Invasión a Panamá: A 32 años de una injusta causa (II Final)

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Por José Luis Méndez Méndez (*) /  Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

El día 19 de diciembre de 1989, al caer la noche, los noticieros televisivos estadounidenses reportaban un inusual movimiento de aviones hacia Panamá. Las principales agencias de prensa norteamericanas habían enviado a sus corresponsales estrellas especializados en conflictos de guerra, fue una señal de lo que se avecinaba.

Estos medios de pidieron confirmación de lo que acontecía a sus reporteros en ese país. Aproximadamente a las nueve de la noche el poblado sub urbano de Veracruz empezó a notar el arribo constante y masivo de aviones a la base de Howard.  Ya se encontraban apostados a lo largo de la Avenida de los Mártires soldados panameños, conocidos como los “Macho del Monte”.

Ahora se conoce, que desde días previos la inteligencia panameña, había detectado el arribo de contingentes de soldados norteamericanos, que en silencio había copado la periferia de la capital en el polígono militar de Nuevo Imperador, cercano a la selva. Era el preámbulo de la invasión, tanques salidos de las bases militares en el Pacífico, realizaban ensayos, llegaban hasta el Puente de las Américas y regresaban ante la mirada atónita de los conductores de vehículos que debían pasar a las cunetas para protegerse de la embestida arrolladora de los medios de guerra.

Antes de la medianoche fue atacada la estación de las Fuerzas de Defensa de Balboa y neutralizadas las patrullas mixtas de la policía canalera, luego embistieron otras dependencias. Cuarenta y cinco minutos habían pasado del día 20, cuando empezó el bombardeo aéreo al Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa en el barrio de El Chorrillo, el agresor estaba seguro por información anticipada que su “blanco” no estaba allí, incluso cuando se ocupó la sede, encontraron una nota de advertencia sobre el buró del perseguido que lo alertaba: “la 82”, en referencia a una división aerotransportada que participaría en la agresión.

Había comenzado la invasión, el despliegue militar norteamericano más grande después de la guerra de Vietnam. Estados Unidos tomó rápidamente el control de sitios estratégicos, entre otros: aeropuertos, puertos, represas hidroeléctricas, entidades distribuidoras de electricidad y agua potable, carreteras, medios de transportes y comunicaciones. Sometió el país para capturar un hombre.

Participaron más de 40,000 soldados norteamericanos, incluyendo los que llegaron al momento de la invasión, integrantes de la mencionada 82 División Aerotransportada, sumados a los que ya se encontraban acantonados en la zona del canal (entre 14,000 y 16,000 soldados) incluida la 193 Brigada de Infantería, las dos más poderosas que intervinieron en el ataque inicial.

A ellos se agregaron los que habían llegado de manera ilegal desde 1987 y otros que subrepticiamente ocuparon residencias y hoteles en función de espionaje antes del día 20. También participaron: 300 aeronaves, incluidas los AC-130, Specter, aviones de observación y ataque OA 37b, Stealth F117a, helicópteros Apache AH-64 y Cobra, probados por primera vez en Panamá y misiles y cañones blindados de fuego rápido.

Las Fuerzas de Defensa de Panamá tenían un solo avión de guerra, fuera de servicio desde mucho antes. En el rechazo a la invasión participaron algunas tropas y policías sin organización ni coordinación, la plaza capitalina fue abandona por su jefe de turno. Las acciones de los Batallones de la Dignidad y la de los auto convocados para defender la soberanía nacional fueron neutralizadas ante la abrumadora superioridad de los atacantes.

Los invasores bombardearon indiscriminadamente el Cuartel Central en el barrio El Chorrillo, que fue particularmente incendiado y masacrado, el aeropuerto capitalino de Punta Paitilla, el cuartel de Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de Los Pumas, la base militar de Rio Hato, donde funcionaba el instituto militar Tomas Herrera. El Centro Recreativo Militar, CEREMI, aledaño al aeropuerto internacional de Tocumen, fue arrasado en busca de su presa.

Al pretexto inicial le fueron colgando otros para hacer más creíble la agresión como el referido a los derechos humanos. También pregonaron que Panamá se había convertido en un pasadizo de cocaína hacia los Estados Unidos y un centro de blanqueo de dinero, además justificaron la invasión con la protección de la vida de los norteamericanos que residían en Panamá, y la necesidad de devolver la democracia a un país dominado por una dictadura, entre otras evasivas.

La cifra de muertos varía según las fuentes, y nunca se sabrá cuantos realmente murieron. Muchos cadáveres fueron achicharrados con lanzallamas hasta la desaparición de los huesos, otros fueron a parar a fosas comunes, sin previa identificación. Lo que no se puede ocultar son las 20,000 personas que quedaron sin hogar dado el grado de destrucción causada.

La invasión fue innecesaria, la vida de 35,000 ciudadanos norteamericanos, nunca estuvo en peligro. En relación al rescate de la democracia, el Secretario de Estado norteamericano había felicitado a Noriega por el resultado de las elecciones, a sabiendas de que en ninguna mesa electoral había ganado el oficialismo. Hasta las mesas donde votaron los soldados de las FDP ganó la oposición.

Durante años sucesivos gobiernos panameños han reclamado la desclasificación de documentos que dispersen las brumas de lo ignoto sobre la agresión. Una comisión especial para esclarecer lo acontecido fue constituida por la entonces vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, quien aseguró que la Cancillería será el conducto para hacer la petición de desclasificación de documentos a Estados Unidos.

A la comisión especial se le ha solicitado determinar la identidad y el número de las víctimas durante la invasión y recomendar propuestas de reparación con apoyo de expertos en derecho internacional, entre otras metas, dijo entonces De Saint Malo.

Para cumplir con esa misión, «tendremos que solicitar la desclasificación de archivos de Estados Unidos, información reservada, para lo que solicitaremos la colaboración» del Gobierno panameño» y que se garantice en debida forma el acceso a la información que pueda ayudar en la identificación de todas las víctimas», dijo el presidente de la comisión especial, Juan Planells.

«Nosotros como Gobierno vamos a colaborar con lo que se necesite», los comisionados «han planteado la importancia de identificar información con Estados Unidos, nosotros como Cancillería definitivamente seremos ese conducto, vamos a empezar por el primer paso que es identificar la información».

Además, la «creación y reglamentación de un registro único de víctimas» en la página web de la comisión especial, «al cual podrán ingresar todos los que estén en capacidad de aportar información relacionada con las víctimas». «El registro único de víctimas es un padrón histórico e imparcial que será formado, levantado y completado sobre la base de datos integrando las listas existentes que nos sean suministradas por las personas que padecieron daños, sus familiares», asociaciones civiles y demás instituciones, añadió. Este proceso no ha terminado tras seis años de iniciado.

Las elecciones generales de 1989, tras la invasión llevó un gobierno que tomó posesión dentro de una base militar estadounidense, craso error histórico, que llevó a la presidencia al panameñista y seguidor de Arnulfo Arias Madrid, el abogad Guillermo Endara Galimany, integrante de una troika integrada por demócratas cristianos y otras tendencias políticas, que se convirtieron en los vicepresidentes de un país agredido. Esta forma de llegar al poder fue criticada por varios gobiernos que se abstuvieron de restablecer las relaciones con Panamá, durante ese mandato.

El ex gobernante ya fallecido también había competido como candidato presidencial en los comicios del 2 de mayo de 2004, que ganó Martín Torrijos, en unas elecciones en las que quedó en el segundo lugar. Endara formó entonces una amplia coalición con democristianos, Partido Liberal Auténtico, y Movimiento Liberal Revolucionario Nacionalista.

En las elecciones a la Presidencia del 7 de mayo de 1989 se presentó como primer candidato por la Alianza Democrática de Oposición Civilista (ADOC), junto a los aspirantes a la primera y segunda vicepresidencia, Ricardo Arias y Guillermo Ford.

Lo menos priorizado de la administración Endara fue reclamar justicia por la agresión, priorizó el desmantelar el ejército, exigencia de Estados Unidos para perpetuar su presencia militar, como aconteció años después, que con distintos pretextos se instalaron en algunas de las devueltas en el año 2000. Adoptó una política afín a los invasores, que lo acompañó en su gestión.

Han transcurrido más de tres décadas de la criminal agresión y en la memoria histórica panameña y en las nuevas generaciones de patriotas en ese país, siempre está presente esa causa injusta que enlutó a miles de familias a las cuales les arrebató un familiar, un amigo, un conocido o simplemente sin un techo donde cobijarse.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada:  Rodrigo Arangua/ Archivo AFP.

cubaenresumen

Corresponsalía en Cuba de Resumen Latinoamericano

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