La saga de Playa Girón: Los mercenarios (III)

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José Luis Méndez Méndez (*)/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

La evolución del Derecho Internacional determinó que se recogieran como actos delictivos y, de hecho, pueden ser tipificados como acciones de terrorismo internacional; tal es el caso del mercenarismo, calificado como crimen internacional. En la ONU, su Asamblea General ha tomado sucesivas resoluciones que condenan su utilización. En el XXXV periodo de sesiones, se pronunció la necesidad de concebir una convención internacional contra los mercenarios. La Resolución 140 de 1979, se instó a los estados la adopción de medidas eficaces que prohibieran el reclutamiento, entrenamiento, utilización y concentración de mercenarios.

La Resolución 34/48 creó el Comité ad hoc para la elaboración de una convención internacional contra los mercenarios, cuya primera sesión se efectuó en el año 1981, a pesar del rechazo de países de Europa y Estados Unidos y presiones para que no se le calificara al mercenarismo como “delito internacional”, así como evitar la aprobación de la obligatoriedad de los estados de aplicar medidas de carácter legislativo en el orden interno para eliminar la práctica mercenaria.

Más adelante, en el presente siglo XXI, la Asamblea General se pronunció así sobre el mercenarismo:“…los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos, cualquiera que sea la forma en que sean utilizados o la que adopten para darse una apariencia de legitimidad, son una amenaza para la paz, la seguridad y la libre determinación de los pueblos y un obstáculo para el goce de los derechos humanos por los pueblos.”

La Asamblea General ha condenado el fenómeno del mercenario en diversas ocasiones describiéndolos como criminales que son utilizados para violar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Dentro de sus resoluciones también se ha planteado que el entrenamiento, la financiación, el apoyo y la utilización de los mercenarios por los gobiernos, sea un delito y exhortan a que se establezcan leyes que no permitan el entrenamiento y el tránsito de mercenarios por los territorios de los países, así como prohibir el reclutamiento de nacionales con este fin, pero antes de 1977, el derecho relativo a los conflictos armados no hacía una distinción formal entre mercenarios y otros combatientes.

El artículo 47 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 concerniente a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I aprobado en junio de 1977) contiene una disposición específica sobre los mercenarios. Debido a que sólo se refiere a conflictos armados, no se ocupa de la legalidad de las actividades de los mercenarios ni establece la responsabilidad por mercenarismo de quienes participan en estas actividades. En cambio, define el estatuto de mercenario y sus efectos en caso de captura.

La definición que figura en el mencionado anteriormente artículo 47 tiene un alcance restringido con el objetivo de asegurar que la pérdida de protección ocurra únicamente en circunstancias limitadas, por lo que define como mercenario toda persona que:

a) Haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, a fin de combatir en un conflicto armado;

b) De hecho, tome parte directa en las hostilidades;

c) Tome parte en las hostilidades animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal y a la que se haga efectivamente la promesa, por una Parte, en conflicto o en nombre de ella, de una retribución material considerablemente superior a la prometida o abonada a los combatientes de grado y funciones similares en las fuerzas armadas de esa Parte.

d) No sea nacional de una Parte en conflicto ni residente en un territorio controlado por una Parte en conflicto;

e) no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto; y

f) no haya sido enviada en misión oficial como miembro de sus fuerzas armadas por un Estado que no es parte en conflicto.

Otro organismo que ha establecido su preocupación en cuanto al fenómeno del mercenarismo ha sido la Organización de la Unidad Africana (OUA), la que después de expresar inquietud en varias resoluciones por la amenaza a la estabilidad de África que planteaban las actividades de combatientes extranjeros en el territorio, aprobó, en Libreville en julio de 1977, la Convención para la eliminación de la actividad de mercenarios en África. Esta fue elaborada por un comité de expertos y entró en vigor en 1985. Tiene sus límites, pues al ser regional, sólo es aplicable a los países africanos que han finalizado el procedimiento de ratificación de la misma.

La misma prohíbe el mercenarismo y a sus ejecutores, caracterizándolo como un delito contra la paz y la seguridad en África, cometido por una persona, grupo, asociación, país o representante de un gobierno. En su artículo 1, se acata la misma caracterización de la ONU sobre la definición de mercenario.

La definición no se aleja de lo planteado por el Protocolo I por lo que contiene las mismas limitaciones para conceptualizar el término de mercenario, además de su alcance solo regional y la situación política de los países de este continente constantemente asediado por las potencias mundiales y por lo tanto el entorno más común para el empleo de este tipo de fuerzas militares.

Otro marco jurídico internacional donde se ha tratado el tema del mercenarismo es la “Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios”, aprobada en 1989, después de nueve años de debate. Fue elaborada por el Comité ad hoc establecido en virtud de la resolución 35/48 de la Asamblea General.

El artículo 1 de la Convención mantiene la definición de mercenario contenida en el artículo 47 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, pero la amplía para abarcar situaciones distintas de los conflictos armados en que se haya reclutado personas para participar en un acto concertado de violencia con el propósito de derrocar a un gobierno o socavar de alguna manera el orden constitucional de un país, también incluye los actos realizados contra la integridad territorial de una nación. En dicha situación, se entiende por mercenario toda persona que:

a) Tome parte en ese acto animada esencialmente por el deseo de obtener un provecho personal significativo y la incite a ello la promesa o el pago de una retribución material;

b) No sea nacional o residente del Estado contra el que se perpetre ese acto;

c) No haya sido enviada por un Estado en misión oficial; y

d) No sea miembro de las fuerzas armadas del Estado en cuyo territorio se perpetre el acto.

Además de estas convenciones y debido a la incidencia de la utilización de los mercenarios y la continua violación de derechos humanos que conlleva el empleo de estos soldados de fortuna, la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1987/16, decidió nombrar un Relator Especial que se ocuparía de examinar la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. En virtud del mandato original, que fue renovado en repetidas ocasiones, el Relator Especial, para llevar a cabo esta tarea, estaba facultado para solicitar y obtener información creíble y fidedigna de los gobiernos, así como de organismos especializados y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, que le permitieran identificar las características y métodos del mercenarismo.

Durante los años que estuvo vigente el Relator Especial, quien se esforzó por promover la ratificación de la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, así como la aprobación de leyes nacionales dirigidas específicamente a este tipo de actividades, logrando, a entendimiento de la autora, muy pocos avances en el periodo.

Mediante la resolución 2005/2, la Comisión de Derechos Humanos decidió poner fin al mandato del Relator Especial y establecer el “Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”, formado por cinco expertos independientes, uno de cada grupo regional.

En el párrafo 2 de la resolución 7/21, el Consejo de Derechos Humanos solicitó al Grupo de Trabajo la ejecución de las siguientes tareas:

(a) Elaborar y presentar propuestas concretas sobre posibles normas complementarias y nuevas destinadas a colmar las lagunas existentes, así como directrices generales o principios básicos que promuevan el aumento de la protección de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre determinación, al hacer frente a las amenazas actuales y nuevas que suponen los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos;

(b) Recabar opiniones y contribuciones de los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre las cuestiones relativas a su mandato;

(c) Vigilar a los mercenarios y las actividades relacionadas con ellos en todas sus formas y manifestaciones en distintas partes del mundo;

(d) Estudiar y determinar las fuentes y causas, las cuestiones, manifestaciones y tendencias que están surgiendo con respecto a los mercenarios o las actividades relacionadas con ellos y sus repercusiones sobre los derechos humanos, en particular sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación;

e) Vigilar y estudiar las repercusiones de las actividades de las empresas privadas que ofertan en el mercado internacional servicios de asistencia, asesoría y seguridad militares sobre el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho de los pueblos a la libre determinación, y preparar un proyecto de principios básicos internacionales que promuevan el respeto de los derechos humanos por esas empresas en sus actividades.

Estas medidas aún son superficiales, pues no plantean una solución al problema y de forma general todavía existen aspectos que deben profundizarse y sobre los que existen acalorados debates. Otra de las debilidades, en el marco jurídico, es no incorporación de muchos países a esta Convención Internacional y en el caso de los que se han incorporado, muchos aún no han legislado, implementado y proclamado leyes nacionales respecto a este fenómeno.

También como limitación se pueden observar debates y desacuerdos sobre algunos aspectos establecidos en la definición de mercenario. Uno de ellos es el requisito de que la persona en cuestión no sea nacional o residente del país en donde se llevan a cabo las actividades. El propósito de este requisito es distinguir a los mercenarios de los miembros de un movimiento de liberación nacional o un movimiento de oposición que se opone legítimamente al gobierno de un país. Sin embargo, esto entra en conflicto cuando se trata del empleo de nacionales por gobiernos extranjeros o cuando los grupos de oposición reciben financiación del extranjero para fines políticos, con el objetivo de desestabilizar al gobierno, método empleado habitualmente por potencias como los Estados Unidos contra los países donde tienen intereses.

Cuba como país víctima de las acciones de los mercenarios ha emprendido iniciativas y realizado denuncias contra este flagelo utilizado como medio para debilitar y derrocar a la Revolución.

Durante el quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en el tema 106 del programa provisional A-50-150, titulado El Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación, se trató la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. Continuará…

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Vea también

La saga de Playa Girón: Los mercenarios (I)

La saga de Playa Girón: Los mercenarios (II)

Ilustración de portada: La Jiribilla

 

 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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