La enorme culpabilidad de Áñez y sus aliados

Por Hedelberto López Blanch (*)  / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

El golpe de Estado de noviembre de 2019 protagonizado por la derecha boliviana, Estados Unidos y la OEA, a cuya cabeza se colocó Jeanine Áñez, se saldó con numerosos muertos y heridos por las represiones, además de un alto costo económico-financiero para la nación andina.

Inmerso también en apoyo al golpe contra Evo Morales, apareció casi inmediatamente el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para reforzar al régimen de facto le entregó en abril de 2020 un crédito por 327 millones de dólares, el cual en una acción de enorme soberanía, le fue devuelto en febrero de este año al Fondo por el nuevo gobierno democrático de Luís Arce Catacora.

Es decir, a solo tres meses de tomar posesión, la administración boliviana hizo una operación inédita en el mundo: devolvió el crédito al FMI, además de los intereses y así quedó libre de seguir las directrices económicas y políticas que impone esa organización financiera controlada por Estados Unidos y Europa Occidental.

La justificación para recibir el crédito respondía a la necesidad de mitigar el impacto de la Covid-19 y enfrentar la profunda crisis sanitaria, dos situaciones que en vez de mejorar se agravaron durante el régimen de facto.

Áñez recibió en abril 327 millones de dólares y el gobierno de Arce entregó en febrero 351,5 millones (346,7 por pago de capital, 19,6 millones por variación cambiaria y 4,7 millones por intereses y comisiones) lo que generó un costo financiero adicional al Estado de 24,3 millones en solo 9 meses.

En ese mismo período, varios gobiernos enviaron “ayuda humanitaria” al régimen de facto: Italia (20 millones de Euros), Japón (30 millones de dólares), la Unión Europea (5 millones de Euros) y el Banco Central de Bolivia (BCB) liberó 15 millones, recursos que no se utilizaron con transparencia.

El dinero desapareció mediante acciones fraudulentas y fue a parar a manos de ministros y funcionarios del régimen de facto, donde se incluye a Áñez.

Entre los corruptos más destacados aparece el exministro de Salud, Marcelo Navajas Salinas que adquirió 170 respiradores a un costo de 27 683 dólares cada uno cuando el precio real era de 8 000 dólares. En total se pagaron 4 773 600 y al Estado boliviano le robaron 3 413 600 dólares.

Navajas Salinas fue detenido por esa causa a la que se vincula también a la expresidenta, según el informe de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este funcionario era dueño de varias clínicas privadas en La Paz, se opuso al Sistema Único de Salud en Bolivia; a la construcción de 47 hospitales; participó en el paro médico durante el gobierno de Evo que ocasionó la muerte de 16 personas y fue propulsor de la salida del personal médico cubano de esa nación andina.

Jeanine Áñez autorizó el desvío de recursos de salud para otros fines. Más de 5 millones de dólares se usaron en la adquisición de químicos y gases lacrimógenos para reprimir las manifestaciones y 3 560 000 bolívares en chalecos antibalas defectuosos y equipos de seguridad, negociaciones turbulentas en las que están implicados los exministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Luís Fernando López (huyeron del país).

Como suministradoras de equipos para la represión se encuentran las compañías Bravo Tactical Solutions, Armus Ltda., Termobol SRL y Tacsbel SRL.

Las manos de Áñez también están ensangrentadas pues por su odio contra los indígenas y al MAS, permitió, tras el golpe de Estado, las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Sensata (La Paz) en la que contingentes militares dispararon a los manifestantes

Esos operativos en los que fueron utilizados hasta helicópteros, dejaron un saldo de 35 muertos, 833 heridos y 1 504 detenciones, según datos oficiales de la Defensoría del Pueblo.

Desde finales de 2020, tras ganar las elecciones Luís Arce, la Fiscalía boliviana profundizó en esos casos de represión y el 13 de marzo ordenó la detención de Áñez y sus exministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). Otros acusados están siendo buscados y algunos abandonaron el país.

Los cargos contra los civiles y militares que contribuyeron con la asonada golpista comprenden delitos de sedición, conspiración y terrorismo, mientras que el Congreso analiza una solicitud de juicio de responsabilidades por las masacres de Sacaba y Senkata.

Aunque la prensa hegemónica occidental con orientaciones directas de Estados Unidos y de la OEA trató de ocultar las represiones, las investigaciones han determinado que la violencia y los saqueos se extendieron por todo el país.

Bajo amenaza del excomandante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Williams Kaliman, de lanzar mayores represiones contra el pueblo si no abandonaba la presidencia, Morales renunció y se asiló en la embajada de México. Inmediatamente comenzó una fuerte “cacería de brujas” con efectivos policiales que quemaban las banderas whipala (al estilo de las hordas nazis) y arrojaban gases lacrimógenos contra hombres, mujeres y niños por considerarlos a todos seguidores del MAS.

Numerosas organizaciones internacionales condenaron el golpe de Estado y recientemente el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos (Foladh) significó que Áñez cometió graves violaciones a los derechos humanos contra dirigentes, militantes del MAS y grupos vulnerables, así como crímenes de lesa humanidad al criminalizar las protestas sociales.

La realidad es que Estados Unidos, la OEA, el Grupo de Lima y el FMI son culpables del golpe de Estado contra el pueblo boliviano y los ejecutores directos, Áñez y sus exfuncionarios deberán pagar por la corrupción y los crímenes cometidos.

(*)  Periodista cubano. Escribe para el diario Juventud Rebelde y el semanario Opciones. Es el autor de «La Emigración cubana en Estados Unidos”, «Historias Secretas de Médicos Cubanos en África» y «Miami, dinero sucio», entre otros.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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