Desde las embajadas de Estados Unidos, un nuevo Plan Cóndor contra el socialismo

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Por Geraldina Colotti / Resumen Latinoamericano. 

El continente latinoamericano muestra claramente los términos del enfrentamiento a nivel global, en el marco de la nueva fase de reajuste del capitalismo, que también necesita formatear el conflicto de clases: aplastarlo o cooptarlo según la correlación de fuerzas, históricamente determinada. Y así, mientras en los países europeos los aparatos ideológicos de control agudizan la pérdida de memoria del conflicto pasado para imponer la visión de los vencedores, la burguesía reajusta, al más alto nivel, las técnicas de control y represión desarrolladas en los momentos más agudos. del choque del siglo XX, y que se han convertido en elementos estructurales de la nueva economía de guerra.

Desde Colombia, a Paraguay, a Chile, vuelven las desapariciones forzadas de los jóvenes manifestantes, las torturas, el uso de paramilitares disfrazados de civiles. Violaciones cubiertas por el mismo silencio con el que las organizaciones internacionales han permitido la tortura de los vascos en España, de los comunistas en Italia, Francia, Alemania, de los irlandeses en Gran Bretaña: siempre en nombre, por supuesto, de la «lucha contra el terrorismo» y la defensa «pacífica» de la democracia burguesa. De Cuba a Venezuela, de Bolivia a Ecuador, vemos continuar las políticas implementadas en el siglo XX, entre la embriaguez mediática y la soberbia imperialista, para utilizar el tema de la «lucha contra el terrorismo» útil también para mantener el perverso circo de las «sanciones».

Así lo recordó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunciando la grotesca decisión de Estados Unidos de incluir a Cuba, junto con Venezuela, en la «lista negra» de países que «no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo». A través de Twitter, Rodríguez expresó «sorpresa e irritación» por el anuncio del Departamento de Estado que «indica -escribió- una continuidad de la actual administración estadounidense con la política de Donald Trump». Sobre todo porque, agregó, esto significa la continuación de 243 medidas coercitivas impuestas por Trump a Cuba, que sufre desde hace casi 60 años un bloqueo económico unilateral en Washington.

Solo entre abril de 2019 y marzo de 2020, las pérdidas ocasionadas por esta política a la isla más grande de las Antillas «superaron los cinco mil millones de dólares, lo que representa una cifra récord para apenas un año». El daño infligido a la revolución durante el bloqueo de casi seis décadas asciende a 144.000 millones de dólares. Para aumentar aún más la presión sobre La Habana, Trump ha decidido incluir a Cuba en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba anualmente una resolución condenando y pidiendo el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba, un impedimento criminal al libre desarrollo de la economía cubana, dedicada a construir médicos y no instrumentos de guerra. La votación se repetirá el 23 de junio y el gobierno de Estados Unidos está tratando de imponer su política de hechos consumados este año, en continuidad sustancial con las elecciones del anterior gobierno de Trump.

La política de hechos consumados, impuesta por desautorizar las instituciones internacionales cuando no ceden a los deseos del imperialismo estadounidense, es otra herramienta ahora plenamente desplegada contra gobiernos que deben ser destruidos o sometidos, dentro y fuera de América Latina. La misma política seguida por Israel contra el heroico pueblo palestino, como se ha visto con las masacres en Gaza. Masacres que, sin embargo, por primera vez, parecen despertar conciencias dormidas por la propaganda internacional, que enturbian la asimetría entre dominantes y dominados, además de ocultar lo inherente a la contradicción entre capital y trabajo, criminalizando el derecho de los pueblos oprimidos y de los explotados a revuelta.

Mientras, de hecho, los amos de la red se dedican a sancionar a quienes muestran las imágenes de represión y masacres que señalan al mismo enemigo de un lado al otro del sistema globalizado, los gobernantes y sus articulados intercambian y dirigen «consejos» sobre cómo perfeccionar la eliminación de los manifestantes. «Plomo, plomo, para defender a la gente de bien», escriben los uribistas en Colombia, incitando a las masacres de jovenes manifestantes, definidos como «terroristas» porque impiden el libre flujo de la economía a través de barricadas.

Qué tipo de economía se decide en Colombia y quién tiene que pagar los costos, lo demuestra una protesta que ya lleva un mes y que está aglutinando a todos esos sujetos que no tienen más que perder que sus cadenas. Las clases dominantes lo saben y defienden sus privilegios, motivando la persistencia de ese aparato represivo que, en un mes de protesta popular, torturó, violó e hizo desaparecer a muy jóvenes manifestantes.

Las manifestaciones que se están produciendo en casi todos los países donde viven las comunidades colombianas, que han crecido a lo largo de los años precisamente por las políticas de exclusión y represión, denuncian las violaciones cotidianas de esos «derechos humanos» utilizados como arma contra los gobiernos que, como Cuba y Venezuela, en cambio los han puesto en el centro, dedicándose en primer lugar a garantizar los derechos básicos.

Lo vemos en Paraguay, donde el asesinato de dos niñas se presentó como una acción antiterrorista contra la guerrilla del Ejército del Pueblo, y donde una jovencita de quince años, hija de presos políticos, Lichita, sigue siendo desaparecida, después de una represión militar. Un herencia bárbara de la larga y feroz dictadura de Alfredo Stroessner, auspiciada por Estados Unidos, cuyos mecanismos han seguido funcionando incluso en el presente, imposibilitando cualquier cambio real.

Lo vemos en Perú, donde con el pretexto del «regreso del terrorismo» intentan compactar a toda la derecha, y evitar la victoria de Pedro Castillo, el líder de los maestros que ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero con un número insuficiente de votos para vencer a la segunda, Keiko Fujimori. La hija del dictador ahora está tratando de evitar la cárcel donde debería terminar por corrupción y malversación agravada y tiene de su lado todo un abanico de fuerzas reaccionarias o falsas progresistas temerosas de que algo pueda cambiar en Perú a favor de los sectores populares.

Por tanto, todas las fuerzas reaccionarias se unen una vez más por el miedo de la pasada guerra de clases y atribuyen la masacre de 14 personas, entre ellas varios niños, a la -además desaparecida- guerrilla de Sendero Luminoso. De esta forma, se puede justificar la persistencia de la economía de guerra y los aparatos que la dirigen, y que también han llevado a la cárcel a los abogados defensores de los presos políticos a través de la engañosa Operación Olimpo.

Lo que regresa cuando la derecha vuelve a gobernar en América Latina, lo hemos visto en Brasil, en Bolivia con el golpe contra Morales, y ahora lo podemos ver en Ecuador, donde el banquero Lasso está terminando el trabajo de demolición de las políticas implementadas por Correa, demolición que comenzó con la traición de Lenin Moreno. Cuando Lasso asumió el cargo se realizó la exhibición de la internacional reaccionaria que anima por todos los medios el conflicto de clases en América Latina y cuyos hilos, obviamente, son movidos por el imperialismo norteamericano.

La presencia de los golpistas venezolanos fue la manifestación más evidente de esto. Guaidó y su banda de ladrones en el exterior han buscado apoyo para incluso intentar el abordaje de la red Telesur. Para usurpar y contaminar sus contenidos, crearon una cuenta falsa, denunciada por una campaña internacional aún en marcha. Uno de los principales focos de las estrategias golpistas es la embajada norteamericana en Colombia, ya que ya no tiene base operativa oficial en Venezuela.

Es bien sabido que detrás del incomprensible balbuceo del títere Guaidó, está su dueño norteamericano. Las recientes declaraciones de James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela, que opera desde su sede en Bogotá, lo han confirmado una vez más. Story, de hecho, anticipó la composición de los «mediadores» y los términos en los que habrían tenido derecho a actuar en reuniones con el gobierno legítimo de Maduro.

El gobierno bolivariano ha fijado tres condiciones, tres puntos clave, dijo Maduro: el levantamiento de todas las “sanciones”, el reconocimiento de la Asamblea Nacional nacida de las elecciones del 6 de diciembre de 2020 y de todos los poderes establecidos, y la restitución de cuentas bancarias y de activos. incautados en el exterior a las instituciones del Estado venezolano. Puntos en los que la administración norteamericana trata de inmiscuirse para imponer la agenda golpista, necesaria para hacer retroceder el reloj de la historia también en Venezuela e imponer el modelo imperialista de la economía de guerra – arquitrabe conocido de las políticas de EEUU – en el rico territorio bolivariano.

El presupuesto militar de los EEUU representa el 39% de todos los del planeta. En 2020, el gasto militar estadounidense alcanzó los 778.000 millones de dólares, tres veces el de China (252.000 millones de dólares). El eje Washington-Bogotá-Tel Aviv, con su ejército de milicias de seguridad privada, centros de control de satélites, centros de investigación y periodistas contratados, es crucial para mantener la prisa sobre América Latina y contrarrestar la influencia de China y de Rusia en el continente.

 Para extender su control a nivel mundial, EEUU utiliza la red diplomático-consular, los centros de inteligencia, las bases militares en alta mar ubicadas en los cinco continentes, pero también otro sector estratégico: las oficinas de enlace que responden a las fuerzas de contraste en Washington y que actúan dentro de las embajadas. Herramientas más ágiles que las propias bases militares, que requieren el consentimiento del país anfitrión. Puestos de avanzada extranjeros de agencias de seguridad federales que actúan como «antenas» para recibir, controlar y contrarrestar las políticas «enemigas» y las amenazas potenciales a la seguridad de Estados Unidos.

Como también reveló Newsweek, durante la última década el Pentágono ha construido un verdadero ejército paralelo de 60.000 civiles, militares, en su mayoría fuerzas especiales y contratistas. Efectivos que operan encubiertos y dibujan su principal labor en los países de América Latina, uno de los grandes escenarios de guerras de nuevo tipo, principalmente revueltas contra el conflicto de clases. Una parte sustancial de estas fuerzas ocultas está formada por especialistas en inteligencia, lingüistas, expertos en guerrilla digital, piratería informática y manipulación de medios. La facturación gestionada por un puñado de agencias gubernamentales norteamericanas que operan en la sombra asciende a aproximadamente 900 millones de dólares en términos de licitaciones y contratos adjudicados a más de un centenar de empresas privadas que deben respaldar toda su actividad.

Son estas redes las que proporcionan el combustible, tanto en términos militares como mediáticos, para las campañas mercenarias contra los gobiernos que tiene que ser subyugados. Desde estos centros se inicia la difusión de estadísticas y anuncios que deben pesar sobre la política de un país en particular. Y así, el prófugo de la justicia Julio Borges y sus compinches al extranjero, anunciaron como su propia victoria una próxima Conferencia Internacional de Donantes, convocada por Canadá el 17 de junio a favor de los “migrantes venezolanos”, a la que Biden confirmó el financiamiento el 8 de marzo.

Financiamiento que, por supuesto, se destinará a aquellas políticas de seguridad de las que se alimentan los gobiernos subordinados a Washington y las instituciones que, como la Unión Europea, los apoyan, volviéndose súbitamente generosos mientra no lo son para nada hacia los pueblos y migrantes de sus países. Hace casi un año, una conferencia similar había rendido un bonito botín a la pandilla de Guaidó: 2.544 millones de euros, 595 millones de los cuales se pagaron directamente.

En los últimos días, una decena de países latinoamericanos se reunieron en Lima sobre el tema, para emitir la octava Declaración Conjunta del Proceso de Quito, suscrita en presencia de delegados de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y la Organización para las Migraciones (OIM), en conjunto con los estados receptores de estas políticas. El Proceso de Quito es otro capítulo de esas instituciones artificiales creadas contra la Venezuela bolivariana en 2018 por iniciativa del Ecuador de Moreno.

 Con la presidencia pro-tempore de Perú, se incluyó al Reino Unido, Italia, el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid) como nuevos miembros del Grupo de Amigos formado primero por España, País Vasco, Suiza, Alemania, Francia, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, que ahora organiza la nueva Conferencia de Donantes. Otros países miembros son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay. Ahora la presidencia pasa al Brasil de Bolsonaro.

El Grupo de Amigos formado por ocho países de la llamada Comunidad Internacional, constituido en la séptima reunión, participa en sesiones plenarias y espacios técnicos y también actúa sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde la cual, no en vano, salen nuevos ataques a la Venezuela.

Un gran negocio que tuvo un rumbo adicional durante las «reuniones bilaterales» para la asunción del cargo del banquero Lasso en Ecuador, auspiciadas por la representante de Estados Unidos, Julie Chung. Una nueva maniobra para robar otros miles de millones al pueblo venezolano y contrarrestar con la mentira las mismas estadísticas de una firma ciertamente no a favor del socialismo como la de Torino Economics, patrocinada por el banco de inversión Torino Capitale, que se dedica a analizar la hechos económicos y políticos relevantes para el mercado de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela.

Luego de lamentar que la acción de instituciones artificiales como el grupo de Lima no arrojó resultados contra el gobierno de Maduro, el instituto analítico cuantificó sin embargo el daño hecho a la economía venezolana por las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, describió el choque entre las diversas tendencias políticas del gobierno de Biden sobre su aumento o suspensión, y tuvo que reconocer la efectividad de las políticas contra el bloqueo implementadas por el gobierno bolivariano. Y predijo una recuperación para la economía venezolana.

Pero para evitar que Venezuela se estabilice y siga desarrollando su «diplomacia de paz con justicia social» dentro de las alianzas que, con China y Rusia en el centro, avanzan hacia la construcción de un mundo multicéntrico y multipolar, vemos un nuevo y poderoso clamor a nivel internacional, animados por los lobbies a sueldo de Washington: empezando por Amnistía Internacional, que protestó porque el gobierno argentino, que volvió al progresismo, ha decidido retirarse de la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional contra Maduro por el arco de gobiernos conservadores, que se consideran «defensores de los derechos humanos».

Un choque que también se manifiesta dentro del Mercosur, donde fuerzas conservadoras presionan por la ratificación del tratado de libre comercio con Europa, la ratificación de la exclusión de Venezuela y el paso definitivo al campo de Washington. Para configurar el nuevo modelo de multilateralismo norteamericano en la región, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, llegó a Quito, en su primer viaje a América Latina. Se reunió con el banquero Lasso y varios miembros de su gobierno y prometió más de $ 1,000 millones en 2021.

Se trata -explicó Carone- de 553 millones de dólares para fortalecer la administración aduanera y tributaria, mejorar la conectividad digital, fortalecer el acceso a la justicia, mejorar la interconexión energética con Perú y además brindar un mecanismo financiero que facilite la compra de vacunas. Y luego, un préstamo de $ 500 millones para los llamados programas sociales dedicados a los más vulnerables.

Como para decir: una vez que hemos decidido quién está a cargo del gobierno, abrimos los hilos del bolso. Cómo? Como se vio en Chile durante el segundo gobierno de Piñera, que había ganado en base a las mismas trampas retóricas bajo las cuales solo los banqueros pueden salvar de las crisis que provocan sus políticas, como vimos con Draghi en Grecia, etc.

En ausencia de una organización de clase fuerte que levante la conciencia del proletariado y atraiga a otros sujetos populares empobrecidos, la trampa siempre funciona. Para ello, es necesario demonizar y demoler a quienes buscan construir una alternativa, como Venezuela y Cuba. E incluso cuando la crisis abierta de las políticas neoliberales y de la democracia burguesa lleva a la reanudación de fuerzas alternativas, como se ve en Chile con el triunfo de los comunistas en importantes baluartes municipales, es necesario ocultar la realidad de la democracia participativa y protagonista de Venezuela, que resiste desde hace 22 años.

Un proceso que se puso en marcha con la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente que, en 1999, votó la nueva Carta Magna y puso el poder popular en el centro del cambio. El mensaje es simple: con o sin revolución, con o sin la dictadura del proletariado, el socialismo no debe pasar, porque siga maniobrando el manipulador habitual.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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