Los bosques y el olor de sus ancestros

Por Patricia María Guerra Soriano (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano Cuba.

Los territorios indígenas y tribales de América Latina condicionan la estabilidad del clima mundial y regional. Desde un estudio reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), las pruebas son contundentes: sus bosques contienen casi el 30 por ciento del carbono almacenado en la región y el 14 por ciento del carbono en los bosques tropicales a nivel mundial, una cantidad superior al carbono que poseen todos los bosques de la República de Indonesia o la República Democrática del Congo, las dos naciones con mayor área de bosque tropical después de Brasil.

El informe “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques” vuelve a ser explícito cuando aclara que “una buena cobertura forestal puede evitar temperaturas extremas y cambios en los patrones de lluvias y así mantener los rendimientos agrícolas, eludir los problemas de salud humana y evitar los incendios forestales asociados a las sequías”.

América Latina y el Caribe está formada por 826 pueblos indígenas, con una población estimada- según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-de 58 millones de personas. De ellos, entre tres y siete millones viven en zonas forestales con los peores índices de pobreza del continente. Por su parte, los pueblos tribales como los quilombolos brasileños, los maroons de Surinam, los garífunas centroamericanos y muchos afrocolombianos y afroecuatorianos tienen una relación similar a los indígenas con los territorios boscosos, aunque el área que manejan es inferior al primer grupo.

Independientemente de las posibles diferencias, la gobernanza forestal en los territorios en los que se asientan los pueblos indígenas y tribales es determinante en el desarrollo ambiental, no solo por la mencionada capacidad de captación y almacenamiento de carbono, sino también-asegura el estudio- por el elevado nivel de biodiversidad y el potencial para promover el desarrollo rural con pertinencia cultural y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las tasas de deforestación son significativamente más bajas en el área donde residen esas comunidades, una realidad que ha estado condicionada por el reconocimiento de los derechos territoriales colectivos, políticas de incentivos forestales, restricciones sobre el uso del suelo, accesibilidad limitada y baja disponibilidad de capital y mano de obra.

En estos momentos, esos factores, que históricamente limitaron la destrucción de los bosques, se tornan inseguros y la muestra visible es la desprotección de los territorios indígenas y tribales sobre los cuales es cada vez mayor la valorización de sus recursos naturales.

Las presiones actuales ponen en riesgo las garantías climáticas de las que son portadoras las áreas boscosas. La creciente influencia política de las élites agropecuarias y extractivistas, la reducción de los presupuestos públicos para actividades ambientales, el incremento en la demanda internacional de minerales, combustibles, turismo y productos ilícitos, encuentran su contraparte en la usurpación de las tierras, la degradación forestal y la eliminación, reducción o debilitación de las áreas protegidas.

Como soluciones viables, FAO y FILAC proponen fortalecer los derechos territoriales y apoyar la gobernanza territorial reafirmando las culturas y los conocimientos tradicionales. Es cierto que en el horizonte de los pueblos indígenas y tribales la alternativa que se dibuja es la del activismo social y la defensa de sus derechos y comunidades, pero esta debe estar acompañada por la comunidad internacional y los organismos correspondientes.

De poco o nada sirve decir que todos los países latinoamericanos aprobaron la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que la mayor parte ha ratificado el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo y tienen legislación nacional que reconoce el derecho del Consentimiento Libre, Previo e Informado, si al contrario, continúan las concesiones mineras y la producción de energía e hidrocarburos en tierras indígenas sin su consentimiento.

“Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con música, con ceremonias, con espiritualidad. Donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros Nahuales, nuestros espíritus”. Hace cinco años de la muerte de Berta Cáceres, la luchadora indígena que protegió con su vida al río Gualcare, sagrado para el pueblo lenca, en la zona noroccidental de Honduras; hace un tiempo también desde que pronunció esas palabras cuando detener las acciones constructivas del proyecto Agua Zarca fue posible por el frenesí imparable que llevó como sello su muerte y ahora lleva el símbolo de su vida. “Creo que eso es lo que nos alienta-decía-Y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto. Solo hay uno”.

Las palabras de Berta recuerdan que la lucha contra la explotación de las tierras indígenas ha llevado el nombre de muchos activistas muertos y vivos, torturados y asesinados, avasallados, pero no olvidados, para quienes los ríos y las montañas con sus quebradas todavía tienen el olor de los ancestros y merecen ser respetados y protegidos.

(*) Periodista cubana, escribe en Cubaperiodistas, sitio web de la Unión de Periodistas de Cuba.

Foto de portada: Getty Images.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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