Argentina: Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo a cinco meses de su sanción

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Por Mariana Carabajal.

Las autoridades sanitarias de distintos puntos del país destacan el cambio cultural y el recambio generacional de los equipos de profesionales, que se empezaron a capacitarse masivamente este año.

En primer plano se ven unas manos femeninas sosteniendo un test positivo de embarazo con las dos rayitas sombreadas, junto a dos signos de interrogación. La imagen forma parte de un flyer de una intendencia de la provincia de Buenos Aires para difundir los servicios de Interrupción Voluntaria de Embarazo y también de ILE: “Pehuajó cuenta con un equipo interdisciplinario en el hospital Municipal que está para ayudarte. Acercate”, invita el volante digital de la comuna a cargo de Pablo Javier Zurro, del Frente de Todos. El mensaje es bien directo: si tenés dudas frente a un embarazo podés acercarte para interrumpirlo. El flyer, de fondo verde –como el pañuelo de la Campaña–, menciona la Ley Nacional 27.610 de IVE, cuenta con un teléfono para consultas y detalla los días y horarios de atención: de lunes a viernes de 8 a 12. 

Aunque todavía falta una campaña nacional de difusión para informar sobre los alcances de la norma y del derecho al aborto vigente en el país–como reclama la marea verde—, se replican capacitaciones al personal de salud para sumar profesionales a los equipos que ya brindan la atención. Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, acaban de lanzar su app Abortar en Red, de acceso gratuito, que cuenta con datos relevantes sobre la interrupción de un embarazo y con información sobre centros de salud y hospitales adonde acudir en todas las provincias. A cinco meses de la histórica sanción en el Congreso, son aisladas las resistencias colectivas para obstaculizar la ley: “No se han registrado declaraciones de conciencia en forma sistemática”, informan a Página/12 en el Ministerio de Salud, donde el viernes último se presentó el protocolo actualizado para la atención de estos casos en el marco de la celebración del primer Día de Acción Global por la Salud de las Mujeres con aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina.

En medio de la pandemia se logró una ley largamente esperada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, y su aplicación –evalúan referentes de distintas regionales—se está dando de manera desigual según las provincias, del mismo modo que antes se necesitaba presionar en algunas jurisdicciones más que en otras para conseguir que se practicaran los abortos legales a niñas violadas. De todas formas, destacan que recién el viernes se publicó en el Boletín Oficial el protocolo de actuación para los equipos de salud y reconocen que la aplicación depende de los Ministerios de Salud, que están estresados y recargados por la segunda ola de Covid-19, y aun así observan un avance significativo.

Una muestra del cambio cultural que llegó con la Ley 27.610 puede observarse en La Pampa. La provincia habilitó en julio el número de WhatsApp (0954) 595392, dirigido a adolescentes, para brindarles información y orientación en el acceso a una interrupción de embarazo y en anticoncepción: la línea reemplaza los espacios de consejería que funcionaban en las escuelas secundarias, suspendidos por la ausencia de clases presenciales por la pandemia, explicó a Página 12 Laura Soto, referente provincial del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en La Pampa.

Los intentos de los sectores conservadores para frenar la aplicación de la ley con recursos de amparo para que sea declararla inconstitucional vienen fracasando: hasta el momento fueron presentados al menos 29 en diferentes provincias y distintos fueros (federal y provincial) y 18 fueron rechazados y los demás están en trámite. “Esta judicialización conservadora de la soberanía sexual es antidemocrática. Muda del campo legislativo donde el debate ya se dio y la sociedad decidió reconocer el derecho a abortar, al campo judicial una disputa política y social clausurada en los carriles constitucionales de nuestro país. Pero claramente los tribunales no están acompañando esta aventura jurídica descabellada. Eso muestra la fortaleza de la conquista y la solidez con que se construyó la legitimidad de este derecho”, destacó en diálogo con Página/12 la abogada feminista Soledad Deza, de la ONG de Tucumán Mujeres por Mujeres e integrante de la Campaña. Los recursos han sido rechazados en tribunales de Corrientes, Chaco, Córdoba, entre otras jurisdicciones.

Un recambio generacional

En diciembre de 2020, el Ministerio de Salud de la Nación tenía un registro en todo el país de 700 equipos para atender ILE, que ahora también se ocupan de la IVE, y 200 más que hacen consejería. Pero desde Nación y en distintas provincias se están llevando adelante capacitaciones para sumar a más profesionales en la atención. En el Programa de Capacitación de IVE, que lanzó la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) en abril –son 8 encuentros virtuales—se inscribieron 3000 participantes. También se está llevando adelante otro curso de formación para la implementación práctica y efectiva sobre una de las técnicas recomendadas por la OMS para hacer abortos –e incluida en el flamante protocolo– que es la aspiración manual endouterina (AMEU).

–¿Observan resistencias en la aplicación de la Ley de IVE? –le preguntó Página/12 a Carlota Ramírez, directora de Salud Sexual y Reproductiva del ‎Ministerio de Salud bonaerense.

–En las reuniones con referentes del área de las distintas provincias nadie tiene la sensación de enfrentarse a una pared. Hay un recambio generacional en los médicos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, este año se jubilan muchos jefes de servicio de Obstetricia. Los nuevos médicos vienen atravesados por la marea verde.

Lo que si han observado es la intención de desinformar desde algunos colegios médicos, dando a entender a sus afiliados que no les cubrirían el seguro de mala práxis si la denuncia estuviera vinculada con un aborto. Se trata de información falsa, aclara Ramírez.

La provincia de Buenos Aires, cuya Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, es una de la integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desde sus inicios –hace 16 años—y acompañó personalmente a niñas y adolescentes violadas como LMR, que no podían abortar por obstáculos arbitrarios en hospitales y en la justicia, fue la primera que a los tres días de que se promulgara la Ley 27.610 presentó su propio protocolo de orientación al personal de salud. Ahora, desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva se está por publicar en la web un mapa geo-referencial con los 404 equipos registrados en el sector público que hacen IVE/ILE para informar la ubicación precisa de los hospitales y centros de atención primaria que brindan las prácticas. “Y muchos municipios están sacando sus propias placas para difundir los servicios”, informa Ramírez.

–¿Qué pasa con la objeción de conciencia?

—No estamos viendo resistencias. No tenemos servicios objetores porque no es legal que todo el servicio se declare objetor: estamos reforzando el estricto cumplimiento de la ley. Los hospitales tienen que garantizar el acceso a la práctica y ver cómo resuelven el tema de objetores –explicó la funcionaria. En menos del 10 por ciento de los 55 hospitales provinciales que tienen servicio de Obstetricia no lograron aun conformar un equipo de IVE/ILE, precisó.

Una práctica esencial en pandemia

En el partido de Moreno, en el conurbano bonaerense, publicaron en un volante digital un listado de 19 centros de salud, agrupados por barrios, para informar sobre los lugares donde pedir una IVE o una ILE. “¿Sabías que podés realizarte interrupciones voluntarias y legales de embarazo (según Ley 27.610) en estas unidades sanitarias cerca de tu domicilio?”, dice el volante que se difunde en redes sociales. Morón, Ensenada, Chivilcoy, Bolívar, Monte Hermoso, Tres Arroyos, San Vicente, son algunos de los municipios bonaerenses que difunden los servicios de IVE con flyers.

Solo han tenido en la provincia de Buenos Aires un caso de una institución médica privada que no quiso hacer una IVE ni ocuparse de la derivación a otro centro de salud, como indica la Ley 27.610. El episodio sucedió en el Hospital Austral –perteneciente al Opus Dei-. La práctica se garantizó en el sector público y se inició el trámite para facturarle el costo de la atención al Austral, como establece la norma, explicó Ramírez. En realidad, el mismo Hospital Austral debería haberse ocupado de la derivación, de acuerdo con la normativa, pero para evitar que la mujer demorara en la resolución de la IVE, la provincia optó por esa solución en este caso.

Desde Entre Ríos, Lucy Grimalt, Responsable del Programa de SSYR dice a este diario: “En las ciudades pequeñas se está difundiendo boca a boca. Nosotras desde el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva informamos sobre los lugares donde se hace la IVE/ILE y gestionamos los turnos. Algunos centros de salud hicieron sus propios flyers y los dan a conocer. Pero aún falta una difusión oficial desde el Ministerio de Salud”.

En La Pampa, Laura Soto, referente provincial del Programa Nacional de SSyR señaló a Página/12 que por resolución ministerial la IVE y la ILE “son prácticas esenciales” durante la pandemia “igual que la anticoncepción”. Esa fue la directiva que se dio desde Nación. “No tenemos ninguna institución objetora ni pública ni privada. Si, algunos profesionales identificados en el sector público y privado como objetores. Pero en el sistema público, independientemente de dónde se solicite el aborto, garantizamos la práctica. En el privado, había más resistencia pero se facilitó bastante la atención desde que salió la Ley y a partir de que la obra social provincial creó un programa especial que se llama IVE donde cubren el 100 por ciento de la medicación, la realización de ecografía y el laboratorio para hacer la práctica”, agregó Soto.

También en La Pampa –como en otras provincias—hicieron “reuniones de trabajo con los distintos equipos médicos para presentar la Ley y los cambios y las nuevas obligaciones y derechos que tienen los profesionales. Teníamos una guía de atención de la ILE. Y estábamos esperando el protocolo de Nación para adaptarla”, explicó.

Consultada por Página/12, Estefanía Cioffi, médica generalista y de familia, integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, (que nuclea a más de 700 equipos de salud, más de 2000 especialistas en Argentina), señaló: “La victoria de ley significa un avance muy grande. En la mayoría de los lugares se está cumpliendo pero vemos todavía dificultades en el acceso a ILE y situaciones de maltrato dentro de los hospitales del segundo nivel”. También advirtió y expresó su preocupación sobre “dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos en el contexto de la pandemia y por falta de insumos”. Puntualmente señaló que “el inyectable mensual, que es uno de los más usados y elegido, está faltando en todo el país y en la región, y también los implantes subcutáneos, que se promocionaron para adolescentes”. Sobre este punto, desde el Programa Nacional de SSyR admitieron los problemas y respondieron que se están distribuyendo otros métodos para reemplazar los faltantes. De todas formas, no es un dato menor, dado que el contraceptivo se elige en función de múltiples variables y no es igual para la usuaria uno que otro.

La línea 0800-222-3444 de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación recibió entre enero y febrero (últimas estadísticas disponibles) 3781 consultas por IVE/ILE y 94 por métodos anticonceptivos. Las vinculadas con requerimientos de un aborto, el 93,3 por ciento ingresó en el primer trimestre de edad gestacional (3.528 casos menores a 12 semanas), el 4,5 por ciento en el segundo trimestre temprano (171 casos entre 12 y 15 semanas) y el 2,2 por ciento en el segundo trimestre tardío (82 casos de 16 semanas o más). Nueve de cada 10 casos se resolvieron positivamente (el resto o no hay información o no se pudo dar respuesta, según la información oficial).

Un hospital fuera de la ley

Donde sí un servicio de un hospital público anunció que no iba a hacer IVE fue en Misiones. La gerente asistencial del Hospital SAMIC de Oberá, Myriam Ramonda, en declaraciones a una radio local, dijo el 19 de mayo que todos los profesionales del equipo de Obstetricia de la institución se habían declarado objetores y anunció que no se iban a realizar prácticas de IVE y únicamente se realizarían ILE en casos de peligro para la vida de gestante, y de violencia sexual “previa intervención del equipo de legales”. Las IVE, afirmó, se derivarán a la Ciudad de Posadas al Hospital Fátima.

Desde el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva que encabeza Valeria Isla, le mandaron al día siguiente, el jueves 20, una nota al director del Samic, Héctor González, donde le recordaron que tal y como indica la Ley 27.610 en los artículos 10 “Objeción de conciencia” y 11 “Objeción de conciencia. Obligaciones de los establecimientos de salud”, la objeción de conciencia es individual. “Excepcionalmente las instituciones privadas o de la seguridad en las cuales todo el personal de forma individual solicite la objeción de conciencia, podrán derivar a otra institución de similares características de realice la práctica (art. 11, Ley 27.610)”. Por esa razón, le plantea que deben realizar contrataciones adicionales o tomar medidas de gestión de personal para garantizar la disponibilidad de proveedores de servicios de IVE/ILE, además de capacitaciones sobre los alcances de la ley a todo el personal de salud sobre los estándares técnicos y legales de la interrupción legal del embarazo.

Prepagas y obras sociales

En el acto de la presentación del protocolo actualizado por el Ministerio de Salud de la Nación, la ministra bonaerense Estela Díaz destacó la rapidez con la que la obra social para el personal del estado de la provincia, IOMA, había incorporado a sus prestaciones la IVE, cuando para garantizar la cobertura de los anticonceptivos había demorado casi una década. La comparación muestra la voluntad política en el cumplimento de la Ley 27.610. Pero todavía no ocurre lo mismo en todas las obras sociales y prepagas: No obstante, los reclamos –ante el incumplimiento de la normativa—se van resolviendo.

En la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, que depende de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, reciben las denuncias a través de un formulario online. Hasta el momento atendieron 189 reclamos, de los cuales 104 tenían que ver con la negación de la práctica en servicios de obras sociales o prepagas, 18 con el incumplimiento de la cobertura total y 22 vinculados a la compra de misoprostol en farmacias (no venta del fármaco, exigencia de pagar para después hacer el reintegro o la negativa a hacer el descuento correspondiente, entre otros problemas). Los casos finalizados en la instancia de IVE alcanzan al 95 por ciento, según informó a Página/12 Defensa de las y los consumidores. Hay un 5 por ciento en trámite.

Una aplicación para abortar

Al cumplir seis años, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir presentó el viernes su aplicación digital Abortar en Red. La app, de acceso gratuito, cuenta con datos relevantes sobre la interrupción de un embarazo e información sobre centros de salud y hospitales adonde acudir en todo el país. “El objetivo es acompañar a las personas en su decisión de interrumpir un embarazo de manera segura, feminista y amorosa”, contó Estefanía Cioffi. En la app se puede encontrar “información actualizada, completa y veraz sobre aborto seguro, para completar la consulta con el equipo de salud sin reemplazarla”.

Se puede acceder a la aplicación desde cualquier lugar del país. La app respeta la privacidad. Una vez que se descarga no requiere de conexión, datos móviles o acceso a WIFI (excepto para acceder a la sección «Dónde Encontrarnos»).

En la sección «Aborto legal y seguro ¿Dónde encontrarnos?» se puede ver un listado actualizado de todos los equipos de salud (centros de salud y hospitales) del país que garantizan el acceso al aborto, para que las personas que quieren interrumpir un embarazo sepan dónde y cómo encontrarlos. La aplicación cuenta además con otras secciones: una permite el cálculo de edad gestacional. En Te acompañamos se puede encontrar la información necesaria para el proceso de IVE y de ILE (previamente, durante y después del tratamiento). También contiene una sección de Preguntas frecuentes. Por último, en la app están disponibles los links a Facebook, Instagram y a la web de la Red de Profesionales.

Tomado de Página/12/ Foto de portada: David Fernández/ EFE. 

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Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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