El Salvador: 22 meses sin permitir visitas a privados de libertad

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Por Javier Urbian.

El Gobierno suspendió las visitas en todos los centros penales del país en marzo de 2020 y desde entonces la opacidad predomina en el tema.

A pesar que los contagios por Covid-19 han disminuido en el país y que los privados de libertad en la mayoría de centros penitenciarios ya fueron vacunados con al menos dos dosis, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) se rehúsa a permitir las visitas familiares de forma oficial en el sistema carcelario.

El 16 de febrero de 2017 la Asamblea Legislativa aprobó una prórroga de las Disposiciones Especiales y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, las cuales establecían medidas urgentes en seis centros penitenciarios del país, considerados de «máxima seguridad» porque albergan a pandilleros. Desde esa fecha, las visitas familiares en esos seis centros penales estaban suspendidas, pero se mantenían donde había reos comunes.

Eso cambió el 1 de marzo de 2020, luego que el presidente Nayib Bukele decretó emergencia nacional en todos los recintos carcelarios por un repunte de violencia y lo hizo por Twitter: «Director Osiris Luna Meza, decrete emergencia nacional en todos los Centros Penales. Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie», publicó. Y Luna cumplió».

Luego de los estados de emergencia, la situación para los privados de libertad y su familia se agudizó, ya que en abril de 2020 el Gobierno decidió mantener suspendidas las visitas, esta vez, por la situación de la pandemia del Covid-19.

De eso ya pasó más de un año y Familiares de los reos y la asociación Azul Originario (AZO) insisten en que el Gobierno debería implementar un mecanismo para habilitar al menos un canal de comunicación, pues denuncian que muchos padres y madres murieron por la enfermedad sin que sus hijos fueran informados.

Otto Flores, abogado de AZO, señaló que los derechos de los internos y sus familias continúan violentándose por parte de la DGCP. «Es preocupante que la Dirección de Centros Penales, a través de decisiones administrativas y solo basadas en condiciones no del todo claras, violente derechos de los privados de libertad que se encuentran en la Ley Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario del país», dijo.

Explicó que la dirección penitenciaria está violando el artículo 9 numeral 9 de la Ley Penitenciaria y el artículo 27 inciso tercero de la Constitución.

«(La DGCP) aduce que es para proteger el bien jurídico de la salud por el cual han prohibido o cancelado las visitas familiares y eso se puede entender, pero también ya se tuvo que haber creado planes adecuados para garantizar una comunicación entre los familiares y los privados de libertad, que puede ser a través de llamadas telefónicas, a través de correos u otro medio posible», expuso.

Agregó que estas prohibiciones podrían generar incluso una sanción para El Salvador por la violación a derechos humanos de los presos. «Están violentando derechos preestablecidos por tratados e instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por nuestro país lo cual podría generar y pone en peligro a El Salvador», aseguró Flores.

Visitas, pero no para todos

Familiares de reos consultados por LA PRENSA GRÁFICA confirman que en algunos centros penitenciarios sí han habilitado las visitas, pero no para todos los internos. Incluso hay personas que han pagado por entrar a los penales.

Según lo relatado por algunos parientes, en los centros penales La Esperanza, conocido como «Mariona», y Apanteos, ubicado en Santa Ana, los días que entran paquete de higiene para los privados de libertad escogen al azar entre 15 a 20 personas para que entren y pasen una hora junto a su familiar que está recluido ahí.

«En dos ocasiones he visto que han dejado entrar visita. En el penal de Apanteos fui a dejar paquete el 12 noviembre y vi cuando a un grupo de 15 personas las dejaron entrar de un solo con el paquete de higiene», mencionó una pariente de un privado de libertad».

Además, cuestionaron que en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas conocido como «Penitenciaria Occidental», ubicado también en Santa Ana, un inspector de inteligencia penitenciaria de la DGCP hace tratos con los familiares y les pide cierta cantidad de dinero para que puedan ingresar. Es decir, hace negocio con las visitas.

«Adentro los internos solo dan los datos de la familia y él se comunica con las familias y supuestamente hacen el trato de cobro solo entre los familiares y él. Es un rumor muy fuerte allá adentro que él les cobra. Pero imagínese, entran personas a visita pagando, ¿por qué entonces no organizar a las demás así, pero sin lucrarse de nuestra necesidad de verlos?», mencionó otro familiar que pidió anonimato por temor a represalias.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Fuente: La prensa gráfica/ Foto de portada: Reuters.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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