Colombia, café, mercenarios y sicarios de alta gama (II)

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Por José Luis Méndez Méndez (*) /Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

A estos reconocimientos explicados en la entrega anterior, se suma, uno menos conocido, la “exportación de seguridad”, practicada por sus Fuerzas Armadas para intervenir en los asuntos internos de sus países vecinos y en otros distantes, bajo el disfraz de la contrainsurgencia. Es un negocio lucrativo.

Colombia presenta una privilegiada ubicación geográfica, está situada entre el sur y el centro de América y es el único país de Suramérica con costas en dos océanos. Además, presenta una abundante biodiversidad y fuentes de agua dulce así como grandes  riquezas forestales y minerales, lo que le confiere una importancia elevada desde el punto de vista estratégico-militar y económico.

Uno de los acuerdos firmados entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos, autorizó operar a tropas estadounidenses, por diez años, desde siete bases militares, con el pretexto de combatir al terrorismo y al narcotráfico. Para tal fin desde el año 2000, Washington ha entregado al Gobierno colombiano más de 5 mil millones de dólares en el marco del llamado “Plan Colombia”.

A mediados de diciembre de 2015, desde Asunción, la capital paraguaya se filtró breves informaciones, las cuales aseguraban que cerca de cien militares paraguayos eran entrenados por soldados colombianos. La causa del fuerte entrenamiento de siete semanas a esos uniformados egresados de la Academia Militar de Capiatá, en guerra irregular, llamó más la atención, se sugería había sido, entre otras causas, para enfrentar amenazas en los casos de combate contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, organización que en ese momento sostenía adelantadas conversaciones en La Habana, para alcanzar una paz duradera y digna, que terminara con el conflicto bélico, que por varias décadas se desarrollaba en suelo colombiano. Existía, por tanto, la presunción de que podría haber desplazamientos de efectivos de las FARC a suelo paraguayo a pesar de la distancia.

El entrenamiento consistió en guerra irregular, considerado un curso básico avanzado de combate, como el que reciben los soldados en Colombia, con el fin de ambientarlos en el conflicto que hay en ese país. Se les adiestró en el manejo y empleo técnico de las armas. Se hizo énfasis, por parte de los militares colombianos, en situaciones donde se combate bajo presión. El mayor de Caballería colombiano, José Romero, valoró de buena la asimilación de los militares paraguayos. Una demostración de los adelantos del curso se realizó en el río Paraguay a un costado del Puente Remanso.

Una investigación posterior sobre el tema demostró que desde el 2008, existen intercambios en temas contrainsurgentes entre Colombia y Paraguay, como parte del programa de “exportar seguridad”, que desarrollan las Fuerzas Armadas de Colombia en la región.

La llamada exportación colombiana de seguridad se ha diversificado, fue empleada en el golpe de estado que derribo al legítimo Presidente Manuel Zelaya en Honduras, también  en la masacre de Curuguaty, que fue la excusa para destituir al Presidente Fernando Lugo del poder en Paraguay. Estos  “ejércitos irregulares”, se han empleado en las guarimbas en Venezuela, en intentos de golpes de Estado en ese país y planes magnicidas contra sus principales dirigentes.

Exportar seguridad es un modelo asumido por Estados Unidos y Colombia, en su estrategia regional de dominación e intervencionismo. Los resultados de laboratorio y aplicación práctica del Plan Colombia durante años, han permitido su generalización para la llamada «estabilización» para las operaciones de contrainsurgencia.

Las Fuerzas Armadas de Colombia, han sido fortalecidas durante décadas y los Acuerdos de Paz, al menos firmados y no cumplidos, definen el futuro de sus sobredimensionados componentes. Están preparadas para convertirse en gendarme regional, incluido su inserción en la OTAN y el posicionamiento de bases estadounidenses en desarrollo. 

Estas Fuerzas Armadas alcanzaron un tamaño y capacidades sin precedentes, después de más de una década de fortalecimiento. Actualmente es el mayor ejército en América Latina; crece la demanda externa de sus conocimientos y experiencia, y son un socio privilegiado de Estados Unidos, en diversos tipos de misiones que van desde la intervención directa al entrenamiento y capacitación.

Es parte del modelo de sembrar los llamados “nenúfares”, y que consisten en “pequeñas instalaciones secretas e inaccesibles con una cantidad restringida de soldados, comodidades limitadas, armamento y suministros previamente asegurados”. Semejantes bases “nenúfares” se han convertido en una parte sustancial de una estrategia militar de Washington en aumento que apunta a mantener la dominación global de Estados Unidos, este entramado diseñado por los militares estadounidenses concibe su creación por todo el planeta, en particular en América Latina.

El apoyo financiero y militar de Estados Unidos ha sido clave para llegar a esta situación. Hasta cierto punto, ha promovido un modelo de fuerzas armadas y de políticas de seguridad muy similares a los suyos, incluyendo altos niveles de inmunidad y supervisión limitada para sus componentes. Pero ahora son inevitables las preguntas sobre el pasado y el futuro de esa relación, y qué puede significar de cara al desempeño de los militares en el escenario de pos conflicto en Colombia. 

Una consecuencia práctica del acuerdo fue la falta de supervisión y guía civil en asuntos de seguridad. Esto tiene gran importancia en un país caracterizado por la debilidad estatal. Durante la mayor parte de su historia, los gobiernos colombianos han sido incapaces de proyectar el poder del Estado y establecer la autoridad política en el país. El Estado ha sido preterido, ha sido muy débil o ha estado ausente en grandes territorios sobre todo en áreas rurales.

Esos factores, y la pauta de relaciones con el poder civil, se combinaron para que las Fuerzas Armadas fueran de tamaño limitado, y endebles para los estándares latinoamericanos del siglo XX. El gasto militar y en defensa era muy bajo. Como resultado, hasta los años noventa, la aproximación militar a la contrainsurgencia era defensiva y basada en la contención. El ejército tenía brigadas y batallones defensivos, pero no capacidades operacionales y movilidad para afrontar en mínimas condiciones el reto de la contrainsurgencia.

La situación permitió a los grupos rebeldes mantener durante décadas una guerra contra el gobierno, y creó las condiciones para que emergiera una variedad de grupos de autodefensa y paramilitares, así como otros relacionados con el tráfico de drogas. Todas estas fuerzas multiplicaron y ampliaron la violencia.

En los años noventa, las amenazas combinadas de debilidad estatal, producción y tráfico de drogas ilícitas, y grupos armados no estatales en crecimiento, afectaron de forma grave a las políticas de seguridad. Para el final de la década los grupos insurgentes  alcanzaron su máximo poder, se expandieron por el país y lanzaron importantes ofensivas contra las fuerzas gubernamentales. La alianza “de facto” entre éstas y los grupos paramilitares para combatir a la guerrilla y lanzar campañas contrainsurgentes también alcanzó su cima, con la expansión a todo el país de grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia.

Para entonces, Colombia era un ejemplo destacado de la agenda de problemas de la comunidad internacional, con múltiples amenazas interrelacionadas: fragilidad estatal, insurgencia, elevada violencia y comercio próspero de drogas. Un fallido proceso de paz con las FARC en varios intentos, y una combinación de condiciones internas y externas, dieron lugar al “Plan Colombia”. Este país había sido clave en la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense durante la llamada Guerra Fría, y objeto de un intervencionismo encubierto mediante la inversión y el entrenamiento militar, pero este programa marcó la relación más estrecha entre ambos países. 

El “Plan Colombia” fue un programa de ayuda de más de 7.000 millones de dólares, para combatir los narcóticos y la insurgencia. Tres cuartas partes de la ayuda eran para el ejército y la policía. En 2002, el Congreso de Estados Unidos autorizó el uso de la ayuda para combatir el terrorismo, y en 2003, el entonces Presidente, Álvaro Uribe Vélez lanzó el “Plan Patriota”. A partir de ahí, más que responder a las iniciativas de los grupos armados ilegales, comenzó a crecer el tamaño y la fuerza del ejército y la policía, lo que les permitió tomar la iniciativa con un enfoque más combativo. 

El apoyo estadounidense convirtió a Colombia en el mayor receptor de ayuda militar de este país. El soporte fue clave en términos financieros, de entrenamiento, y para lograr incrementos sustantivos en las capacidades de movilidad aérea, inteligencia, comunicaciones, coordinación y contenido organizativo. La movilidad aérea fue fundamental dado el tamaño y la inaccesibilidad a partes del territorio colombiano. La disponibilidad de helicópteros creció notablemente y se crearon unidades profesionales y eficaces como la Brigada de Aviación y la Brigada Anti-Narcóticos del ejército, así como nuevas unidades móviles en el ejército y la policía. 

Estas iniciativas marcaron el comienzo de un apoyo incondicional al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. El gasto en Defensa se triplicó de 4.000 a 12.000 millones de dólares, en parte mediante un impuesto especial a los bienes de las elites. Las Fuerzas Armadas pasaron de 145.000 efectivos en 2000 a 236.000 en 2008.

La solución llegó con una variedad de políticas y programas financiados con fondos colombianos y estadounidenses. El ya mencionado “Plan Patriota”, la “Política de Seguridad Democrática”, y más tarde “Acción Integrada”, una estrategia elaborada por el Comando Sur y el Ministerio colombiano de Defensa. 

La doctrina en que se basaron fue que las áreas rurales históricamente abandonadas sólo podrían recuperarse mediante la participación de todo el gobierno para recobrar y consolidar la presencia estatal. La doctrina se puso en marcha con una estrategia en varias fases basada en operaciones militares, proyectos socioeconómicos de impacto rápido y el establecimiento de instituciones civiles de gobierno. En otras palabras, control territorial, estabilización y consolidación. Acciones que se han acelerado en las zonas abandonadas por las extintas guerrillas y que han originado cientos de asesinatos.

Sin embargo, y más allá de la retórica, “Acción Integrada” fue sobre todo una misión militar. En 2009 se lanzó la “Iniciativa Estratégica de Desarrollo” para apoyar el esfuerzo y el modelo de consolidación, intentando proporcionar oportunidades económicas una vez que la seguridad y los servicios básicos se hubieran establecido.

La integración de operaciones de estabilización en la doctrina militar colombiana refleja y acompaña las mismas tendencias en el ejército de Estados Unidos. Washington ha buscado modelos para reducir la carga sobre sus fuerzas armadas en un marco de restricciones presupuestarias, al tiempo que convoca a países socios a abordar retos de seguridad complejos que van más allá de las operaciones militares, con esto logra consolidar la dependencia a su asistencia.

Estados Unidos ha encontrado en Colombia a un socio fiable. Por un lado, ha ayudado a crear su propio espejo en las Fuerzas Armadas y las políticas de seguridad colombianas. Por otro, cada vez delega más en este país, a la  hora de manejar operaciones externas que se financian con fondos estadounidenses, pero con menos control y a menor costo.

El hecho de que se hayan convertido en una pieza clave de las políticas de seguridad de Estados Unidos, que prefiere operaciones especiales con limitada presencia directa. Su objetivo es utilizar a otros países a luchar contra las amenazas para su propia seguridad, con ejércitos que luchan con forma de redes y en conexión, contra las redes transnacionales. Es una forma intervencionismo transferido. Las reiteradas intervenciones de soldados colombianos en territorio ecuatoriano y venezolano son tanteos para medir la potencial de respuesta ante futuros conflictos de mayor envergadura.

Este país juega aquí un papel clave, en términos simbólicos y reales. En primer lugar, ha sido un caso emblemático de apoyo estadounidense por la duración de ese respaldo. En segundo, Colombia está asumiendo un servicio importante en la exportación de seguridad.

El “Plan de Acción en Cooperación para la Seguridad Regional”,  pretende coordinar la ayuda a terceros países y profundizar en su asociación para operaciones antinarcóticos. El uso de terceras partes le permite a Estados Unidos evitar los riesgos políticos y financieros asociados con la participación directa, mediante una estrategia barata y que permite a las misiones continuar. 

La lucrativa exportación de seguridad, que extiende sus tentáculos en todas direcciones, ha llegado, para quedarse,  a este país mediterráneo, que tiene un valor estratégico relevante por su ubicación geográfica y sus riquezas, en particular su extenso acuífero, con enormes reservas del vital líquido, que se vaticina como causal de futuras guerras.

Colombia ha logrado vender la falsa imagen de una historia de éxitos. Unas Fuerzas Armadas que fueron pioneras en la doctrina y estrategia de las operaciones contrainsurgentes en América Latina, han encontrado nuevas misiones en la estabilización y construcción del Estado, léase reprimir y asesinar para mantener la paz de los sepulcros.

 

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: El Independiente.

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Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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