audiencias

Más de 18 años han esperado las víctimas para que el Ministerio Público termine la etapa de investigación de los hechos. Ahora la espera continúa por las maniobras de la defensa legal de los acusados con las que logran la suspensión de cada audiencia que llevará a determinar si hay juicio o no.

Hace apenas dos años, el fiscal Pablo Espinoza formalizó ante el Poder Judicial la denuncia contra Alberto Fujimori y sus exministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por las esterilizaciones forzadas cometidas por lo menos contra 272 mil 208 mujeres (ligaduras de trompa) y 22 mil hombres (vasectomía). Y la primera audiencia de sustentación de cargos se dispuso recién para el 11 de enero de 2021.

Desde entonces, los abogados de los acusados han encontrado la forma de suspender las audiencias y extender el juicio. En la audiencia del 11 de enero pasado, la defensa legal de los imputados insistió al juez Rafael Martínez que suspenda la sesión por la ausencia de intérpretes de quechua; y así fue. El juicio fue retomado en los primeros días de marzo y se intentó frustrar nuevamente por los mismos motivos. Finalmente, con las insistencias de los abogados Humberto Abanto (defensor de Marino Costa) y César Nakazaki (defensor de Alberto Fujimori), el juez cedió y suspendió la audiencia.

El mismo final tuvo la última audiencia programada para el pasado 15 de marzo.

Frente a esta situación, la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) ha enviado una carta abierta al juez Rafael Martínez para exigir una pronta fecha para reanudar las audiencias. “Exigimos que el Estado cumpla sus responsabilidades a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Cultura, y garantice el debido proceso y asegure la presencia de traductores destacando un equipo permanente ante el Poder Judicial para nuestro caso”, dice la carta.

Nos sentimos afectadas fuertemente, son demasiados años dedicados a esta lucha, pero no nos dejaremos vencer. Por nosotras mismas, por nuestras hijas y familias, por las que luchan por estas causas y las que ya no están”, sostiene la carta de AMPAEF.

Los cargos

Durante el régimen de Alberto Fujimori se emprendió la política de esterilizaciones masivas, pero estas fueron forzadas y con engaños. De acuerdo al registro de la Defensoría del Pueblo, 272 mil 028 mujeres fueron sometidas a ligarse las trompas y 22 mil 4 hombres a la vasectomía.

Estos hechos se encuentran documentados en la investigación del fiscal Pablo Espinoza. Uno de los miles de casos fue el de la señora Felipa Cusi Cóndor, quien en 1997 fue captada por personal de salud para decirle que debía someterse a la ligadura de trompas sino “sus hijos no iban a poder estudiar”. Un día después una enfermera volvió a su casa para insistir hasta convencerla.

La llevaron a la posta donde la sentaron y le pusieron suero con una inyección quedándose dormida hasta las 4 de la tarde aproximadamente, para luego despertar y ver que tenía una cicatriz en forma de cruz, dándole de alta poco después sin haber firmado ningún documento, y después de tres días la herida se infectó y volvió a la misma posta para que la curen”, se lee en la tesis del fiscal Pablo Espinoza.

También fue el caso de Carmen Mayhua Pimentel, a quien en noviembre de 1997 se le acercó un grupo del personal de salud para decirle que “debía hacerse ligar las trompas, que era mejor que utilizar la T de cobre”. A Carmen la buscaron hasta cuatro veces para insistirle hasta que finalmente, el 11 de noviembre de 1997, fue trasladada en una ambulancia al centro de salud Limatambo donde la esterilizaron. La intervención le dejó un dolor de 3 días y no firmó ningún documento que dejaba constancia de su consentimiento.

La mayoría de estas personas han manifestado no haber dado su consentimiento, y otras han dicho que efectivamente firmaron el consentimiento pero firmaron por coacción, porque les ofrecieron comida, dinero, eran personas iletradas y les dijeron que les iban a poner multas. Todas estas agraviadas han sido incluidas en esta investigación porque o se les ha engañado o se les compró el voto o simplemente se abusó de ellas llevándolas en un vehículo directa a la posta y se procedió a hacerles la intervención sin autorización alguna”, sostiene el fiscal Espinoza.

Tomado de Wayka Perú/ Foto de portada: Somos 2074 y Muchas+ / Twitter.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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