Colombia: La Policía, hecha para la guerra, viola, asesina y desaparece ciudadanos

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Por Julie Turkewitz y Sofía Villamil. 

Fue una fuerza hecha para la guerra, una que ahora ha encontrado un nuevo frente, en las calles de las ciudades colombianas, donde la policía ha sido acusada de tratar a los manifestantes civiles como enemigos del campo de batalla.

Las manifestaciones que empezaron hace dos semanas como un paro nacional debido a la molestia por una propuesta de reforma tributaria relacionada con la pandemia, ahora se han transformado en un grito colectivo de indignación por las acciones de la policía nacional del país. Los oficiales han golpeado, detenido y matado a manifestantes en los últimos días y en ocasiones han abierto fuego contra manifestaciones pacíficas y lanzado latas de gas lacrimógeno desde vehículos blindados, según más de una decena de entrevistas realizadas por The New York Times con testigos y familiares de los fallecidos y heridos.

El presidente de Colombia, Iván Duque, reconoció en una entrevista el miércoles que algunos agentes habían sido violentos, pero dijo que no veía que el problema fuera sistémico.

“Ha habido actos de abuso de fuerza”, dijo. Pero “solo decir que podría haber alguna posibilidad de que la policía colombiana sea vista como un abusador sistemático de los derechos humanos, bueno, eso no solo será desleal, injusto, sino que no tendrá ningún fundamento”.

Sin embargo, los críticos afirman que la violencia y la creciente cifra de muertos son señales de que es urgente una reforma policial. Y el llamado para llevar la policía al frente ha removido a un país agotado con la guerra y las atrocidades causadas por paramilitares, guerrilleros y las fuerzas de seguridad.

“Ellos nos ven como el enemigo, sabiendo que somos ciudadanos”, dijo Alexis Medina, un manifestante de 29 años que dijo haber sido detenido por oficiales de policía que lo obligaron a beber su orina. “Tome o le tumbo los dientes”, dice que le dijeron.

Al menos 42 personas han muerto, entre ellos un oficial de policía dijo el gobierno el martes. Human Rights Watch y otras organizaciones dijeron que la cifra es posiblemente más alta.

“Es una policía muy buena para la guerra”, dijo Óscar Naranjo, un ex jefe de policía que ha impulsado una transformación al interior del cuerpo. Pero después que el país llegó a un acuerdo con su mayor grupo rebelde (las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) la sociedad cambió, dijo.

Antes del acuerdo, las protestas a menudo estaban estigmatizadas y eran asociadas con la guerrilla, dijo. El acuerdo, firmado en 2016, abrió un nuevo espacio para el diálogo político y la protesta y, al mismo tiempo, dio lugar a una generación que creyó que sería la primera en décadas en vivir en paz. Sin embargo, dijo Naranjo, la policía aún no se ha ajustado a este nuevo marco.

Indicó que la institución “tiene que acelerar su proceso para adaptarse a la nueva situación de posconflicto”.

En medio de la agitación, el presidente Iván Duque inició un diálogo formal con líderes de la sociedad civil y reiteró el “respeto a la protesta pacífica” por parte del gobierno y dijo que toda la violencia contra civiles y funcionarios públicos “deben ser investigadas y sancionadas”.

Pero en la entrevista, Duque aseguró que no creía que la policía necesitara una reforma significativa. Dijo que la policía tiene una política de “tolerancia cero” hacia el abuso y señaló el hecho de que el inspector general de la policía ha abierto al menos 65 investigaciones sobre presuntas faltas de conducta. La policía también suspendió a cinco personas, dijeron las autoridades.

Su ministro de Defensa, Diego Molano, que supervisa la policía nacional, ha dicho que la gente ha disparado a los agentes policiales, cientos de los cuales han resultado heridos. Culpó de los disturbios a los grupos armados que quedan, a quienes el gobierno identifica como “terroristas”.

“Las organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica”, dijo Molano.

Las imágenes de abuso policial de los últimos días han suscitado preocupación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y funcionarios en EEUU, que financia las fuerzas de seguridad desde hace años y atraviesa por su propia reflexión sobre la conducta policial. Las protestas que comenzaron hace más de dos semanas han dejado al menos 42 muertos.

La fuerza de policía de Colombia es una de las pocas (si no es que la única) en América que depende del ministerio de Defensa, junto con el ejército, un cambio que se dio en los años 50 después de un sangriento conflicto civil en el que partidos políticos rivales usaron a la policía para atacarse mutuamente.

En aquel momento, el gobierno buscaba profesionalizar y despolitizar la labor policial al consolidar un sistema fragmentado bajo una fuerza nacional, dijo Juan Carlos Ruíz, profesor y experto de seguridad de la Universidad del Rosario de Colombia.

Para inicios de este siglo, la policía se había convertido en un actor crucial en la estrategia de contrainsurgencia dirigida a erradicar a las FARC, en la que el ejército expulsaba a los rebeldes del territorio y la policía resguardaba ese terreno. La estrategia funcionó, obligando a los rebeldes a negociar. Y le valió a la policía “niveles muy altos de confianza ciudadana”, dijo Paul Angelo, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Pero desde el acuerdo de paz, poco ha cambiado dentro del cuerpo de policía.

Juan Manuel Santos, que era presidente cuando se firmó el acuerdo, había apoyado durante mucho tiempo el traslado de la policía fuera del Ministerio de Defensa. Pero la idea era impopular entre las fuerzas armadas, en parte porque la policía aporta dinero y recursos humanos al ministerio, dijo Angelo. Cuando Santos firmó el acuerdo de paz, le quedaba poco tiempo en el cargo y aún menos capital político. El cambio nunca se llevó a cabo.

Ahora, los defensores de la reforma de la policía presionan de nuevo para que la fuerza de 140.000 integrantes pase del Departamento de Defensa al Ministerio del Interior, y para priorizar la formación en Derechos Humanos, limitar el armamento y juzgar a los agentes que cometen delitos en tribunales ordinarios en lugar de cortes militares.

En una entrevista, el jefe de la policía nacional, el general Jorge Luis Vargas, dijo que se había presentado un plan de reforma al país a principios de este año. Sin embargo, comentó que la policía no debería salir del Ministerio de Defensa.

“La situación de narcotráfico y de grupos al margen de la ley en este momento no lo permite”, dijo, calificando estos temas como “el principal problema de Colombia”.

Las protestas del paro nacional comenzaron a finales de abril, cuando Duque propuso una revisión de los impuestos para ayudar a completar un déficit fiscal exacerbado por la pandemia. El país ya estaba en vilo: después de un año de restricciones relacionadas con la covid, el brote no hacía más que empeorar, junto con la pobreza, la desigualdad y el desempleo.

Duque retiró la propuesta fiscal poco después de que comenzaran las manifestaciones. Pero después de que la policía respondió con fuerza pesada, las protestas no han hecho más que acelerarse. En algunos lugares, los manifestantes han bloqueado las principales carreteras, impidiendo el paso de alimentos y otros productos.

Cali, la tercera ciudad más grande del país, ha sido el escenario de algunos de los peores actos de violencia. El 3 de mayo, la policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos que habían salido a una vigilia para conmemorar a otros muertos en las manifestaciones, según tres testigos entrevistados por The New York Times.

Claudia Vásquez, de 48 años, relató que la noche comenzó con velas y oraciones, hasta que los helicópteros empezaron a rugir sobre sus cabezas, iluminando con un reflector gigante a los asistentes, muchos de ellos niños y personas mayores. Luego llovieron gases lacrimógenos. Los policías llegaron en motos, dijo, “y les dieron bala”.

Entre los muertos estaba Kevin Agudelo, de 22 años, que quería protestar contra la “desigualdad social” y la “falta de oportunidades”, dijo su amigo de infancia, Jesús Giraldo, también de 22 años.

Agudelo había crecido en un barrio pobre, había ido a la escuela pública, y aspiraba a estudiar en una universidad local, pero no tenía los medios, dijo Giraldo. Había estado trabajando en una tienda de artículos para el hogar y tratando de ahorrar.

“Él está muy joven”, dijo Giraldo. Que “todo lo que uno aspira en la vida, cortárselo así tan bruscamente a esta edad, me parece demasiado injusto”.

Parte del desafío para la policía ha sido el tamaño de las protestas, que han atraído a miles de personas a las calles casi todos los días durante las últimas dos semanas.

El país cuenta con una fuerza policial antidisturbios, conocida como ESMAD, o Escuadrón Móvil Antidisturbios, cuyos agentes están entrenados para hacer frente a grandes multitudes. Llevan un pesado equipo antibalas y no se les permite llevar armas letales, dijo Ruíz.

Pero las manifestaciones fueron tan grandes que la policía nacional intervino como refuerzo. Sus agentes llevan muy poca protección, y portan pistolas con munición real.

Cientos de personas han resultado heridas por los agentes, según Temblores e Indepaz, organizaciones de Derechos Humanos de Colombia.

Entre ellos está Juan Pablo Fonseca, de 25 años, un estudiante de cocina que salió a protestar en Bogotá, la capital, el 1 de mayo. Cuando la policía empezó a lanzar gases lacrimógenos, trató de escapar, dijo. Entonces se dio la vuelta y se encontró cara a cara con uno de los agentes del ESMAD con blindaje corporal.

“Apuntó y disparó”, dijo Fonseca, quien perdió el ojo por una lata de gas lacrimógeno.

Temblores e Indepaz han recibido más de mil informes de detenciones arbitrarias durante las protestas. Human Rights Watch dijo que varias personas han sido golpeadas mientras estaban detenidas.

“Nunca he visto a la policía incurrir en este nivel de brutalidad sostenida en toda Colombia”, dijo José Miguel Vivanco, director de la división de América de la organización. “A menos que el presidente Duque cambie de rumbo, estos recientes acontecimientos perjudicarán aún más la posición de Colombia en Washington y Europa”.

Entre los heridos está Johan Moreno, de 27 años, abogado en el departamento de Santander, cerca de la frontera nororiental del país. El 4 de mayo, Moreno se puso un chaleco gris en cuyo bolsillo se leía “equipo jurídico” en letras naranjas y salió a documentar la violencia en las calles. Cuando varios agentes lo rodearon, levantó las manos y les dijo que era un “defensor de derechos humanos”.

Eso no lo protegió. Los policías lo tiraron al suelo, lo patearon, lo agarraron por el cuello y le golpearon la cabeza, contó.

Lo que más recuerda, dijo, son las palabras del capitán, mientras perdía y recuperaba la consciencia. “Usted no es un defensor de derechos humanos”, dijo, según Moreno, “usted es un [improperio] guerrillero y le voy a enseñar a que se desmaye de verdad”.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: AP.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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