Honduras podría estar a las puertas de las elecciones más violentas de su historia

Compartir

Por Asael Barahona.

Al menos 21 hondureños ligados a la política han sido asesinados en el marco de la campaña electoral que llegará a su recta final el próximo 28 de noviembre con los comicios generales.

La violencia política aparenta recrudecer a medida se acerca la fase final de la contienda y una evidencia de ello es el más reciente asesinato registrado el pasado viernes 8 de octubre contra un candidato a alcalde del opositor del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Nery Fernando Reyes, candidato a alcalde de Santa Ana de Yusguare, en el sureño departamento de Choluteca, fue acribillado con arma de fuego mientras se conducía en su vehículo automotor por la periferia de la ciudad de Choluteca, cuando la población gozaba del llamado “Feriado Morazánico”.

El crimen de Reyes, fue condenado por la candidata presidencial de Libre, Xiomara Castro, quien en una publicación en Twitter exigió se investigue este hecho y denunció que había sido informada que, previo al crimen, a su correligionario le habían ofrecido dinero a cambio de renunciar a su candidatura.

Anterior a este hecho criminal, el lunes 4 de octubre, una agrupación de organizaciones de sociedad civil advirtió, durante un una conferencia de prensa, sobre los riegos del proceso electoral y la violencia política.

 

Las cifras de la violencia política

Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV/UNAH), en 2021 la violencia en el país registra un incremento de 16%, situación que se ve reflejada también en el ámbito político sobre todo a las puertas de unas elecciones cargadas de incertidumbre.

El informe del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), Violencia política electoral elecciones 2021, expone que del 20 de diciembre de 2020 al 15 de septiembre del presente año, 20 personas ligadas a la política habían sido asesinadas. Asimismo, otras 15 habían sufrido coacción, seis amenazas, diez atentados, una sometida a coerción y un rapto.

De las víctimas que han sufrido violencia política diez son militantes de partidos políticos, nueve son dirigentes, siete familiares de candidatos a cargos de elección popular, cuatro precandidatos a diputados y mismo número de precandidatos a alcaldes, cuatro votantes, dos simpatizantes, dos candidatos a diputado, dos candidatos a presidente, dos exregidores, dos candidatos a alcaldes, un candidato a regidor, un exalcalde y un alcalde.

El informe refiere que hasta mediados de septiembre 26 miembros del Partido Nacional habían sufrido violencia, de los cuales ocho fueron asesinados; en el Partido Libre los hechos violentos fueron 16 de los que se derivaron cinco homicidios (seis con el último asesinato); en el Partido Liberal son nueve reportes de violencia y siete homicidios y en el Partido AntiCorrupción (PAC), se reporta un atentado.

Hechos más recientes de violencia

Otros hechos más recientes de violencia en el ámbito político son: el asesinato de la candidata a diputada del Partido Liberal por el departamento de Gracias a Dios,  Edna Carolina Echeverría Haylock, ultimada en Tegucigalpa el 25 de julio.

También, el 5 de septiembre, la candidata a diputada por el Partido Libre en el departamento de Cortés, Lesbia Betina Cruz Martínez, recibió agresiones físicas atribuidas a simpatizantes del Partido Nacional luego que la aspirante denunciara irregularidades en la jornada de cambio de domicilio para beneficiar a candidatos oficialistas de varios municipios.

De igual forma, el 13 de septiembre, el candidato a alcalde del municipio de Talanga por el Partido Libre, Mario Moncada, denunció amenazas por parte del alcalde del Partido Nacional, Roosevelt Avilez, quien ha heredado la candidatura a su hijo del mismo nombre.

El pasado sábado 21 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a los partidos políticos al sorteo de la ubicación de los candidatos en la papeleta electoral, sin embargo, este evento terminó en confrontación por parte de algunos candidatos y catervas del Partido Nacional. Entre los agredidos estuvo el candidato a alcalde del Distrito Central por Libre, Jorge Aldana, también el candidato a diputado por Francisco Morazán, Miguel Briceño.

Durante el enfrentamiento, se reportó además agresiones por parte de simpatizantes del Partido Nacional contra periodistas y comunicadores que se encontraban transmitiendo la noticia, siendo uno de ellos el fotoperiodista freelancer Jorge Cabrera, quien denunció el hecho ese mismo día.

Principales sacrificados y el discurso de la violencia

Para la directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, lo más lamentable es que las principales víctimas de violencia política son los militantes, simpatizantes y votantes y en la minoría de los hechos los principales líderes políticos que con sus discursos de confrontación promueven la violencia.

“Ese mansaje confrontativo de los liderazgos llega a los militantes, simpatizantes y votantes, esto les afecta porque ahí empieza otro tipo de agresión que al final termina siendo violencia política que, en la mayoría de estos casos, al menos en esta elección, terminan en homicidios”, señaló.

A juicio de Ayestas, los actores políticos manejan arengas agresivas que incitan a la contienda y la discusión convirtiéndose en amenazas, lesiones, agresiones, atentados, homicidios que aumentan los índices de violencia.

Violencia política en elecciones anteriores

El informe de Conflictividad y Violencia Política del Iudpas detalla que en las elecciones primarias y generales de 2013 unas 48 personas fueron asesinadas y 50 en 2017, siendo el Partido Libre y la ciudadanía los más afectados. Las víctimas de las votaciones de 2017 fueron: cinco en el proceso primario e interno, siete en las generales y 38 durante la crisis postelectoral tras el fraude con el que se consumó la reelección ilegítima de Juan Hernández.

Solo en homicidios, en ambos procesos, del Partido Libre se registran 31, mientras que del Partido Nacional y Liberal 17, uno del PAC y dos de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, conformada en 2017 entre Salvador Nasralla, el partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) y Libre.

Además, datos recopilados por el equipo de Criterio.hn puntualizan que para los procesos electorales de 2013 y 2017 se registraron diez amenazas a diputados, ocho a candidatos a diputados, seis a candidatos presidenciales, tres a alcaldes y vicealcaldes, cuatro a dirigentes y una autoridad del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE). De igual manera, se registraron en los dos procesos siete atentados a diputados, once a alcaldes, seis a candidatos a alcaldes seis a dirigentes y un diputado, regidor y candidato a regidor.

Se prepara el escenario para la represión

El jueves 7 de octubre, el oficialismo en el Congreso Nacional, que encabeza el Partido Nacional en alianza con diputados del Partido Liberal y partidos minoritarios, aprobó varias reformas al Código Procesal Penal y Código Penal, entre las que destaca la reclusión de hasta por diez años para aquellas personas que evoquen el derecho a la protesta.

Bajo la figura de la usurpación, los hondureños que hagan uso de los derechos fundamentales como la protesta y expresión podrán ser criminalizados por el Estado y eso, a juicio del exfiscal de Honduras, Edmundo Orellana, tiene un objetivo muy claro y es “la estrategia del gobierno de establecer un sistema de represión en contra de todo movimiento popular que se manifieste en las calles por cualquier razón”.

En una entrevista, Orellana dijo que el trasfondo es frenar cualquier protesta frente a un nuevo escenario de fraude electoral y para contener el rechazo comunitario a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

Según analistas, Honduras se encamina a una nueva crisis política de peores dimensiones que lo acontecido en la crisis postelectoral de 2017 en que la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) constató y documentó que al menos 23 civiles fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

El sociólogo y analista político, Julio Navarro, detalló que la violencia política está siendo promovida en su mayoría por el oficialismo con la finalidad de generar terror en los votantes y evitar el sufragio masivo el día de las elecciones. Este terror electoral y político, es la estrategia del oficialismo para sabotear el proceso electoral de noviembre de esa manera amedrentar a las personas y lograr que su voto duro siga imponiéndose en los resultados, agregó Navarro.

Este recurso que pretende ejecutar a su favor el Partido Nacional le permitió en 2017 utilizar las fuerzas de seguridad pública que, mediante el uso irracional de la fuerza, impusieron la ilegal reelección de Juan Hernández.

El fundador y candidato del Partido Salvador de Honduras, Salvador Nasralla, también ha sido denunciado por políticos de estar promoviendo la violencia, luego que el también comentarista deportivo saliera en redes sociales pidiendo a los militares  y policías de la escala básica disparar sus fusiles contra los candidatos del Partido Nacional y a otros partidos que no identificó, pero dijo eran cómplices del oficialismo y por llamar traidores a la patria a los  representantes de mesas electorales de los partidos Nacional, Liberal y Libre.

Se augura una crisis peor que 2017

La exrectora universitaria, Julieta Castellanos, augura que en la contienda electoral de noviembre surgirá una nueva crisis política debido a la incertidumbre que ha sido provocada por los propios partidos políticos. “Nos espera un escenario de incertidumbre, confrontación entre los partidos, todos van a decir que ganaron; un escenario de violencia e incertidumbre responsabilidad de los propios partidos políticos”, reiteró.

De igual manera, el exfiscal de la república, Edmundo Orellana, es del criterio que habrá convulsión social en noviembre peor que en 2017, si se permite la imposición de un fraude por parte del oficialismo. Según Orellana, el pecado de la clase política es no haber aprobado la segunda vuelta electoral como salida a la crisis siendo las consecuencias mayor ingobernabilidad y el aumento de la violencia.

Un pacto de no agresión

Para evitar más víctimas de violencia política, la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, exhortó a los candidatos y candidatas a cargos de elección popular a iniciar diálogos que generen consensos y firmar un pacto de no agresión para evitar más derrame de sangre de gente inocente.

“Queremos que este proceso electoral llegue a feliz término, sin más incertidumbre; el llamado es al diálogo para que no estén afectando a la población en general y a las bases de los partidos políticos para tener el respeto al pacto de no agresión”, instó.

Los hondureños han sido convocados a las urnas el próximo domingo 28 de noviembre para decidir los destinos de la nación, sin embargo, las estadísticas vaticinan que serán los comicios más violentos sobre todo si los líderes de los partidos políticos continúan sus campañas de confrontación.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Fuente: Criterio/ Foto de portada:  Arnulfo Franco/ AP. 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

Dejanos tu comentario

A %d blogueros les gusta esto: