Ni perdón ni impunidad por crímenes de lesa humanidad, advierte ONU a Uruguay

Compartir

Por Liset García (*)/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Decenas de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar golpista que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, podrían salir de la cárcel y beneficiarse con prisión domiciliaria, de aprobarse una Ley contraria a las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos, según alertan varios relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Dicho proyecto, propuesto por Cabildo Abierto, un partido de derecha vinculado a los militares, ha despertado la atención de los relatores internacionales, quienes enviaron una carta al gobierno uruguayo en la que manifiestan “profunda preocupación” con respecto al contenido de la ley que tiene como propósito cambiar la condición de reclusos a los mayores de 65 años, y dejarlos en casa hasta que cumplan su condena.

Los estándares internacionales pactados por la ONU, señala la misiva, “prohíben la aplicación de perdones o beneficios de ejecución de la pena a los responsables de violaciones serias a los derechos humanos y graves del derecho internacional humanitario, el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad”.

El historial de la dictadura golpista uruguaya recoge además de los desaparecidos, el exilio forzoso a que se lanzaron cerca de 380.000 ciudadanos de esa Nación, casi el 14% de la población, muchos de los cuales fueron sometidos a tortura, prisión y muerte, horrores que un pueblo con memoria no puede olvidar. De ahí que continúen los reclamos ante la justicia.

Precisamente ante tales exigencias ha respondido la ONU con esa carta que será incluida en el informe que se presentará próximamente al Consejo de Derechos Humanos de ONU. Aparece firmada por el relator sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La misiva denuncia la incompatibilidad del beneficio de prisión domiciliaria para quienes fueron procesados y encarcelados por delitos de lesa humanidad. La razón de la pandemia no es justificación, sin antes evaluar cada caso, apuntan. Y expresan categóricamente que ese beneficio a personas condenadas por ese y otros delitos graves “cometidos durante la dictadura, es contrario al derecho internacional”.

 “Nos preocupa que el proyecto fundamenta la modificación de sustitución por régimen domiciliario por razones humanitarias que se ven agravadas por la pandemia, pero no establece que esos beneficios quedarán sin efecto una vez finalizada la emergencia referida. Por el contrario, establece expresamente que los beneficiados continuarán con régimen domiciliario, presumiblemente hasta finalizar su condena”, añaden los relatores.

Si bien coinciden en la necesidad de que los gobiernos “tomen medidas urgentes para proteger la salud y la seguridad de las personas que se encuentran detenidas o recluidas”, subrayan que las medidas de prevención ante la emergencia sanitaria “deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de derecho o de facto”.

Detallan que las medidas de arresto domiciliario por razones humanitarias para dichas personas, por principio, “sólo pueden otorgarse en caso de enfermedad terminal de resolución inminente”, y como último recurso.

Agregan que en particular los presos por delitos de la dictadura “son sometidos a dispositivos específicos de seguridad que evitan el hacinamiento o contacto masivo con otras personas reclusas” por lo que “no existen argumentos de salud pública que justifiquen la reclusión domiciliaria”.

Los relatores de la ONU hacen mención a distintas resoluciones del organismo referidas a las obligaciones de los estados de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. También resaltan que “no investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos”.

(*) Periodista cubana.

Foto de portada:  Matilde Campodonico/ AP. 

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

Dejanos tu comentario

A %d blogueros les gusta esto: