Perú: Grandes empresas contra dirigentes sindicales

Por Carlos Mejía

Las relaciones laborales no son buenas en nuestro país. Existen algunos casos donde una empresa y el sindicato se llevan bien y logran discutir de manera sensata sus diferencias. Pero es la excepción antes que la norma. En la mayoría de las empresas no existe un sindicato, por lo que todas las decisiones son tomadas con total arbitrariedad por la empresa: traslados de oficina, reprogramar vacaciones, pago de horas extras, renovar contratos temporales, dar un aumento de sueldo, entre otras. Y sobre ninguna de estas cuestiones los trabajadores son consultados o escuchados.

Mientras que, cuando existe un sindicato -aunque sea pequeño-, el empresario debe informar su decisión al sindicato y durante la negociación colectiva está obligado a discutir las propuestas y reclamos de los trabajadores.

Durante la pandemia, los sindicatos vienen siendo el único actor social que está defendiendo los derechos laborales. Cuando se quiso pasar las vacaciones como licencia, facilitar el cese colectivo o cuando se estableció la suspensión perfecta de labores (que es una forma de despido encubierto); han sido los sindicatos quienes han protestado.

En los últimos meses las grandes empresas están desarrollando una estrategia antisindical más elaborada. Es el caso de la empresa Backus que en diciembre del año pasado ha despedido a Luis Samán, principal dirigente del sindicato acusándolo de difamar a la empresa. Cuando en realidad el dirigente solamente había denunciado las malas prácticas de la empresa que ponían en riesgo la salud de los trabajadores.

Ocurre algo similar en la empresa Molitalia donde el dirigente Joe Braga ha sido conminado a explicar un post publicado en su muro de la red social Facebook. ¿Qué es lo que aparecía publicado? Pues el dirigente simplemente expresa su rechazo a un posible despido de otro trabajador afiliado al sindicato. El dirigente señala que si la empresa despide al trabajador sería “una injusticia”. Nada más.

Y la empresa lo conmina por escrito a demostrar con pruebas y documentos que el despido “es injusto”. En caso contrario tomará las medidas correspondientes pues considera que ha sido difamada y afectada en su imagen y honor.

Hasta donde sabemos, en el Perú no existe delito de opinión.

Más aún en el caso de un dirigente sindical, que no alude a ninguna persona específica, ni a ningún funcionario y se limita a defender al trabajador afiliado. Al parecer para la empresa Molitalia defender a un trabajador es un delito.

Lo que estamos presenciando es una estrategia empresarial que persigue a los dirigentes sindicales no solamente en el centro de trabajo, sino en su vida privada, en las redes sociales. Se escarba en cada acto, ya sea público o privado para “empapelar” a los dirigentes y así acallar a los sindicatos.

Ahora, las empresas no soportan la más mínima crítica a su actuación. Toda crítica es un acto de “difamación” y afecta a su “imagen y honor”.

El abogado Gerard Angles, laboralista y constitucionalista señala con claridad que no hay delito de opinión. Y que las opiniones de un dirigente gremial cuando aluden a las acciones de la empresa deben entenderse como parte de su labor sindical.

El razonamiento de la empresa Molitalia resulta insostenible desde el derecho constitucional y laboral. Sin embargo, en los últimos meses ante el crecimiento de la protesta sindical y las posibilidades de que la izquierda pase a segunda vuelta, las grandes empresa vienen ajustando su política contra los sindicatos. Estas bravuconadas, no pasarán.

Tomado de Wayka.Pe

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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